La urbanización de Madrid acusada de robar agua como para 34 piscinas olímpicas al año tiene otras ocho sanciones

Hace cosa de un año, los responsables de la comunidad de vecinos de la urbanización Guadamonte, en Villanueva de la Cañada (Madrid), comunicaron a los residentes que se había abierto una investigación por irregularidades en el consumo de agua. “Aquí siempre hay líos con el agua...”, comenta uno de estos vecinos, que pide no dar su nombre por el revuelo que se ha montado en la urbanización en los últimos días. La Guardia Civil hizo público el pasado 30 de enero lo supuestamente defraudado por la comunidad desde, al menos, 2006, según los cálculos de sus servicios técnicos: el equivalente a 34 piscinas olímpicas al año. Todo ello extraído de dos sondeos con el medidor manipulado y de otro del que ni siquiera existía constancia. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que fue la que alertó del posible fraude al Seprona, confirma que esta urbanización acumula hasta ocho sanciones por las mismas irregularidades. Efectivamente, como dice el vecino, en esta comunidad siempre hay líos por el agua.

La urbanización es un entramado de parcelas independientes a la sombra de las encinas, rodeado por un manto verde de campo. Según los datos estadísticos, la población es de 1.200 empadronados porque los contabilizan junto a la comunidad vecina de La Raya del Palancar, pero uno de los vecinos informa a este periódico de que en Guadamonte hay únicamente unas 160 parcelas. No pertenece al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, sino que sus servicios son gestionados por la Entidad Urbanística de Conservación Guadamonte, una figura jurídica que agrupa a todos los propietarios, a través de la cual se mantienen las infraestructuras y se cobran las cuotas a sus miembros.

“Este sitio fue al principio un lugar de segundas residencias, yo sí que vine aquí a vivir en los noventa, cuando aún no había tantas parcelas ocupadas, y la gente me decía que dónde me había venido”, cuenta el vecino anónimo, quien relata que, desde la pandemia, se acabaron de vender todas las propiedades que aún estaban vacías.

Poco se puede ver del interior de las fincas, porque todas están rodeadas por sus respectivos muros altos de hormigón o vallado recubierto con lonas. Un globo rosa da idea de un cumpleaños infantil en una de ellas; en otra, dos cabras se pelean con sus cuernos; en una situada en una esquina, un perro de ojos claros permanece atento a los paseantes que se acercan demasiado. Muchos de los portones lucen el nombre que la familia ha dado a la parcela escrito en porcelana.

Los portales inmobiliarios sí que permiten asomarse a lo que hay tras las puertas. Estas imágenes y descripciones muestran parcelas de hasta 5.000 metros cuadrados, que alcanzan los 2,4 millones de euros, con sus respectivos jardines y piscinas, etiquetadas bajo el epígrafe de “lujo”. “Si lo deseas, podrás vivir junto a tu caballo, ya que el tamaño de las parcelas y la normativa lo hacen posible, lo que no es habitual en la zona”, anuncia uno de los portales. “No todas son así, aquí también hay gente trabajadora, que hace muchos años, cuando aquí no había nada, se compró una parcelita y se levantó una casa. También hay jubilados...”, recalca otro residente, amigo del primero, que también prefiere mantener su nombre en secreto.

Es en esas grandes superficies necesitadas de riego y con piscinas particulares en las que los investigadores sospechan que se ha ido la mayoría del agua presuntamente defraudada por esta comunidad. Las sospechas comenzaron a finales de 2023, aunque estas no eran nuevas ni entre los agentes del Seprona ni en los del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Estos últimos “obtuvieron indicios sobre un presunto sondeo ilegal en un centro de transformación de Iberdrola anexo a la urbanización”, explican en una respuesta por escrito a este periódico. Los dos vecinos con los que ha podido hablar este diario aseguran que estos indicios provienen de una denuncia interpuesta por un trabajador de la comunidad, que se marchó disconforme con las condiciones de despido, un extremo que no ha confirmado ninguno de los cuerpos implicados en la investigación.

Los agentes de ambas instituciones acudieron en dos ocasiones al terreno señalado con el pozo ilegal, la primera para corroborar su existencia y, la segunda, para proceder a su precintado, ya acompañados por responsables de la urbanización. “Por cuestiones de seguridad, los sondeos sueles estar visibles, este estaba soterrado para dificultar la visión”, especifica en conversación telefónica uno de los agentes del Seprona que ha participado en esta operación. Fue en ese momento en el que inspeccionaron los otros dos sondeos que sí estaban registrados y comprobaron que estaban alterados. “Uno con un sistema de recirculamiento para que contara menos cantidad y el otro con un precinto manipulado”, añade este mismo guardia civil.

El Seprona achaca los delitos de usurpación del dominio público hidráulico, contra el medio ambiente y estafa a los tres últimos presidentes de la comunidad, como representantes jurídicos de la urbanización. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con dos de ellos para recabar su versión, sin éxito. Como consecuencia de esta última inspección, la CHT ha considerado la manipulación de los contadores como una infracción leve, lo que supone una multa de 5.000 euros. La existencia de un sondeo ilegal ya es otro nivel, porque la investigación ha constatado además daños al dominio hidráulico y el Seprona los ha cuantificado en un millón y medio de euros. Ese expediente aún no cuenta con una resolución definitiva.

Según dos sentencias a las que este periódico ha tenido acceso, la cuantía de dos de las sanciones impuestas a esta urbanización en los últimos 19 años ascendieron una a 10.420 euros, por un sondeo ilegal detectado a 175 metros de profundidad por el Seprona el 25 de agosto de 2009, y la otra a 69.941 euros, que se le impuso en diciembre de 2016.

La CHT detalla que en 2023, el año en el que fue descubierta la última irregularidad de Guadamonte, su unidad de régimen sancionador inició 233 expedientes en la misma demarcación, de los que 61 se correspondían con pozos ilegales no notificados. De estos, 135 finalizaron su tramitación con resolución. La confederación no se pronuncia sobre si la cantidad que el Seprona calculó que esta comunidad de propietarios ha estafado desde 2008 está por encima de la media de lo que suelen encontrar en sus investigaciones, pero lo cierto es que entre las irregularidades que se han hecho públicas a lo largo de los últimos años, sí que lo está.