El Clan del Golfo se expande con ruido para presionar al Gobierno de Petro por una negociación política

Cuando a los líderes sociales del sur de Bolívar, Córdoba, el Bajo Cauca o el Urabá Antioqueño se les pregunta por la expansión del Clan del Golfo, dicen que prefieren no hablar del tema en este momento, menos por teléfono. Eliminan los mensajes de los chats minutos después de que son enviados y dejan de contestar de repente. Son los mismos liderazgos que, en los últimos diez años, habían denunciado con voz y rostro la cedulación que ha impuesto ese grupo armado en los territorios para controlar a la población civil, cooptar a las juntas de acción comunal y establecer alianzas político-militares. Pasadas incontables alarmas, hablan poco. “Denunciar en los medios no ha servido de nada”, dice en medio de ese silencio una de esas fuentes a EL PAÍS.

“Preferimos concentrarnos en sacar adelante a las comunidades”, explica la misma persona, que durante 15 años ha liderado procesos sociales e integrado mesas de paz. Lo dice adportas de que se cumplan dos meses de la apertura del diálogo sociojurídico entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (o Clan del Golfo, como lo ha denominado el Estado), la estructura armada más grande del país. Se trata de una amalgama de antiguos paramilitares y otros grupos ilegales que se viene expandiendo de forma vistosa y ruidosa, que hoy tiene tentáculos en al menos 15 de los 32 departamentos de Colombia, en los que se alimenta de diferentes rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la corrupción y las extorsiones.

El mismo presidente que ha aceptado dialogar con el Clan, se ha referido a ese grupo como “el nuevo paramilitarismo”. El carácter de grupo paramilitar, con el que Petro insiste en bautizar al EGC, no es del todo claro para Andrés Celis, analista e investigador de conflicto armado. En diálogo con este diario desde su exilio europeo, el antiguo funcionario de la Comisión de la Verdad explica que, por sus dinámicas criminales, “no han sido consecuentes con lo que etimológicamente significa ser paramilitar. Han sostenido relaciones históricas con las guerrillas (ELN y FARC) por los recursos y las economías ilegales, y no tienen ese componente contrainsurgente del paramilitarismo”.

En todo caso, el presidente recientemente ha sostenido que ese grupo pretende expandir su presencia a la región del Magdalena Medio, una zona con un historial extenso de conflicto armado. Fue allí que el martes, 1 de octubre, fueron masacradas cuatro personas. Aunque fueron asesinados en el municipio antioqueño de Yondó, eran miembros de la junta de acción comunal de la vereda Lejanías del cercano municipio de Cantagallo, en el montañoso y minero sur de Bolívar. Hasta ahora, ningún actor armado se ha hecho cargo de los homicidios y el Ejército Gaitanista ha negado estar relacionado con la masacre.

Más allá de ese hecho, el Clan tiene una estrategia desde la firma del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las FARC, en 2016. Comenzaron entonces a implementar el llamado Plan Mil, con el que pretendían contar con una fuerza de más de mil hombres en el Nudo de Paramillo, un corredor montañoso estratégico que conecta el golfo de Urabá en el Caribe, el Bajo Atrato chocoano, el Magdalena Medio y la frontera con Panamá. “Y lo lograron. De ahí hicieron expansión en el Bajo Cauca, suroccidente y suroeste de Antioquia, y de forma más soterrada hacia el oriente antioqueño”, dice Winston Gallego Pamplona, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, una oenegé de derechos humanos de Medellín que le ha hecho seguimiento especial a este grupo, que tiene particular presencia en el mismo departamento que las AUC fueron dominando y asolando.

Un documento de inteligencia policial conocido por EL PAÍS apunta a que el Clan tendría al menos 9.000 hombres en armas en todo el país, divididos en cuatro estructuras macro y bajo el mando máximo de Wilmer Giraldo Quiroz (conocido como Siapas) y Jobanis de Jesús Ávila (Chiquito Malo). Según ese documento, en el último año el Estado apenas ha logrado reducir sus combatientes en un 3%. Gallego, por su parte, dice que desde 2022 la estrategia de expansión cambió y ahora “hay un número mayor de movilización de tropas en los territorios”. Se refiere a que, si en otras épocas el control territorial era silencioso, sutil, ahora el Clan es capaz de “mover 80, 150 o 200 hombres armados, con uniformes, insignias, armamento largo en medio de los municipios a los que están llegando”. Es decir, que su cambio de nombre de Autodefensas Gaitanistas a Ejército Gaitanista tiene un sustento tan real como aterrador.

Los cambios en la estrategia responden al objetivo que tiene el Clan del Golfo de lograr que el Estado les reconozca estatus político, una caracterización que, hasta ahora, solo tienen algunas guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que da mayor margen en las negociaciones, por lo menos en teoría. “Llegan cooptando las cabezas más grandes de los liderazgos sociales, amedrentando a los presidentes de juntas o comprometiendo obras sociales para las comunidades”, dijo a este diario otra fuente desde un territorio con fuerte presencia del Clan. Minutos después de responder eliminó los mensajes de WhatsApp de su teléfono, “por si llegan a requisarlo”.

Una fuente cercana al grupo armado, confirmó que una de sus estrategias exitosas de reclutamiento han sido los altos pagos a combatientes que van, según explica, inician en dos millones de pesos (unos 475 dólares) mensuales para los mandos más bajos. Celis, el investigador exiliado, añade que también les ha funcionado subcontratar parte de sus actividades criminales con grupos criminales locales. “Se suman a bandas criminales en ciudades o a grupos subversivos mucho más pequeños para ofrecerles estatus, armamento o dinero”. Justamente, es sumando esos aliados a los 9.000 hombres en armas que calcula la inteligencia, la oficina del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, calcula que los combatientes que dependen del Clan podrían ascender a 12.000.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, por el que las extintas FARC desmovilizaron a unos 13.000 combatientes, el Clan del Golfo se ha convertido en el grupo armado más numeroso del país, que según la Defensoría del Pueblo es el que tiene presencia en más municipios. Además, se ha convertido en el principal obstáculo para implementar el acuerdo de 2016. Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un tanque de pensamiento especializado en conflicto y paz, advierte que el anuncio de diálogos con ese grupo en el marco de la política de la paz total ocurre cuando está al máximo de sus capacidades, con una exitosa expansión territorial, consolida una faceta política, gana o se mantiene a flote en las diferentes disputas territoriales que sostiene, resiste las acciones de la Fuerza Pública y mantiene una gran capacidad económica.

El Clan que intentó una negociación secreta con el Gobierno de Juan Manuel Santos no es el mismo con el que dialogará este Gobierno, apunta el documento Una mesa con el Clan: aportes en medio de una negociación incierta. Ahora controla de manera mucho más efectiva los territorios en los que tiene injerencia. “Con la captura y extradición de ‘Otoniel’, el Clan del Golfo se alejó de la idea de una estructura basada en un Clan Familiar (la familia Úsuga David) y empezó a consolidarse bajo el liderazgo de un Estado Mayor Conjunto, imprimiendo ajustes a su modo de operar”, observa la FIP. Sus nuevos procesos de expansión son más controlados, pues usa menos franquicias; ha creado la figura de “comandante político” y ha fortalecido sus procesos de formación interna; ha profundizado la cooptación o creación de organizaciones sociales y comunitarias, “y permitió que el liderazgo fuera asumido por antiguos mandos medios de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], que intentaron posicionar un cierto discurso contrainsurgente”.

También ha aumentado su capacidad de reclutamiento, en especial de personas con experiencia militar, como soldados y suboficiales retirados del Ejército, o antiguos mandos medios de las extintas FARC y del ELN, apunta el análisis del centro de pensamiento. En términos financieros, agrega, “amplió su red de contactos en el exterior para el negocio del narcotráfico, consolidó su participación en la minería ilegal, el tráfico de migrantes, la ‘protección’ a plazas de microtráfico, la contratación pública y la extorsión a muchas de las actividades económicas de las regiones donde opera”.

En la confusa geografía de la guerra, ha consolidado su presencia en el norte del país (donde es el actor hegemónico), y gran parte de la costa Pacífica. Gracias a su incidencia en estas regiones, se ha apoderado de zonas muy estratégicas para el narcotráfico, como los golfos de Urabá y de Morrosquillo, en el Caribe, o la costa Pacífica chocoana, detalla la FIP. “En su expansión desde Córdoba y Urabá hacia la costa Caribe del país, no ha encontrado mayor resistencia para asentar su influencia”, dice el documento. Aunque hay dos excepciones: el sur de Bolívar y el norte de Antioquia, donde una alianza entre el ELN y las disidencias de las FARC resiste la incursión del Clan; y en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), siempre reacias a unirse a otros grupos, conservan gran parte de su hegemonía, apunta la investigación.

El Clan busca consolidar la costa Pacífica, un corredor útil para la extracción de economías ilícitas y del narcotráfico, apunta Gerson Arias, uno de los autores del análisis. “La segunda lógica de expansión responde a crear un corredor entre el sur de Córdoba y el Bajo Cauca hasta la frontera con Venezuela, lo que implica llegar hasta el Catatumbo”, según detalla. Y también se propone recuperar más puertos sobre el Caribe. No es la primera vez que intentan cooptar territorios en Norte de Santander: desde 2022, combatientes comenzaron acercamientos a esa zona del país en la que comanda con holgura el ELN.

Los múltiples acercamientos con el Clan, un grupo involucrado en todo tipo de rentas ilegales que ha pasado por varios nombres, hasta ahora nunca han prosperado. Los analistas coinciden en que tienen una posición dominante en el mundo criminal. El Clan es responsable de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años, y sus tentáculos se extienden a ejercicios de control criminal asociados a la extorsión, la minería ilegal y la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También está involucrado en el tráfico de migrantes por la espesa selva del Darién que separa a Colombia y Panamá.

Aunque los intentos de acercamiento no han tenido mayores frutos, las propuestas que tienen, por ahora, sobre la mesa, apuntan a que pretenden un reconocimiento político del Gobierno y una desmovilización colectiva y no individual. El representante legal del grupo, Ricardo Giraldo, le envió una carta a Petro este 3 de octubre en la que aseguraba que el Ejército Gaitanista mantiene su “compromiso con la paz total”, y advierte que, seria un error dejar por fuera a un grupo que controlan “el 70 % del territorio nacional”. Este diario intentó establecer comunicación con Giraldo, para conocer su posición sobre la expansión y las denuncias de líderes por el recrudecimiento del conflicto armado, pero contestó que no sabía “quién es el Clan del Golfo”.