La abstención de Conde-Pumpido cuestiona la participación de otro ex fiscal general del Estado en la apelación de García Ortiz ante el Supremo

La reciente abstención del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en dos casos que afectan a antiguos subordinados suyos en la Fiscalía ha abierto el debate en medios jurídicos sobre la posible extensión de esta medida a otros procesos judiciales similares, por ejemplo en el Tribunal Supremo.

Conde-Pumpido se abstuvo porque en el pasado existió una relación jerárquica entre él y miembros de la Fiscalía que ahora han acudido al órgano de garantías para pedir que se mantengan sus ascensos en la carrera. Ha sido el caso de los recursos de amparo de la exfiscal del Estado Dolores Delgado y del fiscal Eduardo Esteban, adscrito a la Fiscalía del Constitucional.

Fuentes jurídicas plantean que los motivos de la abstención de Conde-Pumpido son parecidos a los que afectarían al exfiscal general del Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, el actual magistrado del Supremo Julián Sánchez Melgar, quien participa ahora como miembro de la Sala de Apelaciones del Supremo en la resolución de los recursos de la jefe de la Fiscalía de Madrid Pilar Rodríguez y del fiscal general, Álvaro García Ortiz, contra la orden del juez Ángel Hurtado del registro de sus despachos para el clonado de la información contenida en sus dispositivos electrónicos.

Los casos de los fiscales Delgado y Esteban, por un lado, y los de Pilar Rodríguez y García Ortiz, por otro, no son idénticos, pero tienen importantes similitudes. La extensión de la abstención de Conde-Pumpido a otros asuntos dependerá de hasta qué punto se entienda que la previa existencia de una relación jerárquica entre un magistrado y el interesado o interesados en un procedimiento judicial supuso un vínculo tan estrecho que obliga a la renuncia del primero. En el caso resuelto en el Constitucional, el propio Conde-Pumpido ha estimado que su abstención era necesaria porque nombró al citado Eduardo Esteban para cargos en la Fiscalía, y ha tomado la misma decisión sobre Dolores Delgado, a la que apadrinó en su toma de posesión como fiscal general hace cuatro años.

En el caso que podría afectar a la Sala de Apelaciones del Supremo, el magistrado Julián Sánchez Melgar nombró a Pilar Rodríguez como fiscal adscrita a la Fiscal de Sala coordinadora de la Fiscalía de Criminalidad Informática. Se trata, por tanto, de una antigua subordinada suya con respecto a la cual tomó decisiones en materia de destinos y nombramientos. Por este mismo motivo Conde-Pumpido se ha abstenido de tomar parte en el recurso de amparo presentado por el fiscal Eduardo Esteban, que fue designado fiscal de Sala de Menores y cuyo nombramiento fue anulado por el Supremo tras ser recurrido por el fiscal José Miguel de la Rosa, aspirante al mismo cargo y que estuvo adscrito a la secretaría técnica de la Fiscalía General, todo ello durante el mandato del hoy presidente del Constitucional.

Sánchez Melgar no ha sido recusado por la Abogacía del Estado, que defiende tanto a García Ortiz como a Rodríguez, en relación con la impugnación de los citados registros en dependencias de la Fiscalía. Conde-Pumpido fue recusado por el fiscal De la Rosa en relación con el recurso sobre los nombramientos de la Fiscalía.

Los magistrados del sector conservador del Constitucional han criticado que su presidente no se abstuviera cuando el órgano de garantías decidió la admisión a trámite de los recursos de amparo de Delgado y Esteban, y esperase a que estuviera concluida la deliberación en el pleno sobre aquella primera resolución. El propio de la Rosa, a su vez, cuestionó en su recusación que la abstención no se hubiera llevado a cabo antes de aquella inicial decisión. Conde Pumpido no podrá participar en la votación para aprobar la sentencia sobre ambos recursos.

El pleno del Constitucional ha hecho suya la opción de Conde-Pumpido y aceptado su renuncia, considerando razonable que se haya aplicado a este asunto la previsión de la ley orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 219.12 establece como causa para la abstención la de “ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa”. Las fuentes consultadas en el Constitucional estiman que la semejanza entre este caso y la situación que se da en la Sala de Apelaciones del Supremo aconsejaría cuanto menos plantearse si hay que aplicar la misma doctrina en el caso de Sánchez Melgar. Todo ello no solo porque hizo el citado nombramiento a favor de la fiscal Pilar Rodríguez, sino que tuvo a Álvaro García Ortiz en el Consejo Fiscal —principal órgano de representación de la carrera— durante su mandato. Dicho Consejo tiene funciones consultivas, por lo que no entraña una relación de subordinación de sus miembros con respecto al fiscal general, aunque toda la carrera obedece a un principio de dependencia jerárquica con respecto al fiscal general del Estado.