Un juez prohíbe más ingresos de inmigrantes en el centro de internamiento de Gran Canaria para evitar contagios

El juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco (a las afueras de Las Palmas de Gran Canaria), Arcadio Díaz Tejera, ha emitido este jueves un auto por el que prohíbe el ingreso de nuevos inmigrantes en el recinto, actualmente ocupado por 42 personas (29 provenientes de Malí, 10 de Senegal, dos de Gambia y uno de Mauritania, provenientes todos de la misma embarcación). A su entender, este número de ocupantes componen el aforo máximo permisible para garantizar la salud pública de acuerdo con las medidas establecidas por el Gobierno de España en la lucha contra la covid en establecimientos penitenciarios y en centros de trabajo. El CIE de Barranco Seco cuenta con capacidad para 112 personas.

El juez explica en su auto que con esta medida trata de evitar episodios como el de marzo pasado, cuando se produjo “un contagio en cadena hacia todos los internos por el hacinamiento" y por la imposibilidad de mantener la distancia social que indican los epidemiólogos. Díaz Tejera advierte, además, de que si se produce un contagio en las instalaciones ordenará, como ya hizo en abril, un nuevo desalojo y cierre de las instalaciones. Contra este auto cabe un recurso de apelación en los próximos cinco días. Respecto a este posible recurso, Interior se ha limitado a asegurar que estudiará “todas las resoluciones a fondo, esta también” y que procederá “como mejor proceda para el interés general”.

Barranco Seco es una antigua cárcel edificada en 1934 con el objeto de servir como prisión provincial. Cuenta con dos plantas o pabellones de habitaciones con sus respectivas duchas y baños y aseos, dos zonas de salones para ver la televisión y dos comedores, además de un patio de esparcimiento de 200 metros cuadrados. Además, en el establecimiento también se ubica un almacén para vehículos en desuso del Cuerpo Nacional de Policía y una veintena de guías caninos de este cuerpo de seguridad, según explica el auto: “Hace perder muchos metros de la antigua cárcel” que podrían ser destinados a la prevención de contagios de la covid-19, estima Díaz Tejera.

Reapertura

El pasado 24 de septiembre, el Ministerio de Interior ordenó la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras casi cinco meses cerrados por la pandemia y retoma así los internamientos de inmigrantes en situación irregular para su posterior expulsión. Entre los centros reabiertos estaba el de El Matorral, en Fuerteventura; Hoya Fría, en Tenerife; y este de Barranco Seco. Estos centros constituyen una pieza clave en la política de devoluciones del Estado. En ellos se interna a ciudadanos extranjeros pendientes de la tramitación o ejecución de su expulsión, o devolución. Tanto la autorización del ingreso como el internamiento están sometidos a control judicial y la estancia no puede prolongarse más allá de 60 días. Los de Canarias tienen además una especial importancia para Interior porque, en pleno repunte de llegadas, le permite deportar desde ellos a Mauritania a los subsaharianos que hayan partido o transitado por el país africano.

Hasta ahora (y antes de su cierre por la covid), la entrada en estos centros se producía de forma más o menos automática tras pasar a disposición del juez de instrucción, dado que la única forma de evitarla era que el migrante solicitase el asilo. Hasta junio pasado, esta petición era recogida por la Policía y el Ministerio Fiscal, y los internos no siempre estaban informados de su derecho a pedir asilo o se les facilitaba el acceso al procedimiento. En septiembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz se convirtió el mes pasado en el primero en aplicar en España una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce la facultad de los jueces de instrucción para informar a los inmigrantes de la posibilidad de pedir protección internacional, recibir esa solicitud y dar traslado a la autoridad competente para resolverla. Esta medida ofrece a los migrantes un nuevo espacio para ser informados y para que puedan manifestar su voluntad de pedir asilo, lo que en la práctica evita su entrada en el CIE.