Colombia decreta la conmoción interior en la región del Catatumbo y la zona metropolitana de Cúcuta

El decreto lo dice en varios apartes del texto: lo que se vive en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, es “una grave perturbación al orden público”. En la última semana, una ofensiva de la guerrilla del ELN contra un grupo disidente de las extintas FARC ha dejado al menos 60 personas muertas y cerca de 40.000 desplazadas, incluyendo unas 3.000 que han huido hacia la vecina Venezuela. De acuerdo con el Gobierno, “dichas perturbaciones no pueden ser conjuradas mediante el uso de las competencias, funciones y herramientas ordinarias de las autoridades estatales y, por tanto, resulta necesario emplear medidas extraordinarias”. De ahí la necesidad de declarar la conmoción interior, un estado de excepción que no se decretaba en el país desde el 2008.

Expedido este viernes 24 de enero y firmado por todos los ministros —como es requisito para que pueda entrar en vigencia— el decreto establece que, por los próximos 90 días, el Ejecutivo podrá adoptar “mecanismos y utilizar herramientas inmediatas que permitan conjurar la crisis y evitar su agravamiento”. El texto apunta a que “se hace indispensable adoptar medidas de excepción que permitan retomar el control del territorio afectado, impedir más desplazamientos forzados masivos y restablecer el orden público en la región”.

La conmoción interior no solo cobija a la región del Catatumbo propiamente dicha, con sus once municipios —Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata— y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. También afecta a la capital de Norte de Santander, Cúcuta, a donde ha llegado el mayor afluente de desplazados, y a su área metropolitana, que comprende los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.

Las facultades extraordinarias también aplicarán en los municipios de Río de Oro y González, al sur del departamento del Cesar y considerados una puerta de entrada al Catatumbo que ha sido “utilizada por el ELN para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados para el financiamiento de sus actividades”, según especifica el decreto. En total, el estado de excepción cubre a 19 municipios que suman casi 1,5 millones de habitantes.

Por el contrario, y pese a especulaciones sobre que la demora en concretar el anuncio presidencial se debía a ello, el decreto no incluye al departamento de Arauca, también con una fuerte presencia del ELN y de donde se presume se desplazaron tropas de esta guerrilla para la incursión armada en el Catatumbo. El Ejecutivo, que suspendió los diálogos de paz con esa guerrilla y le declaró la guerra, deberá emitir en los próximos días los decretos que, con fuerza de ley, tomen medidas concretas para enfrentar la situación. Todas las normas estarán sujetas a la revisión de la Corte Constitucional en las semanas siguientes.

En la noche del lunes, cuando ya se dimensionaba la escala de esta crisis humanitaria —el mismo presidente ha dicho que “puede ser uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea”—, Petro no solo hablaba de decretar la conmoción interior, sino también el estado de emergencia económica, social y ambiental, para destrabar los recursos necesarios para atender a los desplazados, que superan la capacidad de reacción de las autoridades locales. No obstante, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, un experimentado político nacido en Cúcuta, se opuso a la medida, que también era cuestionada por constitucionalistas que sostenían que no podía haber dos estados de excepción aplicándose al mismo tiempo.

Sin embargo, el decreto expedido este viernes señala que el Ejecutivo tomará medidas económicas para atender la crisis, aunque no determina cuáles. El Gobierno apunta a que la situación en el Catatumbo “crea una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación”, luego de que el Congreso le negara a Petro el monto que había propuesto para superar el déficit fiscal y garantizar el funcionamiento del Estado en 2025. En ese contexto, la resolución establece que la insuficiencia de medios económicos disponibles “exige que el Gobierno nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva, y faculte a las entidades territoriales para que en el marco de su autonomía puedan hacer lo pertinente”.

El Catatumbo es una tierra en disputa. Considerada la región donde hay más hectáreas de coca sembradas en el mundo, unas 30.000, varios grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico. El decreto especifica que en ella hay presencia de la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de dos grupos de disidencias de las Farc, que además tienen fricciones entre ellos: la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. También hace presencia el grupo delincuencial conocido como Los Pelusos, mientras que el Clan del Golfo, una amalgama de antiguos paramilitares y otros grupos ilegales, intenta ingresar a la zona.

En la última semana, Colombia ha sido testigo de imágenes que creía superadas: comunidades enteras huyendo del fuego cruzado, estadios y coliseos atiborrados de desplazados, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores e imágenes de cadáveres apilados que nadie se atreve a recoger. En medio de las contiendas, ha quedado atrapada la población civil. “De acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Justicia Transicional, con corte a 22 de enero de 2025, el consolidado de la población desplazada forzadamente es de 36.137 personas. En contraste, durante todo el año 2024 el RUV reportó un total de 5.422 desplazados forzadamente”, indica el decreto. Significa que en las tres primeras semanas del año el país ha superado siete veces el número de desplazados totales registrado el año anterior.