La alianza entre el ELN y el Estado Mayor Central que busca detener el avance del Clan del Golfo recrudece la violencia en el sur de Bolívar

Una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la federación de disidencias de las extintas FARC que encabeza Iván Mordisco, genera preocupación en el sur de Bolívar. Los dos grupos armados libran allí una lucha encarnizada contra la expansión del Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia. En contraste con el enfrentamiento que tienen en otras partes del país, allí protegen en conjunto sus intereses regionales en la minería del oro y el narcotráfico. En el medio se encuentra la población civil: alrededor de 2.000 personas fueron desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

El centro de los choques está en el auge de la minería del oro. Esta actividad, característica de la zona desde la época colonial, genera interés entre los grupos ilegales ante factores como el aumento de la demanda mundial, la cotización del metal en máximos históricos y las facilidades para legalizarlo en la comercialización. Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indican que, entre 2014 y 2022, Colombia sumó 61.000 hectáreas de explotación de oro de aluvión —un incremento del 57%—. Contrasta con el mercado de la coca: aunque aumenta la producción, el precio promedio de una arroba (12,5 kilos) de hoja de coca ha caído más del 32% entre 2021 y 2023, de acuerdo con cifras recogidas en el departamento del Cauca por El Espectador.

Sin embargo, no todo es el rédito económico. Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, enfatiza que el Clan del Golfo tiene entre sus prioridades consolidar su arraigo territorial y que el negocio del oro le permite fortalecer las bases sociales entre la población minera. “A veces uno piensa mucho la lógica en relación con las rentas ilegales. Pero para ellos también es muy importante el dominio y el control social en la población”, subraya en una conversación telefónica.

Valencia agrega que el catalizador de la alianza entre el ELN y las disidencias es la posibilidad de perder el control de las minas. “Es un acuerdo pragmático que obedece a la preservación de los intereses de cada grupo armado y a la coyuntura regional”, comenta. El acuerdo muestra la necesidad mutua de sobrevivir ante la primacía del Clan del Golfo, así como la adaptabilidad de los grupos a cada región. Contrasta con situaciones como la de Arauca, donde el Frente de Guerra Oriental del ELN libra una guerra abierta contra el Frente 28 del EMC.

Alerta temprana de la Defensoría

Los enfrentamientos por el control territorial en el sur de Bolívar comenzaron a intensificarse el pasado septiembre. Entonces, la Defensoría emitió una alerta temprana en la que denunciaba la creciente violencia en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal. El texto señalaba que el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), había demostrado en los últimos años “un marcado interés por ingresar a zonas con presencia histórica del ELN y las FARC” y que había logrado “un importante posicionamiento a través de métodos de amenaza e intimidación sobre la población civil”.

La tensión escaló aún más a finales de noviembre. La Defensoría informó entonces sobre 1.400 personas desplazadas —la cifra escaló en los primeros días de diciembre a 2.136 personas, que el defensor regional explicó a este periódico que ya han retornado a sus hogares— y señaló que la población vive inmersa en “un ambiente de temor y zozobra” por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, no se refirió entonces al EMC, que en la alerta de septiembre aparecía mencionado en “acuerdos territoriales” de coexistencia con la guerrilla. Fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien unos días después confirmó la implicación de este grupo. “Hay una unión entre el ELN y disidencias enfrentando al Clan del Golfo”, dijo en declaraciones a medios.

El sur de Bolívar, una zona aislada que tiene por ciudad más cercana a la santandereana y petrolera Barrancabermeja, ha sido un territorio estratégico para los grupos armados desde que las primeras unidades del ELN llegaron en los años setenta, provenientes del otro margen del río Magdalena. Ha tenido algunos periodos cortos de relativa paz, sobre todo tras la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y los acuerdos con las FARC en 2016. Pero la disputa por la frontera agrícola, la minería del oro, los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico ha sido la dinámica más habitual.

En 2018, el ELN y el Clan del Golfo comenzaron a ocupar los territorios que antes controlaba las FARC. Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte, explica que hubo un acuerdo de coexistencia que mantuvo una paz relativa entre ambas organizaciones por un par de años. Duró hasta 2020, cuando llegó el EMC y rompió el equilibrio. Entonces, el Clan del Golfo terminó su alianza con el ELN y comenzó a expandirse.

Hay dos procesos que se acentuaron de forma simultánea desde inicios de 2022, según comenta Trejos. De un lado, el Clan del Golfo ha consolidado su poderío económico y su expansión en la zona con tropas provenientes del vecino Bajo Cauca, en Antioquia. De otro, el ELN ha sufrido varias bajas importantes y ha profundizado un declive en la región, que comenzó en el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018). “[La guerrilla] se ha quedado sin liderazgos que le impriman disciplina a las tropas. La degradación y los abusos con las comunidades le ha ido quitando base social”, remarca. Según señala el profesor, incluso el EMC ha tenido más capacidad de mover tropas para disputar el sur de Bolívar.

Refuerzo militar

El Gobierno de Gustavo Petro ha fortalecido la presencia militar en la región tras los desplazamientos forzados. A finales de noviembre, el Ejército anunció en envío de más de 600 uniformados con el objetivo de “brindar las garantías de seguridad para el retorno de las familias desplazadas”. Desde entonces, han informado de varios resultados operativos que han afectado “de manera significativa” los planes criminales del Clan del Golfo. “Durante la presente semana no se han registrado confrontaciones armadas con un control institucional efectivo del territorio”, asegura un comunicado del 1 de diciembre.

Los expertos consultados tienen una visión pesimista de la situación. El profesor Trejos define el sur de Bolívar como un territorio paradigmático de cómo “ha fracasado la política de seguridad y paz del Gobierno nacional”. Cuestiona que las fuerzas militares han llegado tarde y de manera reactiva a enfrentar un aumento de la violencia que se registra hace meses. Además, el profesor señala que el envío de 600 militares beneficia al ELN porque el Ejecutivo tiene un cese al fuego bilateral con la guerrilla y el EMC, por lo que los militares no pueden atacarlos y en consecuencia solo tienen la alternativa de focalizar sus esfuerzos en el Clan del Golfo. “En la práctica, la situación actual lleva a que el Estado tenga que pelear la guerra del ELN contra las AGC”, afirma. “Lo ideal sería un cese al fuego multilateral”, añade.

Una opinión similar tiene la analista Elizabeth Dickinson, del centro de pensamiento International Crisis Croup. Enfatiza en que es difícil conseguir avances en la política de paz en Bolívar cuando las negociaciones no incluyen al Clan del Golfo, el grupo con mayor capacidad de permear a la fuerza pública y de pagar sueldos para reclutar combatientes. “Eso los ha convertido en tomadores de decisiones. Ellos pueden presionar a los demás grupos y el Gobierno no tiene forma de limitar sus acciones. ¿Qué grupo armado va a desmovilizarse si el Clan del Golfo está esperando para entrar?”, apunta la experta.

Dickinson, además, explica que las dinámicas de expansión territorial y de control social que el Clan del Golfo muestra en el sur de Bolívar están vinculadas a las expectativas de ganar fuerza para una eventual mesa de negociación con el Gobierno. “La paz total misma ha regenerado una reconfiguración del conflicto. Ahora el campo de batalla es la paz total. Cada grupo quiere demostrar su poder, su influencia y su presencia territorial. Las AGC, por ejemplo, han desarrollado una retórica muy diferente a la de hace unos años”, agrega la analista.

Mientras tanto, el Clan del Golfo ha emitido varios comunicados en los que evidencia el escalamiento de la tensión en el sur de Bolívar y el territorio limítrofe del Bajo Cauca. El grupo rechaza tener alianzas con sectores de las fuerzas militares, algo que señala la alerta temprana de la Defensoría. Asimismo, niega estar detrás de los desplazamientos masivos y acusa a “los insurgentes” de instrumentalizar a la población civil. “Nadie de nuestras unidades tiene la orientación de insinuar que las comunidades tienen que desplazarse, ese es un discurso que tiene la insurgencia para agazaparse”, se lee en un comunicado en el que acusa a dos organizaciones específicas de colaborar con sus adversarios.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.