Así será el nuevo campamento para migrantes en Gran Canaria

El muelle de Arguineguín, al sur de la isla de Gran Canaria, convertido desde hace dos meses en un campamento de emergencia donde hasta 2.000 migrantes han tenido que pernoctar en el suelo durante días, está muy cerca de cerrarse. El nuevo espacio en el que la Policía identificará a los recién llegados y donde esperarán el resultado de sus pruebas PCR será un campamento de tiendas de campaña instaladas sobre la tierra rojiza del antiguo polvorín de Barranco Seco, a ocho kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Defensa ha cedido este lugar, con capacidad para 800 personas, al Ministerio del Interior para que realice allí la custodia policial de 72 horas. Después, según los casos, deberían dejar de ser retenidos y llevados a centros de acogida o a centros de internamiento para su posterior devolución.

El nuevo campamento consta de al menos 23 tiendas con estampados militares de cuya instalación se ha hecho cargo la Brigada Canarias XVI. El interior está iluminado con tubos fluorescentes y en cada tienda se han alineado al menos diez literas de lona, según las imágenes que han sido publicadas en la cuenta de Twitter del Ejército de Tierra y otras a las que ha tenido acceso EL PAÍS. No hay fotografías, sin embargo, de otros espacios básicos como los baños, ni tampoco información de cómo se gestionará la alimentación de los retenidos. En Arguineguín, la Cruz Roja les daba de comer bocadillos y había un sanitario portátil por cada una de las 14 carpas instaladas. En ellas no había colchones y los migrantes dormían en el suelo sobre una fina manta. En los días con mayor hacinamiento, cientos de personas dormían a la intemperie, ni siquiera bajo el techo de una de las tiendas.

La situación en el muelle era insostenible desde que se habilitó para la primera atención de los recién desembarcados, pero todo ha empeorado con el aumento del ritmo de llegadas, que ya superan las 15.500 personas (más 5.300 solo en el mes de octubre). La semana pasada la directora asociada para Europa y Asia Central de la organización Human Rights Watch, Judith Sunderland, visitó la dársena y emitió un informe demoledor tras comprobar las condiciones en las que se hacinaba a los migrantes. “Lo que vi hace unos días fue una hilera de carpas abarrotadas donde las personas permanecen retenidas durante días, durmiendo en el suelo, 30 o 40 personas compartiendo un baño portátil”, declaró en un comunicado. “Incluso asumiendo las mejores intenciones de quienes trabajan allí, estas condiciones no respetan la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales, ni dan una buena imagen de España”, añadió.

La organización constató que migrantes que habían dado positivo en covid-19 y que esperaban ser transferidos a una instalación para su aislamiento convivían allí con el resto de personas sin posibilidad de distanciamiento social. También que las 72 horas de custodia policial que marca la ley se superaban ampliamente: dos mujeres de Malí, entrevistadas por Sunderland, mostraron pruebas de que llevaban allí más de dos semanas. La organización, además, destacó que los procedimientos aplicados en el muelle “plantean serias preocupaciones sobre el acceso a la información y el respeto del derecho a solicitar asilo”.

El Ministerio de Defensa, a pesar de las reiteradas peticiones del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, se ha resistido a prestar sus instalaciones en desuso, como ya se hizo en 2006 durante la llamada crisis de los cayucos. El departamento de Margarita Robles se negó de plano por “razones de seguridad” a ceder parcialmente instalaciones que están en uso por las Fuerzas Armadas para evitar que soldados e inmigrantes compartan los mismos espacios, por lo que las opciones se reducían no solo a espacios en desuso sino vacíos. Finalmente Defensa ha cedido para la atención de migrantes el cuartel de Las Canteras (Tenerife) y de El Matorral ( Fuerteventura), abandonadas desde hace años y que requieren fuertes inversiones para ponerlas en uso y el antiguo polvorín de Barranco Seco (Gran Canaria). “Para ayudar a paliar las necesidades sobrevenidas en materia de inmigración”, Defensa también ha ofrecido al Ministerio de Migraciones un uso inmediato, sin compensación alguna, de las instalaciones del Regimiento de Infantería Canarias 50, en Las Palmas, informa Miguel González.