El presupuesto de Petro para las EPS agranda la grieta entre el Gobierno y el sector de la salud

El sector de la salud ha sumado este Año Nuevo un nuevo capítulo a su largo enfrentamiento con el Gobierno de Gustavo Petro. Ha caído como un balde de agua fría la decisión del Ejecutivo de solo aumentar un 5,36% la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), el monto que le paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado. Es una mejora exigua en comparación a la que reclamaban las aseguradoras, los hospitales y varios expertos para evitar el colapso de un sistema que lleva años en crisis —algunos cálculos señalaban que se requería un incremento del 16,9%—. Por ello, gremios, exfuncionarios y académicos advierten que los pacientes se quedarán sin citas, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.

El Gobierno incrementó la UPC anual de 1.444.000 pesos (unos 329 dólares) a 1.521.000 (alrededor de 346). Es una subida apenas por encima de la inflación de 5,2% registrada a noviembre, cuando los gastos del sector se incrementan por otros factores como la devaluación del peso, la inversión en nuevas tecnologías y el aumento de 9,5% del salario mínimo. La forma del Gobierno de comunicar la decisión no ayudó. Después de semanas de discusiones, el Ministerio de Salud anunció el incremento apenas unas horas antes de cerrar el 2024. El jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, había salido de vacaciones, la resolución la firmó su secretario general y la ciudadanía se enteró por un comunicado y por un video en el que una funcionaria de rango medio explicaba la decisión.

Los críticos incluyen a la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Sobresale la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), que está compuesta por empresas estatales y suele apoyar al Ejecutivo en proyectos a los que las demás se oponen, como la reforma a la salud. También se han pronunciado en contra personalidades de diversos ámbitos: exministros, secretarios de Salud, congresistas, académicos.

La información poco confiable

El argumento central del Ministerio es que las EPS no entregaron información adecuada para sustentar un ajuste más alto. Según el comunicado, los reportes son de “baja calidad y poca confiabilidad” y tienen inconsistencias: incluyen elevados gastos médicos sin justificación, pagos de medicamentos por encima de los precios regulados y una amplia variación entre pagos por los mismos servicios. “Incrementar la UPC más allá de la inflación causada con información incorrecta sería una medida irresponsable y populista que pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación”, se lee en el texto.

El Ministerio, además, señala “el incumplimiento injustificado del deber legal de constituir reservas técnicas”, en referencia a los recursos que las EPS deben destinar a imprevistos. El comunicado señala que el Estado entregó a las aseguradoras unos 82,4 billones de pesos para ello durante 2024 y que estas no le han informado de su manejo. “Seguimos insistiendo: ¿Dónde están los recursos de las reservas técnicas?”, cuestiona. El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, negó en Caracol Radio que haya motivaciones políticas en la decisión y aseguró que es “un tema de metodología” para proteger el buen manejo de los fondos. “Son recursos públicos, no privados; no están a discreción de cualquiera (...). En el pasado hubo mucha laxitud”, dijo.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud del Gobierno de Juan Manuel Santos, contraargumentó en la misma emisora que el Estado hace auditorías a los recursos a lo largo del año y que el Ministerio podría haber avisado antes sobre los problemas. “No les creo. Me parece más bien una forma de fijar [la UPC] a dedo, de manera caprichosa”, comentó. Algo similar consideró la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, que señaló en W Radio que la última retroalimentación fue en octubre y fue positiva con ocho EPS. Criticó, además, la falta de un desglose para saber cuáles son las EPS que tuvieron irregularidades en sus reportes: “Pedimos transparencia y responsabilidad”.

Lo que más rechazo ha producido es que estas acusaciones de información poco confiable se dan en un contexto en el que ocho EPS están intervenidas por el Ejecutivo. Fernando Ruiz, exministro de Salud del conservador Iván Duque, enfatizó en X que la Administración de Petro debe hacerse cargo. “Es la responsabilidad del propio Gobierno, que controla el 60% de los afiliados”, resaltó. El caso más grave es el de la Nueva EPS, una empresa mixta que el Ejecutivo intervino el año pasado y que tiene 12 millones de afiliados. El viceministro Martínez reconoció en sus declaraciones radiales que uno de los problemas es que esta aseguradora aún no ha certificado los estados financieros de 2023, pero defendió que todavía no estaba intervenida cuando comenzaron los incumplimientos.

Los pacientes afectados

El argumento principal de los críticos es que, más allá de la metodología, el sistema necesita de más recursos para evitar un colapso. “Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos”, se lee en el comunicado de Acesi. Los hospitales estatales están en una situación desesperante: en el Valle del Cauca, por ejemplo, denunciaron deudas impagas por parte de la Nueva EPS y Emssanar, y tuvieron que recortar servicios.

La respuesta del Gobierno es que las EPS no tienen dinero por la corrupción de sus dueños. Después de que el exalcalde bogotano Enrique Peñalosa asegurara en X que el desfinanciamiento del sistema es “criminal”, Petro le respondió con una lista de casos de desvío de fondos, ocultamiento de deudas y dinero “regalado” por otras administraciones. “¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos?”, le dijo. La congresista petrista Martha Alfonso, por su parte, señaló un vínculo que existe entre la falta de información adecuada y los malos manejos. “No podemos seguir entregando billones de pesos sin claridades de sus usos”, apuntó.

Los críticos del Ejecutivo responden que también hay casos de corrupción en las EPS intervenidas y que es injusto que los pacientes paguen los platos rotos. Juan Senior, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, enfatizó en X en la necesidad de investigar y castigar la corrupción, pero dijo que ese proceso no puede “dejar a los pacientes sin la atención adecuada”. Algo similar consideró Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios: “La corrupción es para atacarla, para acabarla, pero la salud no se puede dejar sin recursos. Es criminal poner en peligro la vida de los pacientes. Es otra forma de corrupción”.

La presunta venganza

El condimento más político lo puso el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar. El exsenador responsabilizó a la oposición por haber hundido la reforma tributaria que buscaba sumar recursos al presupuesto de 2025. “Congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la Ley de Financiamiento, ahora salen a llorar (...) ¿Creyeron que con la estrechez fiscal el Gobierno salía a sacrificar a los más pobres por llenarles los bolsillos a las EPS como hicieron otros gobiernos?”, dijo. Según Bolívar, el presidente debería volver a presentar su reforma, ahora que la oposición entendió las consecuencias de rechazarla.

El exsenador petrista deja en evidencia cómo la disputa ideológica se mete de lleno en la crisis del sistema. El exministro Gaviria, que dirigió la cartera de Educación en los comienzos del Gobierno Petro, le ha respondió que su mensaje era un ejemplo de “la venganza indolente” como forma de hacer política. “Si se profundiza la crisis de la salud, si se clausuran más servicios, si se cierran clínicas, si los pacientes mueren, eso no importa. Es un merecido castigo político, dicen”, escribió en X.

Bolívar, en tanto, insiste con su argumento de la crisis fiscal. “No es una venganza, es una necesidad. El Gobierno tiene que ahora distribuir el presupuesto de inversión entre muchos rubros sin tener todo el dinero, y ahí tiene que haber recorte. Los congresistas que negaron ley de financiamiento son los culpables de que el Gobierno no tenga la caja suficiente para ponerle los precios que ustedes necesitan a las UPC”, resaltó. “La venganza es la de la clase política contra Petro (...). No perdonan que una persona del pueblo, de abajo, haya llegado a la Presidencia”, concluyó.