La paz total aún es esquiva en Arauca

Con los ojos encharcados y la voz quebrada, María Aguillón, integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, recuerda el atentado con carrobomba al que sobrevivió el 19 de enero. Más de 50 líderes sociales estaban en una edificación en el centro de Saravena, Arauca, cuando pasadas las diez de la noche, al son de un fuerte estruendo, vieron el techo y la pared caerles encima. El impacto se redujo gracias a que habían construido barricadas con piedras frente al edificio para protegerse. La única víctima mortal fue Simeón Delgado, vigilante del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ubicado al lado del edificio en el que se encontraba María, que quedó en ruinas.

Once meses después de lo que para María ha sido el evento más traumático de su vida, el panorama en Saravena, y en Arauca en general, sigue igual. La explosión y el asesinato de una veintena de personas semanas antes fueron apenas el inicio de uno de los períodos más cruentos de la región. La disputa entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Décimo de las disidencias de las extintas FARC ha dejado en lo corrido de este año 343 personas asesinadas y 18.900 desplazadas, según cifras de la Defensoría del Pueblo. El pasado lunes 5 de diciembre se registraron 5 homicidios en apenas tres horas. Los cuerpos aparecieron en diferentes puntos del departamento, varios con signos de tortura.

Así, mientras los comandantes nacionales del ELN le apuntan a negociar con el Gobierno bajo la sombrilla de la política de la paz total, sus estructuras están en plena guerra en uno de los departamentos con mayor presencia de esa guerrilla y el que le dio los recursos para evitar su desaparición hace 40 años. En Arauca, la paz total no se ha sentido hasta ahora.

“Al movimiento social quisieron desaparecerlo con ese atentado. Pero uno se cae, se sacude y se levanta porque la dignidad es grande. Cuando uno cree en lo que está haciendo, se levanta a pesar de que los impactos fueron muy grandes”, afirma Aguillón. Los principales blancos de las amenazas y la estigmatización han sido los liderazgos sociales, a quienes ambos grupos acusan de ser integrantes ‘orgánicos’ de sus rivales.

La confrontación ha sido atroz. En la lista de homicidios de este año aparecen desde campesinos y carniceros, hasta personal de la salud y políticos. Además, han sido atacados con explosivos las infraestructuras de bienes públicos como la Cámara de Comercio o la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. El miedo es tal que dos tanquetas del Ejército protegían el hospital público de ese municipio.

Un conflicto con historia

Para los araucanos el conflicto armado no es un tema ajeno. Se han habituado a vivir en medio del miedo y la zozobra, pese a que la mayoría coincide en que este año ha sido particularmente sanguinario. La escalada de violencia proviene de viejas rencillas entre las guerrillas. A inicios del siglo hubo una situación similar a la actual, cuando varios frentes del entonces Bloque Oriental de las FARC se enfrentaron al ELN buscando ampliar su control territorial en un departamento con ubicación estratégica.

La confrontación se extendió por alrededor de diez años hasta el 2010, cuando varios mandos de las extintas FARC y comandantes del Frente Domingo Laín del ELN, pactaron un cese de hostilidades. Entre los acuerdos se estipularon una suerte de fronteras invisibles en el territorio y se repartieron las economías ilegales. Por unos años los araucanos vivieron una tensa calma, que dio paso a una ilusión por los acuerdos de paz de La Habana en 2016.

Pero las esperanzas y la calma se esfumaron rápidamente. En los años posteriores a esos acuerdos varios mandos medios de las FARC que los firmaron retomaron las armas y conformaron nuevas estructuras armadas de la mano de miembros de bandas delincuenciales como ‘Los Garbanzos’, que operaba en el Casanare.

Tras el asesinato de numerosos lideres de estas disidencias, como alias ‘Arturo’ o alias ‘Ernesto’, el líder conocido como ‘Antonio Medina’ escaló hasta encabezar la estructura ‘Martín Villa’ o Décimo Frente. Ese frente fue el que, a inicios de noviembre, amenazó con un panfleto que asesinaría a 300 personas: “La idea es retomar Arauca, poner unos 300 muertos antes de diciembre” consignaba la amenaza. Casi un mes después, Medina se retractó en un vídeo: “El Estado Mayor Central de las FARC-EP en uso de sus atribuciones estatutarias me ordena retractarme públicamente y desistir de mi reciente declaración”, explicó.

El anhelo de una paz integral

En los primeros meses del año los árboles de chirlobirlo florecen y el paisaje sarareño, la región en la que está Saravena, se tiñe de amarillo y púrpura. Los colores se mezclan con el del ganado que ocupa la mayor parte de las sabanas araucanas. Zurcada por enormes oleoductos, por casi medio siglo esta región ha sido insignia en la producción de crudo. Aunque ahora pesa menos que en los años 80 del siglo XX, aún produce el 7% de todo el petróleo de Colombia.

Esa riqueza petrolera no ha aterrizado en el territorio. Los líderes sociales denuncian un abandono estatal profundo: más de 260.000 habitantes no tienen una universidad pública departamental y solo cuentan con un hospital público de tercer nivel, el de Saravena, y ninguno de cuarto nivel. Los pacientes con urgencias médicas tienen que viajar horas por carreteras destapadas que demuestran una infraestructura vial desatendida.

Esa ausencia ha llevado a que el rigor del conflicto afecte de manera especial a poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas o los niños que, al no contar con acceso a educación integral, particularmente en las áreas rurales, terminan engrosando las filas de los grupos armados. El caso más reciente son cuatro menores secuestrados el 24 de noviembre por el ELN. Los guerrilleros argumentaron que los retuvieron después de que los jóvenes intentaron lanzar una granada a establecimientos comerciales como una de las acciones bélicas del llamado Frente Décimo.

Justamente por eso, para la lideresa social Marcela Sánchez, de Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), para lograr la paz se debe dar solución a los problemas estructurales. En lo que coincide Aguillón, quien conversó con EL PAÍS en su oficina dentro del agrietado edificio en Saravena que las organizaciones sociales se niegan a abandonar. “No necesitamos más militarización en el territorio. Exigimos inversión social, oportunidades laborales y de educación. Solo así vamos alejar a nuestros hijos de la guerra, solo así podemos hablar de paz total”, sentenció.

Las dos lideresas aplauden el reinicio de los diálogos con el ELN, pero señalan que la paz debe ir mucho más allá. Ven con recelo que el llamado Décimo Frente pueda acogerse a la paz total bajo un estatus de grupo insurgente pues opinan que sus prácticas recientes, como los ataques con explosivos al movimiento social o las amenazas a centros médicos y bienes comunitarios, los convierten más bien en una “reorganización del paramilitarismo”. Consideran que la primera acción del Gobierno frente al ELN y las disidencias debe ser exigirles el cese inmediato de la violencia contra la población civil. Solo así es posible avanzar en la reconstrucción del tejido social de la región, explican.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo el 30 de noviembre que ya ‘estaban en conversaciones’ con ambos grupos. En el terreno, la realidad pinta más compleja. De acuerdo a varias fuentes con las que conversó EL PAÍS en terreno y que pidieron el anonimato por motivos de seguridad, los diálogos entre los armados son un desafío mayor.

Una fuente que tiene como saberlo porque conversa con los actores armados asegura que Medina manifiesta querer la paz y ha expresado tácitamente la voluntad de cesar hostilidades con el ELN, pero entre los elenos las opiniones parecen ser diferentes. El ELN es reacio a negociar con un grupo al que acusan de ser aliado de la inteligencia del Ejército. Así lo han expresado en varios comunicados y lo confirmó Aureliano Carbonell, uno de los comandantes del ELN, en entrevista con el medio RAYA: “No estamos hablando de una pelea entre fuerzas guerrilleras, sino una franquicia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Colombia”. Eso, en el lenguaje del ELN, significa que difícilmente verán al llamado Frente Décimo como un interlocutor válido.

En un escenario tan confuso y violento, los pobladores de Arauca desconfían de que la paz por fin llegue a sus tierras. Alex, un taxista nacido y criado en el departamento, dice entre chiste y chanza que es más fácil que se acabe el aceite para hacer arroz a que se acabe la guerra. “Ya uno se acostumbra. Anda por ahí con cuidado y procurando no deberle nada a nadie para no meterse en problemas”, afirma con resignación.

Quizá en compensación al atroz impacto de la guerra en sus comunidades o como muestra de una resiliencia en medio de la violencia es que los habitantes del Sarare se han tomado muy en serio los festejos navideños. Los árboles de las vías llevan ya adornos, borraron algunos de los graffitis que han hecho los armados en las paredes de las casas incluso con temor a represalías y las imponentes tanquetas militares se movieron a la sombra.

Aunque, según cuenta Alex, la gente prefiere celebrar en sus casas y no en las calles, las luces y el festejo se abren paso en medio de la barbarie. Por un par de semanas, incluso a sabiendas de que la guerra continúa y arrecia, los araucanos se niegan a cederle todo al miedo.

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