_
_
_
_

Los 40.000 desplazados del Catatumbo marcan un quiebre en la larga historia del desplazamiento forzado en Colombia

Las víctimas son casi el cuádruple que las del siguiente mayor evento de migración forzada en 28 años de registros oficiales

Uno hombre desplazado carga a un niño en sus brazos mientras espera para registrarse como víctima de desplazamiento forzado en el Estadio General Santander, en Cúcuta, el 23 de enero de 2025.
Uno hombre desplazado carga a un niño en sus brazos mientras espera para registrarse como víctima de desplazamiento forzado en el Estadio General Santander, en Cúcuta, el 23 de enero de 2025.Nathalia Angarita (REUTERS)
Lucas Reynoso

La violencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, en el noreste colombiano, ha llevado en la última semana al desplazamiento forzado de 40.000 personas. Alrededor de la mitad ha llegado a Cúcuta, la capital departamental, para escapar del fuego cruzado entre la guerrilla y las disidencias de las FARC, el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos y las pilas de cadáveres que nadie se atreve a recoger. Las imágenes han conmocionado a un país que había naturalizado las elevadas cifras de desplazamiento a lo largo de su historia. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló el viernes que la magnitud no tiene precedentes: “Puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo ‘evento’ desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia (1997)”.

El éxodo en el Catatumbo ha vuelto a poner los focos en el desplazamiento forzado, un delito que se produce cuando las personas se ven obligadas a dejar sus hogares por la fuerza o la intimidación, en particular por violaciones a los derechos humanos o para evitar efectos de un conflicto armado. Colombia es uno de los países con más casos en el mundo: se identificaron 8.805.519 víctimas entre 1985 y 2024, según el Registro Único de Víctimas (RUV). El peor año fue el 2002, cuando el paramilitarismo atemorizaba al país y 730.904 personas fueron desplazadas por la violencia. Desde entonces, la cifra ha tendido a la baja, aunque ha habido algunos repuntes y aún es elevada —en 2023, por ejemplo, fue de 290.405—. El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en 2004 continúa vigente y recuerda la negligencia que ha tenido el Estado en enfrentar la problemática.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció el martes que lo acontecido en estos días es “un fracaso de la nación”, en referencia a los enfrentamientos de los grupos armados y el ensañamiento del ELN contra la población civil. “Este puede ser uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea desde los hechos de La Violencia [1946-1966]”, declaró en X. Después, el viernes, decretó la conmoción interior en el Catatumbo y en la zona metropolitana de Cúcuta —este estado de excepción no se decretaba en el país desde 2008—. Mientras tanto, la cifra de muertos trepó a 80 —incluidos seis firmantes de los acuerdos de paz con las FARC—. El ELN ha quedado desacreditado como actor político: los diálogos de paz están suspendidos y la posibilidad de que se reanuden es cada vez más lejana.

Es difícil encontrar otros episodios de desplazamiento forzado que sean comparables. Sin embargo, para el sociólogo Andrés Suárez, especializado en el conflicto armado, la gran diferencia del Catatumbo no está en su gravedad. “Decir eso sería invisibilizar otros momentos históricos que fueron terribles”, afirma en un audio de WhatsApp. Para él, las particularidades están en lo masivo y rápido del desplazamiento. “Una característica del desplazamiento forzado en Colombia es que este tiende a ocurrir más a cuentagotas. La regla no son los éxodos masivos que vemos en África, Siria o Palestina, de ríos humanos que salen y salen. Los campos de refugiados son excepcionales”, explica. Cita unas cifras recopiladas en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Una nación desplazada (2015), en el que colaboró: solo el 17% de las personas desplazadas entre 1997 y 2004 fueron parte de movimientos masivos.

La magistrada Natalia Ángel, coordinadora de la sala de seguimiento de desplazamiento forzado de la Corte Constitucional, comenta que estas dinámicas comenzaron a cambiar en los últimos años. “Hace una década, solo entre el 4% y el 8% de las víctimas de desplazamiento forzado se desplazaban de manera masiva. A partir de 2017, este porcentaje empezó a incrementarse, y entre 2020 y 2022 se estimaba que entre el 20% y el 25% de las personas desplazadas en el país lo hicieron de manera masiva”, señala por escrito, en referencia a desplazamientos que implican el movimiento de al menos 10 familias o 50 personas. Asimismo, considera que es un “agravante” que también haya aumentado el número de confinamientos forzados en los últimos años. Señala que en el Catatumbo hay alrededor de 24.000 personas que no pueden salir de sus hogares por la violencia de los armados y que ven restringido su acceso a servicios básicos.

El más grande de los masivos

Pese a estos cambios en las dinámicas, no hay registros de un movimiento masivo que se compare en magnitud con el del Catatumbo. Las 40.000 víctimas registradas en estos días superan la suma de todos los desplazamientos masivos de 2024, cuando se contabilizaron 105 eventos que en su conjunto afectaron a 25.611 personas. Hasta ahora, el movimiento que había tenido el mayor volumen había sido el de El Charco (Nariño), acontecido en el 2007 por enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas militares. Según el RUV, la cifra de ese entonces fue de 11.672 víctimas, apenas un poco más de un cuarto de la crisis actual.

En estos 28 años de registros, solo 10 casos superaron las 5.000 personas, 253 tuvieron más de 1.000, y un total de 2.800 afectaron a por lo menos 50. No obstante, algunos números pequeños ocultan la magnitud del impacto en pueblos o zonas rurales. La masacre que los paramilitares perpetraron en El Salado (Bolívar), en el 2000, es el caso más claro: desplazaron a unas 800 personas, el 100% de la vereda homónima.

Más allá de los números, otro factor diferencial es la rapidez con la que el Catatumbo rural (que suma unos 200.000 habitantes) se está quedando sin población. Suárez explica que el vaciamiento de los Montes de María (al sur de Sucre y Bolívar) entre 1997 y 2002 implicó el desplazamiento de 400.000 de sus 500.000 habitantes, pero fue producto de una “sumatoria de eventos”, ocasionados por varias masacres a lo largo de los años. Los paramilitares asesinaron a campesinos a los que acusaron de ser la retaguardia de las FARC y obligaron a los sobrevivientes a irse, con el objetivo de liberar territorio para los ganaderos.

Otra particularidad histórica del Catatumbo, que lo diferencia del caso de los Montes de María y de eventos en el oriente antioqueño, es que gran parte del desplazamiento es directamente a una capital departamental. “Antes las masacres ocurrían en un pueblito y todo el mundo se iba al casco urbano más cercano. Después se disgregaban a las ciudades grandes”, dice Suárez. Para él, la llegada a Cúcuta implica una mayor visibilidad e impacto.

La frontera

El Catatumbo ha sido históricamente una de las regiones con más desplazamientos, pero no encabezaba los listados. El informe Una nación desplazada señalaba que a finales de 2014 la región ocupaba el octavo lugar en desplazamientos masivos (entre 77). Tenía el 3,4% de los casos, un porcentaje pequeño comparado con el 20,2% del Urabá, que vivió el inicio de las masacres paramilitares en los ochenta. Su mayor protagonismo en la actualidad refleja que hoy el Urabá está bajo el dominio indiscutido del Clan del Golfo, sin ningún rival que le haga sombra. Las disputas por las economías ilícitas y el narcotráfico se concentran en las fronteras del sur y el nororiente del país. En el Catatumbo, en el límite con Venezuela, el ELN y las disidencias de las FARC se enfrentan por más de 30.000 hectáreas de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Otro factor que ha sobresalido es la crueldad del ELN contra civiles a los que acusa de cooperar con las disidencias. El informe final de la Comisión de la Verdad indicaba en 2022 que los paramilitares, y no las guerrillas, eran quienes encabezaban los listados de responsables de desplazamientos forzados. Ahora, la brutalidad sin límites también se ve en el grupo insurgente. El presidente Petro señaló el pasado lunes que el ELN ya no es lo que solía ser: ahora imita el terror paramilitar y no representa los ideales de antiguos miembros a los que alguna vez admiró. “Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas”, dijo. “La masacre cometida por el ELN (...) calca perfectamente el accionar de los paramilitares cuando llegaron a la zona: masacre de campesinos civiles, en estado de indefensión”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_