El Gobierno centra su estrategia para la crisis migratoria de Canarias en la cooperación policial y una acogida temporal en carpas

La ministra de Política Territorial anuncia una serie de “medidas de emergencia” que tienen los retornos forzosos como prioridad

Las Palmas de Gran Canaria / Madrid - 13 Nov 2020 - 15:32 CET
Imagen del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde aún se hacinan casi 2.000 personas, este jueves.
Imagen del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde aún se hacinan casi 2.000 personas, este jueves.Quique Curbelo / EFE

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciado este viernes una serie de “medidas extraordinarias” para abordar la crisis migratoria que lleva meses agravándose en las islas Canarias con la llegada de más de 16.000 personas. El anuncio contiene pocas novedades, la mayoría de las iniciativas planteadas ya eran conocidas, pero ha marcado cuál será la estrategia del Gobierno frente a la reactivación de la ruta canaria: un mayor control policial en cooperación con los países de origen y tránsito, retornos forzosos y una ampliación de las plazas de acogida a base de instalación de carpas temporales en instalaciones militares. “El fenómeno migratorio significa un desafío moral y humanitario de alcance global", explicó en rueda de prensa junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. “Estamos comprometidos en superar este desafío con una política de país y de Europa”.

Darias ha perfilado las prioridades de cada uno de los ministerios con competencias en la gestión migratoria. Interior está centrado en reforzar la dotación económica y la cooperación policial con países como Marruecos, Senegal o Mauritania para luchar contra las mafias y blindar con mayor control fronterizo la que ya es la ruta marítima más peligrosa para alcanzar Europa. El departamento de Grande-Marlaska está también aumentado el despliegue de medios marítimos y aéreos en terceros países para contener la salida de pateras y cayucos. La ministra no se ha referido a un posible refuerzo de los medios de salvamento marítimo, cuya plantilla se encuentra al límite ante el alto número de llegadas, pero sí ha señalado las conversaciones que mantienen España y Frontex, la agencia europea de fronteras, para llevar a cabo en 2021 una operación conjunta con Senegal, como ya adelantó EL PAÍS.

En el marco de esa cooperación, otra de las prioridades del Gobierno es impulsar más devoluciones a Marruecos, Mauritania —reanudadas esta semana— o Senegal. Fernando Grande-Marlaska visitará Rabat el próximo día 20 y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, irá a Senegal próximamente. La ministra ha evitado incidir en las derivaciones a la Península, donde sí hay plazas de acogida, y ha asegurado que solo se han realizado en casos de personas vulnerables. No es exactamente así: de los al menos 1.200 traslados que se han realizado desde finales del año pasado se ha dado prioridad a mujeres y niños, pero también se ha derivado a otros perfiles de migrantes con el fin de aliviar la red de acogida, según ha comprobado EL PAÍS con los propios interesados. El asunto incomoda al Gobierno, que no quiere dar ninguna publicidad a estos traslados porque considera que provocan un efecto llamada, y también a la UE, que es muy reacia a asumir el tránsito de los migrantes llegados a Canarias en el continente. Al lado de la ministra estaba el presidente del Gobierno canario, el socialista Ángel Víctor Torres, que lleva meses pidiendo traslados a la Península para evitar convertir las islas en una “jaula”.

En el ámbito de la acogida no se han presentado más propuestas que la cesión de instalaciones militares ya anunciadas por parte de Defensa. Darias se ha referido a la inminente inauguración del antiguo polvorín de Barranco Seco donde Interior realizará la reseña policial y la custodia de los recién llegados durante las primeras 72 horas. También ha mencionado la cesión de tres espacios en desuso en los que ya se está trabajando para poder albergar a migrantes “en caso de que sea necesario”, pero en los que, de momento, solo se plantea el montaje de carpas temporales. La ministra no ha aclarado qué se hará con los más de 4.000 migrantes acogidos actualmente en hoteles a pesar de haber plazas de acogida libres en la Península.

Preocupación en el Ejecutivo

La crisis generada en Canarias se ha impuesto como una de las principales preocupaciones del Ejecutivo, hasta ahora absorbido por la emergencia sanitaria y retos políticos como la aprobación de los Presupuestos. La imagen del muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde han llegado a dormir 2.000 personas o la decisión de emergencia de acoger a más de 4.000 migrantes en hoteles vaciados por la pandemia son un ejemplo de cómo el Ejecutivo se ha visto desbordado ante la situación, que ha servido además de combustible para los discursos xenófobos de la ultraderecha. A pesar de las críticas de las autoridades locales ante el agravamiento de la crisis, Darias no ha reconocido lentitud en la gestión y ha destacado cómo la pandemia ha complicado la situación. Al mismo tiempo, la ministra ha señalado que las más de 2.000 llegadas el pasado fin de semana supusieron un “punto de inflexión” en el Ejecutivo para acelerar iniciativas.

Los ministerios competentes en la gestión de las llegadas llevan meses manteniendo discrepancias ante cómo gestionar esta crisis, entre ellas las derivaciones a la Península. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la acogida, cuenta con plazas libres en otras provincias, pero el Ministerio del Interior, aunque llevaba desde marzo sin poder ejecutar ni una sola devolución, se ha resistido a facilitar los traslados por considerar que suponen un incentivo para que más migrantes usen la ruta. Migraciones también acudió a Defensa para que habilitase espacios que sirviesen como centros de acogida temporal, como ya se hizo en 2006, pero la cesión de solo cuatro instalaciones militares en tres islas se ha arrastrado meses y ha supuesto un pulso entre ambos departamentos. Ante el agravamiento de la situación, la vicepresidenta Carmen Calvo presidió una reunión el pasado 23 de octubre con los secretarios de estados competentes en la materia. El mensaje era claro: “Este es un problema de Gobierno, no de un ministerio. Todos tienen que colaborar”. Las propuestas que se plantearon en esa reunión, según el relato de fuentes conocedoras del encuentro, son las mismas anunciadas hoy, 20 días después.



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