El Clan del Golfo recrudece su violencia y construye una base territorial en el sur del Cesar

La violencia del Clan del Golfo no cesa en Colombia. En lo últimos días se han conocido varias amenazas a docentes a lo largo del país y a magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hasta el presidente, Gustavo Petro, se pronunció el pasado domingo para advertir de que el grupo armado está cada vez más lejos de las negociaciones. “Si el Clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo”, declaró el mandatario en Twitter. Este lunes, la preocupación ha vuelto a escalar. La Defensoría del Pueblo ha alertado de que el grupo narcotraficante ha constituido un “nuevo epicentro” de operaciones en el sur del departamento caribeño de Cesar.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) denunció la semana pasada que varios docentes a lo largo del país habían sido amenazados. Un panfleto firmado por un bloque de Bolívar y Sucre incluía demandas como la renuncia de profesores pensionados y la entrega de sueldos a la organización. Días después, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, alertó que el grupo armado intimidaba a los docentes de su departamento para que se abstuvieran de dar clases: “[En Puerto Olaya] este grupo delincuencial ha llegado a los colegios y a los salones de clase para amenazar y torturar a los profesores, delante de los niños”.

Asimismo, el Ejército informó el viernes pasado que había rescatado a tres mujeres, víctimas del Clan del Golfo en Yolombo (Antioquia). “Un grupo entra a una vivienda, somete a sus integrantes —madre, hija, abuela—, las amarra y después abusa sexualmente de la madre”, relató el comandante Manuel González Díaz. La comunidad dio aviso a las fuerzas de seguridad, que rescataron a las mujeres antes de que los delincuentes abusaran también de la hija menor de edad.

La JEP, por su parte, denunció el sábado amenazas contra el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar. Ambos recibieron coronas fúnebres, acompañadas de mensajes en sus celulares que les notificaban que eran objetivos militares de la organización. Ramelli es especialmente conocido por sus investigaciones de “falsos positivos”, como se les denomina a los civiles asesinados que las fuerzas militares presentaron como guerrilleros durante la Presidencia de Álvaro Uribe. “Le pedimos [al Gobierno nacional] que desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos”, exigió la entidad en un comunicado.

Base en Codazzi, Cesar

El Clan del Golfo ha constituido un “nuevo epicentro” de operaciones en el sur del departamento caribeño de Cesar, según la Alerta Temprana de Inminencia 016-2023 que la Defensoría emitió este lunes. Se encuentra en las inmediaciones de Codazzi (59.000 habitantes) y “ha resultado estratégico” para expandir las actividades del grupo armado en el Corredor Minero del Cesar. Entre las amenazas identificadas se incluyen los mecanismos de reclutamiento forzado de jóvenes y el aumento de las extorsiones y los homicidios selectivos.

La alerta temprana denuncia el crecimiento de la organización en esa zona durante los últimos meses. Varios líderes sociales han enfrentado “un silencioso pero intenso trabajo” de cooptación y coerción. “Buscan, además de hacerse a una base social, ir perfilando aliados para que ocupen cargos de elección popular”, ha resaltado el comunicado. Asimismo, reclutan a menores de edad y a adultos para hacer parte de las redes de vigilancia e inteligencia del grupo armado. “Algunos [habitantes] son engañados por promesas del pago de un millón de pesos [unos 220 dólares] para llevarlos a patrullar en el monte”, ha remarcado el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría ha enfatizado en que varias acciones están destinadas a consolidar el poder territorial de la organización. “La real importancia [de las extorsiones] radica en que se convierten en un instrumento de control social”, ha señalado. Están en sintonía con el aumento de los asesinatos de personas “estigmatizadas socialmente”, como los criminales: “Pretenden transmitir el mensaje a la población de que han llegado para imponer el orden y garantizar la seguridad en el municipio”.

Generan preocupación, además, los patrullajes nocturnos por hombres que exhiben armas de fuego en los barrios periféricos de Codazzi y el aumento del consumo de drogas en los jóvenes a causa del crecimiento de las redes de microtráfico. El defensor del pueblo ha enfatizado en que el Gobierno debe tomar acciones “urgentes y contundentes”.

El Ejecutivo suspendió el pasado marzo el alto al fuego con el Clan del Golfo, anunciado por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2022. El Gobierno alegó que el grupo armado estaba detrás de la violencia en el paro minero de Antioquia. “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, declaró en ese entonces el presidente.

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