España se encamina hacia otro estado de alarma

A medida que la incidencia del coronavirus se dispara en prácticamente todo el país, los instrumentos jurídicos para hacerle frente se van quedando cada vez más cortos. El estado de alarma, que permite limitaciones de movilidad y otros derechos fundamentales, se abre paso como la herramienta en la que están pensando tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, que han hecho llegar al Ejecutivo su petición, entre ellas Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, País Vasco, Cantabria y Melilla. Castilla-La Mancha ha convocado para mañana una reunión de su Gobierno para cursar la petición.

Sánchez ha mostrado su disposición a tomar medidas estrictas porque, ha dicho, “la situación es grave” y “vienen meses muy duros”. Fuentes gubernamentales confirman que el Ejecutivo está pensando en el estado de alarma y en la posibilidad de que se extienda a toda España en diferentes grados, pero el presidente no ha aclarado si condiciona esa medida al apoyo del PP (que no se ha pronunciado ahora, pero en general se ha mostrado remiso a un nuevo estado de alarma) o si está dispuesto a promulgarlo sin su apoyo. El Gobierno está ultimando la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para los próximos días, posiblemente este mismo fin de semana, para la declaración de la alarma.

Varias comunidades (por el momento Castilla y León, Murcia, Andalucía y Valencia) han anunciado toques de queda nocturnos con la vista puesta en los tribunales, que tendrán que autorizarlos. Algo parecido ha hecho Madrid, que limita actividad y reuniones desde medianoche, pero no movimientos. El País Vasco y Melilla han sido las primeras que han solicitado formalmente a Pedro Sánchez un nuevo estado de alarma para imponer medidas extraordinarias y Asturias, La Rioja, Extremadura, Cantabria, Navarra y Cataluña lo han hecho esta tarde. Mientras, el Gobierno trata de llegar a acuerdos con partidos y autonomías para recibir los apoyos necesarios. El lehendakari Iñigo Urkullu ha precisado que solicita el estado de alarma para toda España y que la gestión del mismo quede en manos de los presidentes de las comunidades autónomas.

Sanidad planea desde hace días establecer un toque de queda nocturno en todo el territorio. El ministro Salvador Illa ha pedido “apoyos claros” para poder hacerlo. Esto supone el concurso de las autonomías, que serían las que lo aplicarían y un apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados, que tendría que votar a favor para poder prorrogarlo una vez que se ponga en marcha. Ciudadanos ya ha ofrecido sus votos para aprobar el estado de alarma y ha pedido al Partido Popular que lo respalde. Con los votos del PNV, Ciudadanos y los socios del gobierno catalán, el Gobierno sumaría mayoría absoluta para refrendar la medida en el Parlamento, pero el Ejecutivo preferiría contar también con el respaldo del PP.

Estado de alarma no es sinónimo de confinamiento domiciliario. De hecho, es lo que tratan de evitar por todos los medios las autoridades con medidas intermedias. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno en un discurso que recordaba mucho a los que hacía en primavera, durante la primera ola de la epidemia. Ha pedido unidad, tanto a las Administraciones como a los ciudadanos para evitar limitaciones completas de movimientos, pero a la vez ha abierto la puerta a un nuevo estado de alarma para tomar medidas extraordinarias en aquellos lugares donde el riesgo sea extremo.

El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha sido el primero en anunciar, este viernes, que ha solicitado por escrito al Gobierno de la nación la aplicación del estado de alarma para posibilitar el confinamiento nocturno. “La ciudad está al borde del colapso sanitario”, ha justificado. Su proyecto es prohibir movimientos no justificados desde las 22.00 a las 6.00, en aplicación del artículo 11 de la ley que regula el estado de alarma, “para impedir botellones, fiestas privadas en domicilios, garajes, etc”. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que su comunidad cursará esta misma tarde su petición. “Esto no es para confinar, es para limitar la movilidad”, ha dicho.

Pendientes de los tribunales

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comparecido la tarde de este viernes para anunciar su petición y así disponer de amparo legal para las nuevas restricciones que quiere poner en marcha en Euskadi. Urkullu solicita que el estado de alarma se extienda a toda España. La presidencia vasca ha tomado la decisión apenas 24 horas después de conocer que el Superior de Justicia vasco no le autorizaba las medidas más restrictivas para los ciudadanos como la prohibición de reunirse en el ámbito privado y público, con más de seis personas. Ese es precisamente el problema al que se enfrentan las autonomías al imponer medidas restrictivas de derechos fundamentales (movimiento, reunión...) sin estado de alarma: quedan en manos de los tribunales, que no siempre han establecido los mismos criterios. Han permitido unos confinamientos y han rechazado otros. Todavía no hay precedentes sobre qué harán con respecto al toque de queda.

A expensas de aplicar el estado de alarma, algunas comunidades utilizan decretos que deberán pasar por sus tribunales superiores de justicia. Castilla y León fue la primera en solicitar formalmente el toque de queda al Gobierno. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que lo impondrán tras una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con quien se ha citado este viernes. Mañueco e Illa han insistido en la importancia de esta clase de intervenciones “drásticas”. El ministro ha incidido en la necesidad de consenso con las comunidades para que estas restricciones se puedan aplicar en toda España y ha explicado que el estado de alarma es el mejor mecanismo jurídico para dar la cobertura pertinente si estos toques de queda debieran prolongarse más de 15 días.

Illa ha valorado el consejo interterritorial de Salud celebrado este jueves, que se tradujo en acuerdos sobre criterios fijos de interpretación de los niveles de peligro, pero no así en instrucciones de implementación inmediata en toda España. “Es un paso adelante importante”, ha manifestado, porque ha servido para fijar “los criterios comunes para la evaluación del riesgo y recoge un catálogo de medidas de acción. Es un marco común de respuesta”. Mañueco ha recordado la gravedad del momento, que ha conllevado la actuación su comunidad para solicitar la limitación del movimiento nocturno: “No podemos volver a la situación dramática de marzo y abril, hay que demostrar que hemos aprendido”. Los servicios jurídicos autonómicos, ha añadido, trabajan para implantar esta orden cuanto antes y que sea efectiva este mismo fin de semana.

Además de Castilla y León, también van a aplicar toques de queda la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. El Gobierno regional de esta última comunidad va a consultar con el Tribunal Superior de Justicia la posibilidad jurídica para hacerlo, pero defiende que no es necesario el estado de alarma y que puede hacerlo con la Ley de Salud Pública de 1986. Por su parte, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha dicho este viernes que baraja ampliar a toda la región el toque de queda acordado para Granada y su área metropolitana. “Si persiste el aumento de la presión hospitalaria en camas y UCI nos veremos abocados a pedir el toque de queda para toda la comunidad”, ha afirmado en Canal Sur.

En primavera el estado de alarma terminó precipitadamente porque el Gobierno tuvo cada vez más difícil los apoyos para sacar adelante nuevas prórrogas. El plan de Sanidad requería de esta herramienta jurídica al menos hasta el 6 de julio, cuando estaba previsto que terminasen las fases de desescalada en todas las autonomías, pero terminó el 21 de junio. Esto propició que algunas, como Madrid, dieran el salto de la fase 2 a la nueva normalidad. Será el acuerdo de las fuerzas políticas el que permita, o no, volver a aplicar la medida.

Con información de Virginia Vadillo, Pedro Gorospe y Javier Arroyo.

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