Los fallos de la asistencia jurídica a los migrantes en Canarias o el caso del albino que nadie vio

Entre los 42 migrantes que entraron el pasado 25 de septiembre en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Gran Canaria uno llamaba especialmente la atención. Era un maliense con la piel muy blanca y el cabello rojizo, un albino que difícilmente podría pasar desapercibido entre el resto de internos, pero en el que nadie reparó. Antes de entrar en el CIE, desde donde se prepararía su expulsión, a este chico lo vio la Policía, una abogada, un fiscal y un juez de instrucción, pero ninguno se planteó no solo que procedía de un país en guerra, sino que, según la ONU, los albinos son masacrados en 28 países del África subsahariana. La creencia de algunas comunidades sostiene que su cuerpo tiene propiedades mágicas y se les persigue para alimentar rituales con sus brazos, dedos o genitales que suelen mutilarse con machetes. “Nadie me dijo que era albino”, se justificaría después la abogada que lo atendió.

Quien cuenta esta historia es el juez Arcadio Díaz Tejera, a cargo del control del CIE, que visitó el centro pocos días después del internamiento. Acudió allí para explicar a los retenidos su derecho a pedir asilo, consciente de que ni los agentes, ni los abogados, ni el juez que aprobó su encierro les habían informado. El juez sí se fijó enseguida en aquel interno. “Los albinos en determinadas culturas sufren persecución. Y, efectivamente, al chico le pregunté si tenía problemas por su condición y me dijo: 'Aquí no, pero en mi país, sí”, recuerda. Díaz Tejera suele mencionar este caso para ilustrar cómo en Canarias los derechos de los migrantes, como la tutela judicial efectiva, no se garantizan. “Una cosa es el deber ser y otra el ser. El deber ser es que todos están informados y reciben asistencia; el ser es que, ante el desbordamiento, no reciben la información”, explica el juez.

El pasado lunes, ante el desembarco de más de 1.600 personas durante el fin de semana, un grupo de abogados del turno de oficio fue convocado en la comisaría de Las Palmas de Gran Canaria. Debían asistir a algunos de los recién llegados, pero sus clientes estaban a más de 40 kilómetros de allí, hacinados en el muelle de Arguineguín. La mayoría de los letrados firmó las órdenes de devolución, que se les tramitan nada más llegar, sin ver la cara de sus defendidos ni, por supuesto, entrevistarse con ellos. Esta forma de proceder se repite hace más de un mes, según los letrados consultados. “Está mal hecho y quizá debería entonar el mea culpa porque debería haber ido al muelle. Firmar y ni siquiera entrevistarte con tu cliente, en cualquier otro caso, sería motivo de queja del defendido”, mantiene uno de los abogados presentes en ese turno. Otro de esos abogados, que también prefiere mantenerse en el anonimato, sí se negó a firmar las órdenes sin entrevistarse con sus clientes y dejó la comisaría para ir al muelle. Sin más protección que una mascarilla, habló con ellos a distancia y les explicó su situación gracias a un intérprete. “Prefiero verlos porque si hay gente que necesita protección internacional necesitan un abogado con el que tener un primer contacto y tienen que saber lo que se les está notificando”, explica.

La asistencia letrada a los inmigrantes es un derecho fundamental que puede cambiar el destino del recién llegado. Al desembarcar, todos reciben una orden de devolución que, según las circunstancias de cada uno, puede ser recurrida y revocada. El migrante puede sufrir persecución en su país y pedir asilo, puede tener familiares en España, puede ser víctima de trata o sufrir una enfermedad que evite su deportación, circunstancias que un abogado puede identificar en una entrevista personal. En ese documento, además, suelen estar mal escritos los nombres de los migrantes y su fecha de nacimiento, datos que deberían ser corroborados con los interesados. “Los letrados tienen buena voluntad, pero las condiciones en las que se presta la asistencia no son adecuadas. Tiene que haber una conversación privada con un intérprete de su idioma materno porque si no, no se está tutelando un derecho fundamental de estas personas. La Administración tiene que garantizarlo, desde la Policía, al abogado, pero también el fiscal y hasta el juez que ordena un internamiento. En la realidad esto no ocurre porque están desbordados”, mantiene el magistrado Díaz Tejera. El problema no es nuevo, ni exclusivo de Canarias: el Defensor del Pueblo dejó constancia en su último informe de “que la asistencia letrada en las devoluciones se ha convertido en un trámite meramente formal”.

El Colegio de Abogados de Las Palmas reconoce que no está garantizando una asistencia letrada adecuada a los migrantes, pero insiste en que los abogados de oficio son el último eslabón de una cadena desbordada. “Se están vulnerando los derechos porque no nos dan medios. No contamos con un lugar adecuado para entrevistarnos con los interesados, ni equipos de protección, ni tampoco, en muchas ocasiones, hay intérprete. Recibimos numerosas presiones por parte de la Policía para colaborar en las condiciones en las que estamos trabajando”, denuncia la vicedecana del Colegio, Pino López. La letrada recuerda que los problemas vienen de largo y que hasta hace un mes el Colegio solo podía destacar tres abogados por patera, independientemente de si en ella viajaban 20 o 100 ocupantes y que “tras numerosas presiones” a la Consejería de Justicia lograron a finales de octubre que se remunerase un abogado para cada seis o siete migrantes.

“Con independencia de lo que ocurra en Canarias, en cualquier situación hay una cosa muy clara: ningún letrado puede firmar nada si no ha realizado una asistencia jurídica”, mantiene el vocal de la asociación de abogados extranjeristas José Luis Rodríguez Candela. “¿Que no hay medios para realizar esa asistencia? Pues el abogado no firma. Y no se podrán incoar expedientes hasta que la Administración central, comenzando por el Ministerio del Interior que es responsable de la custodia policial, provea los recursos suficientes para garantizar una asistencia jurídica individual y presencial y con garantías sanitarias para los letrados”.

Una intérprete para más de 170 migrantes

Las fallas en la asistencia letrada se reproducen en otras islas, que asumen mucha menos presión migratoria que Gran Canaria. El miércoles de la semana pasada, 24 abogados asistieron de forma precaria en el comedor de un hotel de Tenerife a 177 migrantes, llegados sobre todo de Senegal, pero también de otros países. Solo había una intérprete para todos ellos. Una situación similar se repitió al día siguiente con un centenar de migrantes. Cuatro letrados presentes esos días han relatado a EL PAÍS las dificultades que enfrentaron para comunicarse con sus clientes, el espacio inadecuado en el que se encontraban y la falta de medidas de seguridad para evitar contagios. “Me llamó la atención que el inspector de Policía nos dijo que primero firmásemos los acuerdos de devolución antes de entrevistarnos con los migrantes, pero la mayoría de los letrados nos negamos”, recuerda el abogado Fernando Martín.

Los problemas de comunicación se hicieron evidentes enseguida y dos voluntarios de Cruz Roja que hablaban francés, un idioma que no todos los presentes dominaban, intentaron ayudar. El segundo día fue incluso uno de los ocupantes del cayuco que hablaba español el que tuvo que traducir a sus compañeros. En un primer momento, la traductora explicó el contenido de la orden de devolución a todos los presentes, pero la labor se complicó a la hora de la entrevista individual con los migrantes y que, en la mayoría de los casos, no pudo realizarse. “La entrevista es una garantía fundamental para el migrante porque su historia de vida puede cambiar totalmente su situación en España y no ejercieron ese derecho con todas las garantías”, mantiene la abogada Vania Oliveros.

El relato de estos abogados es de frustración. “Yo no tenía la seguridad de que estaban entendiendo lo que les estaba contando”, mantiene Martín. “Era absolutamente imposible que la intérprete tradujese a cada uno de nosotros. Se vulneró un derecho fundamental”, se queja la abogada Isabel González. “Hacíamos preguntas tan personales como si te persiguen por tu orientación sexual y tenían que responderlas en un salón delante de todos”, se queja otro de los abogados que prefiere que no se publique su nombre. “Aquello me pareció un paripé para que parezca que se cumple un procedimiento con unas garantías que en la práctica no existen”, añade.

En su visita a Gran Canaria el pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que todos los migrantes “tienen el derecho a la asistencia letrada y se les informa de sus derechos”. Se les asiste, afirmó, “con los intérpretes oportunos para que sus derechos no solo sean reconocidos formalmente sino también materialmente”.