Denuncian amenazas por evitar que reabra una de las grandes minas de carbón en Colombia

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Desde principios de los años 90 varios municipios de Cesar, en el norte de Colombia, han estado marcados por su actividad minera, tanto así que a un grupo de ellos se les conoce como el “corredor minero de Cesar”. Allí, las comunidades han crecido y evolucionado junto al carbón, ya que empresas como la estadounidense Drummond, Prodeco (subsidiaria de la multinacional suiza Glencore) y Colombian Natural Resources (CNR, de la estadounidense American Consolidated Natural Resources) se han ido acomodando a su alrededor.

Pero hacia septiembre de 2021, esas lógicas se llenaron de incertidumbre, pues la Agencia Nacional Minera (ANM) del país aceptó que Prodeco renunciara a tres títulos mineros, dos en el proyecto Calenturitas y uno en la mina La Jagua, sin dejar mayor claridad de cómo sería el proceso de salida. Esto, según diferentes líderes de este último municipio, no solo les ha hecho preguntarse por el futuro de la región, sino que ha ahondado en los problemas de seguridad pública que ya tenían.

En una reunión en la que convocaron a varios medios de comunicación, líderes de La Jagua que prefieren mantener sus nombres en anonimato denunciaron que el contexto de la salida de Prodeco ha llevado a que muchos de ellos hayan recibido amenazas contra sus vidas. La mina en este momento no se encuentra en operaciones. Como explicó la misma empresa a América Futura, está en “proceso de cuidado y mantenimiento a la espera de la decisión final de las autoridades sobre la renuncia a los contratos mineros”, los líderes señalaron que hay presión por una parte de la comunidad para que reabra la mina. Quienes están recibiendo amenazas son el grupo de personas que considera que las minas no deberían retomar operaciones, pero que exigen que la empresa no las abandone antes de cumplir con un Plan de Manejo Ambiental con el que consideran que está en deuda.

“Vivimos intranquilos”, señaló uno de los líderes amenazados. “La inseguridad por ejercer esta defensa de nuestro punto de vista, de nuestro territorio, nos puede costar la vida”, agregó. Las personas que elevaron esta denuncia tienen en común que han sido muy críticos de la forma en la que Prodeco abandonará la mina y de la falta de un reglamento del Estado colombiano que garantice claramente cómo hacerlo sin vulnerar sus derechos, pues hasta el momento la figura de abandono de minas en el país es un caso inédito. Exigen compensaciones ambientales para la comunidad y nuevos planes de empleo para reemplazar los puestos que se perdieron con el cierre.

Otro de los líderes asegura que Prodeco no ha cumplido con todas las obligaciones que le imponía la licencia ambiental que obtuvo para operar la mina. Ante esto, la compañía respondió a este diario que “están trabajando con las autoridades locales y nacionales competentes para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones en desarrollo del proceso de entrega de la infraestructura minera al Estado colombiano”. Igualmente, afirmó que su obligación es “entregar la infraestructura y los activos mineros en condiciones operativas al Estado”, incluyendo los programas ambientales y “sociales para preparar a las comunidades para la vida posterior a la minería”.

En medio de este escenario y de la confusión sobre el cierre de las minas, un grupo de personas puso una acción de tutela que pide al Estado colombiano y a Prodeco establecer una mesa para discutir el plan de abandono. En septiembre pasado, la justicia les dio la razón. Esto, sin embargo y según este grupo de líderes, no ha menguado la conflictividad y polarización que se vive en La Jagua por el futuro de la mina.

“En este momento estamos vulnerables”, aseguran. “Hay gente en la calle que nos grita que por culpa nuestra es que cerraron la mina”, comentaron durante la reunión que fue convocada por investigadores de la Universidad de Magdalena, el Stockholm Environment Institute (SEI), la Asociación Interamericana de para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), POLEN Transiciones Justas y el Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Por su parte, Prodeco explicó a América Futura que rechaza las amenazas contra líderes sociales o cualquier persona, y que “hace un llamado a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de estas amenazas, así como a implementar las medidas de seguridad correspondientes para la prevención y protección de la vida y derechos humanos de los miembros de nuestras comunidades”.