El descontrol de la crisis migratoria en Canarias pone en alerta al Gobierno

La llegada de más de 16.000 migrantes a las islas Canarias ha desbordado a las Administraciones y forzado al Gobierno central a situar esta crisis migratoria entre sus prioridades de actuación. El desembarco constante de pateras ha mostrado la incapacidad para recibir, atender y acoger adecuadamente a los recién llegados. Picos como el del fin de semana pasado, con más de 2.000 migrantes llegados a las islas, obligaron a La Moncloa a comprometer medidas de choque, entre ellas, multiplicar las gestiones diplomáticas para aumentar las devoluciones y frenar en origen la salida de cayucos y pateras.

Los cinco ministerios implicados, Migraciones, Interior, Exteriores, Defensa y Política Territorial, están ahora mismo volcados en la crisis canaria. Ante las fricciones entre departamentos, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asumido la batuta de las medidas con las que el Gobierno pretende controlar una ruta migratoria que llevaba más de una década sin apenas actividad.

Ha habido al menos dos reuniones al máximo nivel y muchas otras en segundos niveles o de carácter técnico. La Moncloa ya tiene este asunto como uno de los más importantes en su agenda. Defensa, que se mostraba reticente a implicarse, se ha activado por fin y ha cedido cuatro espacios en desuso para recibir y acoger a los migrantes y evitar así el hacinamiento de los últimos meses en el muelle grancanario de Arguineguín, en cuyo suelo han llegado a dormir más de 2.000 personas.

La gran inquietud política es que este asunto pueda ser utilizado por Vox para su discurso antinmigración y que se explote una falsa vinculación entre inmigración y covid. El presidente de Canarias, el socialista Víctor Torres, está presionando a todos los ministros implicados para acelerar una solución porque este asunto se ha convertido en un polvorín político en las islas. El Gobierno cree que, con las medidas de los últimos días, el problema está empezando a controlarse y confía en que la llegada del invierno, que suele seguir un patrón más bajo de llegadas, ofrezca una tregua. La alerta, sin embargo, es máxima porque nadie esperaba unos números que no se veían desde 2006. El ritmo, además, se ha acelerado y en solo un mes se ha pasado de las 8.100 entradas, acumuladas hasta el 15 de octubre, a las más de 16.000 actuales.

El protagonismo en la gestión, como ya ocurrió en 2018 cuando España registró un récord histórico de 64.300 entradas irregulares, recaerá en Interior. El objetivo es reforzar la cooperación policial con los países de origen y tránsito y multiplicar el número de vuelos de devolución. El pasado lunes, partió el primer avión hacia Mauritania con 22 personas a bordo, tras ocho meses suspendidos por el cierre de fronteras. La receta tiene los mismos ingredientes con los que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero atajó la crisis de los cayucos de 2006, cuando 31.000 personas desembarcaron en el archipiélago.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propone que se faciliten más derivaciones a la Península para aliviar la presión de la red de acogida en las islas, pero el resto de ministros implicados no quiere oír hablar de esos traslados. Consideran que provoca un efecto llamada e Interior solo los autoriza en pequeños grupos y evitando cualquier publicidad. La fórmula que se ha impuesto es la de mantener a los recién llegados en campamentos instalados en recintos militares e intentar deportar al mayor número posible de personas.

No será fácil y, en cualquier caso, hay muchos aspectos que escapan del control del Gobierno. Los servicios secretos españoles han identificado miles de posibles candidatos a la emigración concentrados sobre todo en Marruecos, pero también en Senegal, Gambia y Mauritania. Las fuerzas de seguridad de todos estos países están desbordadas por la pandemia y la crisis socioeconómica que ha provocado, y el control de la emigración no es su prioridad ahora mismo, admiten fuentes del Ejecutivo. Por eso España tratará de ayudarles con más fondos y otro tipo de apoyo.

La pandemia es también un factor clave en los flujos migratorios que están llevando a miles de personas a las islas. Por un lado, limita los movimientos a través de otras rutas migratorias distintas de la canaria y, por otro, está espoleando el éxodo de miles de trabajadores dependientes del sector turístico o de la economía sumergida que se han quedado sin nada. Muchos de los inmigrantes que están llegando obedecen a ese patrón, señalan fuentes del Ejecutivo.

Exteriores ha asumido también un papel relevante, ante el agravamiento de la situación, para respaldar una política exterior de Estado —y no solo de Interior— con los principales socios africanos. Este año han sido frecuentes las visitas de la ministra Arancha González Laya a los países más emisores de emigrantes (Malí, Burkina Faso, Marruecos, Mauritania, Níger y Chad). Laya visitará Senegal, origen de cada vez más cayucos, el próximo 22 y, dos días antes, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, volverá a Marruecos, cuyos nacionales son más de la mitad de los ocupantes de las pateras arribadas en los dos últimos meses. La Moncloa quiere además implicar económica y diplomáticamente a la UE.

Silencio de Podemos

Los miembros de Unidas Podemos están fuera de los ministerios con competencias migratorias y, aunque el pasado febrero sí alzaron la voz para oponerse a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avaló las devoluciones en caliente, en esta ocasión mantienen silencio. En aquel momento hubo reuniones tensas y un claro enfrentamiento entre Iglesias y Grande-Marlaska por la gestión de la frontera de Ceuta y Melilla, pero ahora Unidas Podemos ha optado por mantenerse en segundo plano.

A pesar de defender como principio un enfoque de respeto de los derechos de los migrantes frente a una visión más atenta a la seguridad, los socios del Gobierno de coalición no se han pronunciado públicamente sobre las medidas a tomar, ni sobre las condiciones en las que se ha hacinado durante meses a cientos (y hasta dos millares) de migrantes en Arguineguín. Tampoco ante las evidencias de que a la mayoría de los que llegan no se les está garantizando la asistencia letrada a la que tienen derecho por ley. Fuentes del Gobierno admiten que el malestar de Unidas Podemos es importante, porque este asunto es central para ellos.