La falta de coordinación entre ministerios ante la llegada de pateras desborda Canarias

Un nuevo repunte de llegada de pateras ha vuelto a desbordar a Canarias. Las islas han recibido este año más de 10.000 migrantes, un tercio del registrado en 2006, el peor año de la llamada crisis de los cayucos. Era un desafío anunciado desde septiembre de 2019 —cuando las fuerzas de seguridad previeron la reapertura de esta ruta migratoria—, pero la falta de un plan y las dificultades impuestas por la pandemia han elevado un pico puntual de desembarcos a la categoría de crisis. Desde el miércoles, cerca de 1.300 personas duermen en el suelo del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) por falta de instalaciones para atenderlos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, absorbido por la crisis sanitaria, económica y política, acelera ahora soluciones para descongestionar las islas, que retoman este fin de semana parte de su actividad turística. La vicepresidenta Carmen Calvo convocó este viernes en una reunión telemática a todas las Secretarías de Estado con competencias en materia migratoria, entre ellas las de Asuntos Exteriores, de Seguridad y Migraciones. Según fuentes conocedoras de la reunión, a la cita acudió también la directora del CNI, Paz Esteban, pero no Defensa, aunque estaba convocada. La situación en Canarias monopolizó el encuentro. El mensaje de la vicepresidenta, que coordina a los ministerios que llevan la gestión migratoria, fue claro: Este es un problema de Gobierno y no solo de un ministerio, todos tienen que cooperar. Y cuanto antes.

La falta de sintonía entre ministros ha lastrado la gestión de los desembarcos en el archipiélago. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, responsable de la acogida de los migrantes, mantiene varios frentes abiertos hace semanas. El primero es con el Ministerio del Interior, que frena los traslados a la Península. El departamento de Fernando Grande-Marlaska, a la espera de poder retomar las expulsiones desde que se suspendieron en marzo por el cierre de fronteras, rechaza derivaciones muy numerosas de migrantes al continente por considerarlas un incentivo para que más personas crucen el Atlántico.

Rutas migratorias hacia Canarias

Agadir

120 millas

Islas Canarias

ESPAÑA

Lanzarote

Sidi Ifni

Fuerteventura

Gran

Canaria

Tan Tan

MARRUECOS

Tarfaya

El Aaiún

Bojador

Océano

Atlántico

SÁHARA

OCCIDENTAL

MAURITANIA

Dajla

Zona

ampliada

Cabo Blanco (Sáhara Occidental)

100 km

Fuente: Salvamento Marítimo.

EL PAÍS

Rutas migratorias hacia Canarias

Agadir

120 millas

Islas Canarias

ESPAÑA

Lanzarote

Sidi Ifni

Fuerteventura

Gran

Canaria

Tan Tan

MARRUECOS

Tarfaya

El Aaiún

Bojador

Océano

Atlántico

SÁHARA

OCCIDENTAL

MAURITANIA

Dajla

Zona

ampliada

Cabo Blanco (Sáhara Occidental)

100 km

Fuente: Salvamento Marítimo.

EL PAÍS

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120 millas

MARRUECOS

Islas Canarias

ESPAÑA

Sidi Ifni

Lanzarote

Fuerteventura

Gran

Canaria

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ARGELIA

Tarfaya

El Aaiún

Bojador

Océano

Atlántico

SÁHARA

OCCIDENTAL

MAURITANIA

Dajla

Zona

ampliada

Cabo Blanco (Sáhara Occidental)

100 km

Fuente: Salvamento Marítimo.

EL PAÍS

Los traslados a la Península, sin embargo, son cruciales para Migraciones porque su red de acogida, que es especialmente precaria en las islas (en 2019 había apenas 70 plazas, ahora son 3.500), solo es sostenible si la entrada de nuevos usuarios se compensa con la salida de otros. Pero sin expulsiones ni derivaciones no hay rotación. En la Península un 55% de las plazas de la red están libres, pero los migrantes indocumentados que llegan a las islas no pueden salir de allí si no es con un salvoconducto de la Policía, una autorización que se ha concedido discretamente y a cuentagotas: cerca de 1.200 desde el pasado septiembre.

También se arrastran los desencuentros entre el ministerio de Migraciones y el de Defensa. El último ha sido a cuenta del empleo de aviones militares para futuros traslados de migrantes a la Península. Defensa se ha mostrado dispuesta a transportarlos, pero reclama garantías sanitarias y de seguridad (es decir, presencia de personal sanitario y policial en los vuelos) y pide que se le abone el queroseno, alegando que no tiene presupuesto para atender a este servicio.

El principal punto de desacuerdo, sin embargo, se centra en la cesión de infraestructuras militares para albergar a los recién llegados. El departamento de Margarita Robles, reacio a involucrarse en la cuestión migratoria, ofertó dos instalaciones abandonadas desde hace años y que requieren fuertes inversiones para ponerlas en uso: los acuartelamientos de El Matorral en Fuerteventura y Las Canteras en La Laguna (Tenerife).

La oferta no contentó a José Luis Escrivá que pidió, en cambio, que se habilitara una parte de la zona militar de La Isleta, en Gran Canaria, la isla que está recibiendo mayor presión. Defensa lo rechazó de plano, alegando que por razones de seguridad no se pueden ceder parcialmente instalaciones que están en uso por las Fuerzas Armadas y obligar a soldados e inmigrantes a compartir los mismos espacios. La solución en la que ahora se trabaja es la habilitación del antiguo polvorín de Barranco Seco, a unos ocho kilómetros de Las Palmas.

La presión migratoria en las islas tiene todos los visos de mantenerse durante los próximos meses. Los servicios de información españoles han detectado una importante concentración de subsaharianos en el sur de Mauritania dispuestos a dar el salto a Europa y la situación económica de Marruecos agravada con la pandemia está empujando a cientos de marroquíes al Atlántico. La cooperación con Senegal, Gambia o Mauritania para prevenir las salidas y reactivar los retornos es buena, pero, según fuentes gubernamentales, debe ampliarse y reforzarse. La búsqueda de nuevos recursos de acogida además urge ahora aún más tras el anuncio de Alemania y Reino Unido de levantar las restricciones a sus ciudadanos para viajar a Canarias. La inauguración de la temporada alta en las islas obligará previsiblemente a desalojar a los más de 2.700 migrantes que se albergan en hoteles vaciados por la pandemia.

Esta es la segunda crisis de gestión migratoria que enfrenta Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018. Ese año, España registró un número récord de entradas irregulares (más de 64.000), y Salvamento Marítimo, las fuerzas de seguridad y la red de acogida se vieron desbordados y se repitieron las escenas de migrantes durmiendo en las cubiertas de los barcos de rescate. El ministro Fernando Grande-Marlaska marcó entonces la reducción de la inmigración irregular —una peligrosa baza electoral para la ultraderecha—como una de las banderas de su mandato. Marruecos renovó así protagonismo y con la intermediación de España —que le entregó 32 millones de euros— recibió otros 140 millones de la UE para reforzar control en sus fronteras. La estrategia permitió cortar a la mitad las entradas irregulares en 2019, pero el mayor control marroquí, especialmente en el norte del país, acabó abriendo otra vía y empujando a los migrantes hacia la ruta del Atlántico, más extensa, más difícil de controlar y mucho más peligrosa.