Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia: “El Catatumbo sella la muerte política del ELN”

Iris Marín (Bogotá, 48 años) no ha tenido paz en estos cinco meses como defensora del Pueblo de Colombia. Desde que tomó posesión, ha visto cómo la violencia del conflicto armado se recrudece a lo largo y ancho del país. El autodenominado Estado Mayor Central, una disidencia de las extintas FARC que abandonó los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, resiste los embates del Ejército en el Cauca y ahora lleva a los niños y adolescentes que recluta a morir en un nuevo frente de guerra en la Amazonía. La guerrilla del ELN, mientras tanto, ha terminado de dinamitar su proceso de paz tras provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo: un centenar de muertos y más de 50.000 desplazados.

“Da la impresión de que se estaban preparando para la guerra”, enfatiza Marín sobre el ELN y la expansión que llevó a cabo en simultáneo al proceso de paz. La crueldad de las acciones en el Catatumbo le hace pensar que la guerrilla engañó al Gobierno y a la sociedad cuando proclamó su voluntad de paz. Sin embargo, matiza que fracasó ese proceso, no la paz total en su conjunto. Señala que las negociaciones con otros grupos armados evitan una crisis humanitaria aún mayor. “Los disidentes de Calarcá no son unos angelitos: siguen reclutando y tienen control poblacional. Pero no tienen agresiones tan fuertes en contra de la población civil”, evalúa.

Pregunta. ¿Qué lectura hace de la crisis en el Catatumbo?

Respuesta. Sella la muerte política del ELN al romper cualquier conexión que pudiera quedar con su caracterización como un grupo de personas que se alza en armas contra un Estado que considera injusto. Hace décadas, desde que las guerrillas decidieron meterse en el negocio del narcotráfico, ha estado en duda su finalidad política. Había antecedentes en varias partes del país de confinamientos masivos, desplazamientos y cierta crueldad contra líderes sociales que no tomaban partido por ellos. En Arauca, por ejemplo, hay casos en los que fueron casa por casa sacando personas para cometer una masacre. Pero esta vez todo se juntó. Se nota una crueldad sin precedentes en contra de la población civil.

P. ¿Cómo es que Colombia no vio venir un escalamiento de la violencia que en pocos días sumó un centenar de muertos y 50.000 desplazados?

R. La Defensoría lanzó varias alertas sobre el Catatumbo desde 2020. Una última alerta de inminencia [de noviembre de 2024] detectaba un escenario de riesgo muy real y muy concreto. Creo que como Estado no le dimos la suficiente atención a la gravedad del asunto.

P. La alerta señalaba algunos riesgos para la población civil, pero no alcanzaba a prever el nivel de sevicia que hemos visto.

R. Advertimos que el pacto de coexistencia entre el Frente 33 [de las disidencias de las FARC] y el ELN probablemente iba a una ruptura. Y que, si eso ocurría, iba a haber desplazamientos o algunos homicidios. Pero es cierto que no vimos venir esta magnitud. Es una operación sostenida, simultánea en varios municipios, con listados [de personas a las que matar], que muestra una planeación. Tenemos información de que trajeron personas desde Arauca para que no tuvieran ningún tipo de lealtad o misericordia al atentar contra la población local.

P. Las víctimas de desplazamiento forzado ya quintuplican a las del siguiente mayor evento, el de El Charco (Nariño) en 2007. ¿Cómo se explica un movimiento tan masivo en tan poco tiempo?

R. Fue masivo y dirigido a toda una región de manera simultánea. Eso es lo que diferencia al Catatumbo de otros vaciamientos, como el de los Montes de María. Los paramilitares ejecutaban masacres pueblo por pueblo, y generaban desplazamientos en un margen de tiempo: produjeron un impacto comparable al del Catatumbo en varios meses o un par de años. Lo común en ambos casos es que creen que sacar al grupo rival es sacar a toda la población que ellos consideran afín al otro bando. Esto implica quitarle autonomía a la población y sacar a una parte muy importante, sin respetar el principio de distinción [entre civiles y combatientes].

P. ¿Cómo hizo el ELN para consolidar esta capacidad para infringir un daño de esta magnitud sin que se encendieran las alarmas?

R. En los últimos días he sentido que nos reclaman que la alerta no miró esa capacidad del ELN. Sobre todo el Gobierno, que ha señalado que era genérica o que no precisó los impactos. Creo que siempre podemos mejorar, pero nosotros no reemplazamos los análisis de seguridad; no hacemos inteligencia o infiltración de grupos. Me da la impresión de que la mejor información que se tuvo fue la de nuestro sistema de alertas tempranas y eso me enorgullece, pero me preocupa que sea la única fuente, o la principal. Es alarmante la falta de información pertinente de la fuerza pública.

P. ¿Qué tanto se fortalecen el ELN y los otros grupos mientras dialogan con el Gobierno?

R. Un análisis que hicimos de la evolución de los grupos armados en los últimos cinco años nos muestra su ampliación territorial. El Ejército Gaitanista de Colombia [o Clan del Golfo] creció de 213 municipios a 345, un aumento del 62%. La disidencias, un conjunto de grupos muy diversos, pasaron de 124 municipios a 262, lo cual implica que duplicaron su presencia. El ELN tuvo un aumento del 52%: de 146 municipios a 226.

P. Usted comentaba en una entrevista con este periódico tras tomar posesión que “las negociaciones de paz no han resultado en mejoras en la situación de vida de la gente”. Esto ahora es evidente en el Catatumbo. ¿Cómo concilia el compromiso con la paz con la frustración de que el ELN haya aprovechado para expandirse en estos años?

R. No puedo dar una respuesta contundente. Más bien, es un tema de análisis con varios elementos. Por un lado, es muy difícil seguirle pidiendo al Gobierno que mantenga una mesa de paz con el ELN tras una escalada como esta. Por otro, [antes del Catatumbo] las condiciones humanitarias por lo menos estaban contenidas y por eso las comunidades apoyan los ceses al fuego. A la par de la expansión, había reducciones en las cifras de homicidios de firmantes del acuerdo de 2016 y de los líderes sociales. Además, vemos que las disidencias de Calarcá todavía hacen parte de diálogos y están más contenidas. No son unos angelitos —reclutan, tienen control poblacional—, pero no han cometido agresiones tan fuertes en contra de la población civil. Yo diría incluso que la paz total no ha fracasado, lo que fracasó es el intento de paz con el ELN. Los procesos con Calarcá y los Comuneros del Sur [una escisión del ELN] representan una fuente de esperanza.

P. ¿El balance de estos años es que se contuvo la situación humanitaria a cambio de la expansión de los armados?

R. No sé si los grupos armados crecieron para desarmarse o para estar más fuertes cuando todo se rompa. En el caso del ELN, da la impresión de que se estaban preparando para la guerra. Me recuerda a cuando se rompió el proceso del Caguán con las FARC [en 2002]. El expresidente [Andrés] Pastrana salió a decir que era el colmo, que nos habían engañado. Y todo el mundo decía: “Sí, pero ya lo sabíamos”. Cambian los años y el contexto, pero también sale el Gobierno a decir que nos han engañado, y uno dice: “Sí, ¿pero el ELN alguna vez estuvo seguro en su voluntad de paz?”. Ellos dicen que sí, pero los hechos parecen mostrar que no.

P. Álvaro Uribe llegó a la Presidencia luego del Caguán y dio un giro militarista. ¿Teme que una mayor intervención del Estado escale aún más la violencia?

R. Hay muchos puntos en común, como una guerrilla que no da muestras de estar comprometida con el proceso y la decisión del Gobierno de decretar la conmoción interior. Pareciera ser que estuviéramos repitiendo un patrón de conducta: intento de paz, fracaso, rabia, conmoción interior y guerrerismo. Pero también hay diferencias importantes: el Gobierno no está tomando medidas de corte militarista como parte de la conmoción interior, la politización de los grupos ahora es marginal y los actores están cada vez más fragmentados. Creo, de todos modos, que no necesariamente existe una dicotomía entre paz y guerra. De pronto ambas cosas deben hacerse a la vez: adelantar conversaciones sin que eso implique dejar de proteger a la población a través de la justicia y la fuerza pública.

P. En los últimos días también visitó el Cauca, donde las fuerzas militares combaten al Estado Mayor Central de Iván Mordisco...

R. Hace 15 días estuvimos en Tacueyó. Es una zona absolutamente controlada por Mordisco: hay murales de Tirofijo [cofundador de las FARC], reglas sobre deforestación y no deforestación en la carretera e incluso emblemas del Estado Mayor en barriles de basura en las estaciones de policía. Fue tal vez la visita en la que me sentí más insegura. Nos habían dicho que el grupo sabía que íbamos y que lo permitía. Pero, cuando llegamos, nos alertaron de que estaba molesto porque algunos de los carros con los que íbamos no habían bajado las ventanas. Nos dijeron: “El grupo está bravo”. Me asusté mucho. Luego, la gente estuvo muy valiente para hablar y eso me sorprendió.

P. ¿Qué impacto han tenido los operativos militares?

R. El Estado Mayor ha disminuido su presencia en lugares como El Plateado, pero sigue resistiéndose muy fuertemente. El Estado no ha podido retomar completamente el control y el Ejército enfrenta retos importantes. Tiene que respetar el principio de distinción entre civiles y combatientes, pero el EMC se mete en las casas, guarda explosivos ahí. Entonces, ¿cómo haces para proteger a la población?

P. Mordisco especialmente ha encendido las alarmas por su aumento del reclutamiento forzado de menores de edad...

R. Los registros muestran que es el que más está reclutando, y ahora lleva niños y adolescentes del suroccidente a disputar el Guaviare con las disidencias de Calarcá. Pero todos los grupos están reclutando. Lo que pasa es que Mordisco es más torpe en ello, lo hace muy en contra de la voluntad de los chicos y con engaños, lo cual hace que deserten más y que nosotros nos enteremos en entrevistas con ellos o sus familias.