Un tribunal ordena posesionar a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

La interminable disputa jurídica por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia ha avanzado este martes con una decisión a favor de Ismael Peña. El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado que el académico sea posesionado al frente de la principal casa de estudios del país en un plazo de 48 horas. Los magistrados le han dado la razón a Peña, que emprendió una acción de tutela contra el Consejo Superior Universitario (CSU) por no haberlo nombrado en noviembre luego de dos fallos del Consejo de Estado que consideraba favorables a su designación. Para el Tribunal, las actuaciones del máximo órgano universitario constituyeron “una afectación directa del derecho fundamental al acceso y desempeño de funciones públicas” de Peña.

La disputa jurídica comenzó hace dos años, en marzo de 2024. El Gobierno de Gustavo Petro desconoció la legitimidad de una primera elección de Peña en el CSU, por cinco votos contra tres de Leopoldo Múnera, que era el preferido de los estudiantes: la entonces ministra de Educación y presidenta del Consejo, Aurora Vergara, se negó a firmar el acta tras cuestionar los métodos del proceso. El elegido se posesionó ante una notaría. En junio, el balance de fuerzas cambió y el Consejo Superior revirtió la designación para nombrar a Múnera, que había ganado una consulta no vinculante entre la comunidad académica. El Consejo de Estado resolvió esta parte de la disputa en dos sentencias a finales de 2025: en septiembre estableció que el nombramiento de Peña había sido legal pese a que la ministra no firmara la resolución; y en noviembre anuló la designación de Múnera.

Pronto quedó claro que no era el final de la disputa jurídica, sino el inicio de un nuevo capítulo. Peña aseguró, apenas minutos después de la anulación de la elección de Múnera, que el fallo lo reconocía como rector y que en tres días hábiles comenzaría a despachar. Múnera le salió al frente: la decisión judicial lo apartaba del cargo, pero el CSU debía definir su reemplazo. El máximo órgano universitario se alineó con esta última visión y designó de forma interina a Andrés Mora, quien era vicerrector general de Múnera. Sin embargo, la incertidumbre jurídica se mantenía. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, votó a favor del nombramiento, pero anunció que, por si acaso, solicitaría una aclaración al Consejo de Estado sobre cómo interpretar sus sentencias. El tribunal rechazó la petición hace unas semanas.

Los que defendían la designación de Mora señalaban que la anulación de la elección de Múnera no implicaba que Peña debiera volver al cargo. “Es una sentencia de nulidad electoral, que lo único que hace es decir si la elección fue legal o no. No es sobre el restablecimiento de un derecho, que tendría que haber sido resultado de otro tipo de demanda”, explicaba David Ernesto Llinás, profesor de Historia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, a este periódico. Para el académico, el CSU “no tenía otra opción que elegir a un nuevo rector”. “Si instauraba a Peña, podía actuar contrario al derecho: ninguna autoridad administrativa puede restablecer derechos”, enfatizaba, al tiempo que señalaba que la designación de Mora en interinidad era necesaria porque la universidad no podía “quedar acéfala”.

Desde el lado de Peña contraargumentaban que la anulación de la elección de Múnera implicaba que las cosas volvían a su estado anterior de manera automática. “Uno no puede pedir la restitución de un cargo que ya tiene. El nombramiento [de Peña] es válido desde esa fecha [marzo de 2024] hasta hoy”, apuntaba el abogado Humberto Vergara Portela. Para él, ni siquiera se podía reconocer que Múnera estuvo 18 meses en el cargo. “Se considera que nunca fue rector, que no existió”, comentaba. El académico aseguraba, además, que el Consejo Superior había incurrido en “una usurpación de funciones” y “un desacato judicial” al nombrar a Mora. “No puede haber un encargado cuando ya hay un titular [Peña]”, afirmaba. Se mostraba confiado de que todo se resolvería en cuestión de días. “Esto queda resuelto la semana entrante, tenemos todos los mecanismos”, subrayaba.

En enero, un juzgado desestimó una tutela de Peña contra la decisión del CSU de nombrar a Mora. Consideró que el reconocimiento de la validez de la designación de Peña en marzo de 2024 no implicaba su regreso al cargo y que la posterior anulación del nombramiento de Múnera no era un pronunciamiento sobre la situación de su antecesor. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ha interpretado lo opuesto y ha revertido ese fallo. Los magistrados han considerado que una mención del Consejo de Estado sobre su falta de competencia para restablecer derechos no implica que la designación de Peña perdiera vigencia. “Esa precisión no significó desconocer la validez del Acta 05 del 21 de marzo de 2024, ni despojarla de efectos jurídicos, sino simplemente delimitar el ámbito funcional del juez contencioso electoral”, aclara la sentencia. Después, añade: “La autonomía universitaria no habilita a desconocer un acto administrativo vigente ni a neutralizar sus efectos por vía de actuaciones posteriores”.

El fallo de este martes eleva la tensión en la Universidad Nacional. El nombramiento de Mora, que ahora deberá abandonar su cargo, había evitado que el movimiento estudiantil convocara a un paro. “El proyecto de universidad por el que hemos luchado se ve blindado con la posesión de Mora, que es un defensor histórico de la educación pública”, resaltaba a este periódico David Sánchez, estudiante de Derecho, en noviembre. Peña, a quien los estudiantes acusan de ser neoliberal y promover la privatización de la universidad, había recibido un sinnúmero de insultos durante meses. Ahora, tras casi dos años de disputa, él volverá al cargo. Los estudiantes, en tanto, han convocado asambleas para definir cómo expresarán su rechazo.