El Gobierno presenta un plan de choque para la crisis migratoria en Canarias

El Gobierno anunciará este viernes en Las Palmas de Gran Canaria la puesta en marcha de un paquete de “medidas de emergencia” ante el importante repunte de llegadas de pateras y cayucos al archipiélago. La crisis de acogida y recepción de migrantes que lleva varios meses agravándose en las islas se ha impuesto ahora como una de las prioridades de la agenda del Ejecutivo. En lo que va de año, más de 15.500 personas han llegado en embarcaciones precarias a Canarias, que se han visto desbordadas ante la falta de espacios adecuados para atender y acoger a los migrantes con las dificultades añadidas de la pandemia. El muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde estos días han llegado a dormir en el suelo cerca de 2.000 personas, es ya la imagen de la gestión de esta crisis.

La responsable de presentar el plan será la ministra de Administración territorial, la canaria Carolina Darias. Las medidas del Ejecutivo implicarán sin embargo a un abanico de ministerios con competencias en la materia: Interior, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Exteriores. También el Ministerio de Defensa al que se ha recurrido, a pesar de sus resistencias, para que ceda espacios militares en desuso para albergar a los recién llegados. El departamento de Margarita Robles ya ha puesto en marcha un despliegue de 23 tiendas de campaña y alojamientos provisionales en el antiguo polvorín de Barranco Seco (a ocho kilómetros de Las Palmas), donde la Policía podrá custodiar a unos 800 migrantes en las primeras 72 horas desde su llegada, una labor que realiza ahora fundamentalmente en el muelle de Arguineguín. El campamento ya está casi listo para ser usado.

La Moncloa ha convertido este asunto en una prioridad política, y estos cinco ministerios han trabajado de manera conjunta más intensamente en las últimas semanas bajo la coordinación de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Algunas medidas ya han comenzado a ponerse en marcha, como la reanudación de las deportaciones, la habilitación de espacios militares, un refuerzo diplomático en los países de origen y de tránsito y un ritmo sostenido (aunque pequeño) de traslados de migrantes a la Península.

El repunte de llegadas por la ruta canaria, una vía que se daba por controlada desde que se superó la llamada crisis de los cayucos de 2006, comenzó a finales del año pasado. Ese año no llegaron a superarse las 3.000 entradas, pero junto al control que ya ejercían las fuerzas policiales marroquíes en el norte del país, las autoridades españolas daban por descontado que los flujos migratorios se desplazarían del Mediterráneo al Atlántico. El ritmo de llegadas de este año fue la constatación de lo que ya se había plasmado en algunos informes de inteligencia y la ruta siguió despuntando hasta alcanzar en octubre un récord mensual nunca visto: más de 5.300 entradas en 31 días.

El alto número de llegadas, en plena emergencia sanitaria, sobrepasó rápidamente a las autoridades locales y nacionales. Ante el riesgo de contagios y la falta de espacios se descartó a finales de mayo el uso de las comisarías para la identificación de los migrantes y en pocos meses se acabó normalizando que los migrantes superasen las primeras 72 horas de custodia policial en naves sin duchas o en el propio muelle donde desembarcaban. La dársena de Arguineguín lleva desde septiembre albergando cientos de personas que pasan allí días retenidas y hacinadas hasta que se les encontraba un lugar un donde acogerlos. La red de acogida, por su parte, contaba antes del repunte del año pasado con apenas 70 plazas y solo se ha conseguido estirar hasta las cerca de 5.500 camas gracias a la reapertura de hoteles vaciados por la pandemia.

La gestión de esta crisis ha estado marcada además por las discrepancias entre ministerios. La red de acogida de los migrantes, que depende del ministro de Migraciones José Luis Escrivá, se sustenta en la rotación de sus usuarios, pero en las islas entran muchísimos más migrantes de los que salen. Las derivaciones a centros de acogida de la Península de los migrantes sin documentación dependen de salvoconductos que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha resistido a autorizar por considerarlos un aliciente para que más migrantes lleguen a las islas. Ante la falta de espacios, Escrivá acudió a Defensa, poco partidaria de implicarse en la gestión migratoria, pero que al final ha acabado cediendo cuatro instalaciones en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.