330 contratos de exploración y explotación: el futuro del petróleo en Colombia

En línea con lo expuesto en sus propuestas de campaña, el Gobierno de Gustavo Petro ha confirmado la suspensión de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos hasta 2026. Lo hizo en voz de su muy visible ministra de Minas, Irene Vélez, en plena cumbre del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) de Davos, el epicentro anual del mundo financiero y empresarial. Las declaraciones, que se traducen en que el futuro del petróleo en Colombia dependerá del éxito de los contratos ya firmados, no tardaron en hacer mella en los circuitos del poder, y numerosas voces se alzaron públicamente en contra de una interrupción abrupta contra la principal fuente de ingreso de divisas.

Los anteriores tres gobiernos, de hecho, se han volcado durante lo que va de milenio en la tarea de convertir al país en una economía petrolera. Hoy, junto al gas y al carbón, constituye la mitad de las exportaciones del país. Por eso la primera pregunta para varios críticos es, ¿con qué actividad económica se va a compensar la medida, una vez disminuya la explotación de hidrocarburos? El exministro de Minas y Energía Tomás González teme que el Gobierno aún no lo tiene claro.

“Nadie está diciendo que la transición energética no hay que hacerla”, explica el hoy director del Centro Regional de Estudios de Energía, “ni que la lucha contra el cambio climático no sea importante. Lo único que estamos pidiendo es un proceso ordenado y con claridad sobre las responsabilidades en que nos embarcamos”. Recuerda, por ejemplo, que una cuarta parte de la inversión extranjera directa se concentra en el sector de hidrocarburos: “¿Qué va a pasar con las exportaciones? ¿De dónde van a sacar el dinero para pagar, precisamente, la transición energética, con un desbarajuste fiscal de esa magnitud?”

Sus dudas ante la falta de un plan de emergencia bien delineado resumen el temor de buena parte del sector gremial, pero también de expertos como el ingeniero de petróleos Óscar Vanegas, quien asegura que con los 330 contratos de exploración y explotación vigentes en “6 a 8 años el país tendría que empezar a importar petróleo”.

No tiene mucho sentido, según la mayoría de críticos, embarcarse en un camino tan abrupto justo en un momento en el que la economía mundial trata de sortear varios obstáculos, y en un país cuyas emisiones de CO2 son marginales. “El argumento del Gobierno”, opina Tomás González, “de que con los contratos firmados de exploración y producción basta, no es un argumento fuerte”.

Los estudios dirigidos por geólogos y autoridades oficiales, prosigue González, muestran que Colombia podría tener bajo tierra, según estimaciones prudentes, unas reservas potenciales de 9 mil millones de barriles. De la misma manera, se estima que las reservas probadas ascienden hoy a 2 mil millones de barriles: “Si uno mira lo que está por descubrirse, según los estudios, sería absurdo renunciar, traducido en cifras similares, a 75 reformas tributarias como la que se aprobó el año pasado”.

En la otra orilla se encuentra la coordinadora del instituto de Ambiente de Estocolmo en Latinoamérica, Elisa Arond. La académica valora la determinación del Gobierno y sugiere que, aunque será difícil, traerá beneficios que no se suelen citar por estos días en la prensa colombiana: “la atención internacional frente a un actor que se posiciona de primero en la región puede traer más acceso a cooperación internacional, reconocimiento como un actor competitivo en un contexto de transformación, o financiación para energía limpias”.

Su discurso resalta las bondades de un “enfoque inédito” para la sociedad colombiana. Recuerda que el ‘boom’ y los días de euforia de las materias primas son cosa del pasado y encuentra razonable que el Gobierno intente centrar su eficacia en los contratos ya existentes: “Hace rato estamos viendo que, a pesar de las grandes licitaciones celebradas, y todas las prebendas para las petroleras, el éxito de los descubrimientos ha sido muy modesto”.

Algo parecido piensa el ingeniero Vanegas, que recita las cifras de memoria: “En 18 años de vida, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha firmado 600 contratos de exploración y solo ha encontrado 11 mil millones de barriles”. Precisa que es “poco o nada”. Y añade que solo se han “incorporado 880 millones de barriles a las reservas probadas, lo que equivale a la producción de dos años.”

El académico Esteban Rossi, profesor de las universidades Javierana y del Rosario, pone el acento en que la evidencia científica es clara en que la transición energética durará décadas. Un proceso de largo plazo, repite, una vez tras otra. “El Gobierno colombiano, y en especial la ministra, insiste en desconocer eso y en hacer unas simplificaciones muy gruesas que generan mucho desconcierto”.

De ahí salta mostrar su malestar con la decisión, contradictoria a su juicio, de prescindir en el mismo paquete de las exploraciones de gas (cuyas reservas se ha calculado que alcanzarían para unos 8 años más): “ningún país en el mundo, y menos uno de ingreso medio como Colombia, ha podido hacer la transición energética sin el gas natural, compatible con nuestra infraestructura, limpio y más barato que el Internet en algunos sitios”. Meter el gas en esa discusión, remata, es un error estratégico y de lectura ambiental notable.

Depender a futuro de la ruleta rusa de los precios del barril de crudo ya no resulta una opción muy viable, coinciden las fuentes consultadas. Buscar alternativas se impone en la agenda como un asunto urgente. Tomás González recuerda que, de hecho, esa es la línea adoptada por Ecopetrol, la empresa más grande del país y de mayoría estatal: “Felipe Bayón, el presidente, lo dijo claro en Davos: hay que atender la demanda de gas y de petróleo, porque está ahí y no va a desaparecer. Pero en paralelo está liderando una agenda en investigación, en producción de hidrógeno azul y blanco, en la producción de pequeñas plantas hidroeléctricas o en programas de energías renovables”.

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