La pelea del ministro de Salud con la Corte Constitucional paraliza la reforma más defendida por Petro

Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el país ”no gobierna el pueblo, sino la burocracia”. Su molestia con los procedimientos del Estado es evidente. Siente que por cuenta de ellos no logra hacer los cambios que sueña. Lo repitió el jueves pasado, en la simbólica presentación de sus nuevos ministros. “La labor de este Gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de gobierno. (...) El Congreso tampoco los va a dejar, no, las cortes no lo van a dejar. El Estado colombiano no está hecho para construir un Estado Social de Derecho”. Y no se trata de un debate en el aire: la parálisis del polémico proyecto por el que busca cambiar el sistema de salud del país es una muestra de ese choque entre un presidente, que se denomina a sí mismo como un revolucionario, y las instituciones que naturalmente sirven de contrapesos y frenos al enorme poder presidencial.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, libra una batalla legal contra la Corte Constitucional. Médico y político de izquierdas, hombre de confianza de Petro, ha demorado la aplicación de varias instrucciones de ese tribunal sobre el actual sistema de salud. La Corte le ha ordenado ajustar al alza el dinero que el Estado les gira a las entidades promotoras de salud, o EPS, a las que se afilian los ciudadanos y que fungen como sus aseguradoras, y que el Gobierno señala de ser intermediarias ociosas, que además tienden a negar la prestación de servicios para lucrarse. Ante esa instrucción, Jaramillo ha pedido a los magistrados anular sus decisiones y luego aclarar sus instrucciones, ha recusado al magistrado encargado, ha tardado en girar otros montos. La Corte incluso ha señalado al ministro de desacatar sus órdenes. Las EPS, que desde 2023 acusan al Gobierno de buscar asfixiarlas económicamente para tener argumentos para su reforma, han hablado de argucias legales para no cumplirles.

Esa demora, que refleja la desconfianza del Gobierno en las EPS incluso ahora, cuando ha intervenido a la mayoría de ellas, ha terminado afectando el trámite de su reforma, que transformaría esas entidades en simples auditoras. Si en 2023 el Senado rechazó un primer proyecto de reforma, provocando así una gran crisis de Gabinete y el llamado del presidente a la movilización social, en esta ocasión la que la ha frenado ha sido la plenaria de la Cámara de Representantes. Es algo inesperado para el Gobierno, que cuenta con mayorías allí y confiaba en un paso rápido desde el año pasado, para enfrentar este semestre el escollo más difícil en el Senado. Lo que ha cambiado, precisamente, se debe a la postura del ministerio frente a la Corte.

La plenaria avanzó con la aprobación de un bloque de artículos en diciembre, y paró por el receso legislativo. En enero, el Gobierno anunció que la convocaría a sesiones extraordinarias, antes del retorno usual del 16 de febrero, para así culminar el trámite y tener los cuatro meses de las sesiones ordinarias para los debates en el Senado. El Ejecutivo tardó en emitir el decreto, en parte por la crisis humanitaria del Catatumbo, en parte por la crisis de Gabinete. Cuando finalmente lo hizo, apenas una semana antes de que se reiniciaran las sesiones, solo logró debatir dos días y sacar adelante un puñado de artículos. El tiempo corría en contra del Gobierno en este frente, al contrario de lo que ocurría con los giros a las EPS.

Desde entonces han pasado dos semanas —que parecen poco, pero tensionan más los tiempos— y el proyecto no ha vuelto a ser discutido. El motivo es que la definición del orden del día, el temario de cada reunión, depende del presidente y los dos vicepresidentes de la Cámara, y solo el primero, el verde gobiernista Jaime Raúl Salamanca, ha argumentado que debe ir la reforma. Los dos restantes, que al hacer mayoría pueden definirla, han argumentado que el ministerio incumple órdenes de la Rama Judicial y que debatir la reforma sería premiar lo que ven como una actitud inconveniente. Se trata de una posibilidad legal pero inusual, en parte porque usualmente la oposición solo tiene la segunda vicepresidencia.

En este caso, ese cargo está en manos de Lina María Garrido, del opositor partido Cambio Radical. Se trata de una feroz crítica de la propuesta de Petro. “Cuando les digan que me estoy ‘atravesando’ a la reforma de la muerte de Gustavo Petro, créanlo”, ha dicho públicamente la congresista por Arauca, a quien el presidente ha señalado de hacer filibusterismo (obstrucción parlamentaria). Pero a ella se le ha sumado el primer vicepresidente, uno de los congresistas elegidos por las 16 circunscripciones especiales de paz, curules temporales que solo existirán entre 2022 y 2026, y que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016 como forma de dar la voz a los territorios más afectados por el conflicto. Si la mayoría de esos congresistas son afines al Gobierno, lo contrario ocurre con José Rodrigo Tovar, elegido para estar en la mesa directiva. “Después de que el Ministerio de Salud empiece a cumplir las órdenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional, creo conveniente retomar la discusión de la reforma a la salud, antes no”, ha dicho el elegido por votantes del departamento del Cesar, en el Caribe colombiano.

El viernes pasado, el Ministerio cedió en uno de los dos puntos de mayor choque. Creó una mesa de trabajo para revisar el valor que le ha pagado el Estado a las EPS por cada afiliado entre 2021 y 2024, pues la Corte le dio la razón a las EPS en que no hay claridad en la forma en la que definió ese monto, y en que el ministerio ha incumplido con la obligación de que ese dinero sea suficiente para proteger el derecho fundamental a la salud. “Logramos que el Gobierno de Gustavo Petro cumpliera parte de lo ordenado por la Corte Constitucional”, dijo Garrido, y luego aclaró: “No les voy a firmar el orden del día que incluya la reforma de la muerte hasta que cumplan todo lo que indica la Corte Constitucional”. Tovar ha indicado que este lunes revisará qué más ha ocurrido para definir cómo actuar. De él, por ahora, depende la reforma que Petro ha convertido en su gran bandera de cambio.