Las comunidades del Chocó asediadas por el ELN piden ser escuchadas en la mesa de diálogo: “En Sipí todos estamos confinados”

Al municipio de Sipí, en el sur del Chocó, solo se puede llegar en lancha. Son cuatro horas de recorrido desde Istmina, el pueblo más cercano, cuando el río está crecido; siete horas o más cuando está seco. “Todos en Sipí estamos en confinamiento por el paro del ELN. Todos. Somos 4.347 habitantes”, dice con preocupación y exactitud el alcalde, Jairo Antonio Murillo. Explica que en menos de seis meses, las 15 comunidades de Sipí se han desplazado cuatro veces por los enfrentamientos entre los grupos armados.

La disputa en esa zona del Chocó es entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Combaten desde hace años por el control de un territorio rico en minería de oro y platino, y clave para las rutas del narcotráfico. En medio de esos combates queda atrapada la población civil. “Los campesinos no pueden ir a sembrar ni a pescar”, denuncia Murillo en un encuentro realizado este fin de semana en el que los líderes sociales y las autoridades locales del Chocó le pidieron a la delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN ser escuchadas en esa mesa.

La reunión, convocada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, fue en un salón del Banco de la República de Quibdó, a la orilla del malecón del Río San Juan. Vera Grabe, líder de la delegación de paz, y los senadores oficialistas Iván Cepeda Castro y María José Pizarro asistieron al evento por parte del Estado para escuchar las denuncias de las comunidades víctimas.

La gobernadora asegura en diálogo con EL PAÍS que el más reciente paro armado, impuesto por el ELN solo unos días después de que esa guerrilla ampliara el cese al fuego con el Estado, afectó a cerca de 30.000 personas. “El cese al fuego es insuficiente porque se refiere a la ausencia de ataques solo entre la fuerza pública y la guerrilla. Creemos que debe haber un cese de hostilidades que se extienda a la comunidad”, insiste la mandataria, que lleva menos de dos meses en su cargo.

La gobernadora se ha convertido en una de las aliadas del Gobierno en las administraciones regionales. Sin embargo, es enfática en sus solicitudes: “Ese cese de hostilidades debe incluir, por ejemplo, que la guerrilla deje de poner minas antipersonales que afectan a los campesinos y que abandone las amenazas y las extorsiones”. Córdoba respalda las declaraciones del alcalde de Sipí: “Cuando hay paro armado, las personas no pueden ir al cultivo, ni al colegio. Ni siquiera al médico”.

Vera Grabe reconoce la necesidad urgente de avanzar en la protección de las comunidades que viven en la región del bajo Atrato y el río Baudó. “Definitivamente, las medidas de la negociación deben incluir a la población civil. No es suficiente un cese al fuego entre combatientes y el Ejército”, dice la jefe de delegación de paz del Gobierno. Y va más allá: “El proceso de paz no puede ser solo con el ELN, sino que debe incluir a los otros grupos armados para que efectivamente se supere la violencia”. La antigua congresista reconoce que no es satisfactorio el avance del proceso con respecto a la protección de las comunidades y la cesación de las violencias. “Estamos en un proceso que se construye paso a paso, para encontrar los caminos de superación de estas situaciones”.

Un primer avance para ese cambio es llevar las quejas y solicitudes de las comunidades directamente a la mesa de diálogo. El senador Iván Cepeda explica a EL PAÍS que del encuentro se lleva la certeza del respaldo de la gente del Chocó al proceso, pero también la tristeza de ver que muchas de ellas sufren una situación humanitaria muy difícil: “Nuestro deber es acelerar las conversaciones”, resume. Cepeda explica que en mayo se presentará el plan nacional de participación en el proceso de paz, que involucrará a muchas organizaciones, incluidas las víctimas del Chocó. “Mientras tanto, anuncio que habrá visitas de comunidades a la mesa de diálogos”. En el exitoso proceso con las FARC en La Habana, la mesa organizó visitas de comunidades, víctimas y otros actores importantes.

Cepeda coincide con el diagnóstico que hacen la gobernadora Córdoba, Vera Grabe y los alcaldes: “En el cese al fuego bilateral quedan por fuera otros grupos. Se ha hablado de un cese al fuego multilateral, pero parece muy difícil. Por ahora creo que la opción es explorar ciertas reglas mínimas de respeto a los derechos humanos con los actores armados”. El senador hace una promesa: “cada vez el proceso de paz con el ELN va a estar más en el territorio colombiano y menos en el extranjero”.

La defensora de Derechos Humanos y coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Elizabeth Moreno, reconoce el valor de que se escuche la voz de las comunidades en la mesa de diálogos: “Confiamos en que la negociación sea un éxito si en ella participan las comunidades, no solo el Estado y los victimarios, sino las víctimas”, dice Moreno. Y concluye: ”Es fundamental que se oiga nuestra voz, porque somos nosotros los que sufrimos las consecuencias de la guerra, los que nos toca salir desplazados, los que vemos a nuestros familiares morir, los que seguimos confinados”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.