Bruce Mac Master: “Uno no puede andar toreando todos los días los miedos de la gente si quiere que inviertan en el país”

Bruce Mac Master (Cartagena de Indias, 59 años) está apurado. Suele estarlo, pero esta semana lo está más. Como cabeza del mayor gremio del empresariado colombiano, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), prepara el Congreso Empresarial Colombiano que se desarrollará en Medellín entre este miércoles y el viernes. No es el primero que hace, pues encabeza la poderosa entidad desde 2013. Conoce lo público, pues fue viceministro de Hacienda y luego el primer director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), una entidad encargada de la política social del Gobierno y de los programas para las familias más vulnerables, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Y tiene experiencia en lo privado, pues fue uno de los fundadores de una de las mayores bancas de inversión del país, Inverlink. Mientras ultima detalles para un encuentro en el que no solo participan grandes empresarios, sino ministros, congresistas, rectores universitarios o expertos internacionales, aclara que no sabe si asista el presidente Gustavo Petro, de quien ha sido crítico. “Me reuní con él en la Casa de Nariño y le entregué su invitación. Estoy a la espera de que me confirme”, explica a pocas horas de que comience la convención.

Pregunta. En los últimos días, usted ha venido advirtiendo que la anunciada reforma tributaria podría llevar a Colombia a la recesión. ¿Por qué lo dice?

R. Así es, y lo digo porque en la ANDI hemos corrido modelos matemáticos sobre el impacto de las dos reformas anteriores, la de 2021 del Gobierno de Duque y la de 2022 de este Gobierno. Hemos encontrado que han tenido varios impactos negativos, pero especialmente en la inversión. Colombia suma dos años sin inversión, lo que hace casi imposible que la economía pueda crecer. Ahora viene efecto acumulativo sobre inversión. Hay que tener en cuenta que, en estos dos años, el presupuesto general de la nación ha crecido un 41% en términos nominales, mientras el gasto en burocracia lo ha hecho un 49,5%. En términos reales, descontando la inflación, ha sido un 26%. Lo que hay es un gasto ya muy grande que no produce inversión futura, ni aumenta la productividad, un asunto clave por el que el presidente ha señalado preocupación. Si eso ha pasado en los dos primeros años del Gobierno, tenemos un reto gigantesco que nos lleva a preguntar si debemos pagarle 12 billones de pesos más al Estado para que lo aumente, que es la cifra que el Gobierno dice que le falta por financiar del presupuesto que presentó para 2025.

P. El Gobierno señala que en parte se debe al aumento del costo de la deuda...

R. Sí, y es cierto. Pero lo que encontramos es que en buena medida se debe al aumento de la incertidumbre, algo que también hemos calculado en la ANDI. Eso se nota en el aumento del spread [la diferencia en las tasas que se pagan a los acreedores] frente a países comparables como Perú o Chile, que ya es del 32%. Al final, lo que pasa sencillamente es que la economía de Colombia no puede cumplir la ambición de gasto del presidente, que si se mantiene nos puede producir un efecto recesivo grave. Acá algo fundamental es que el Congreso parece no tener claro que debe dar ese debate es ya, al discutir el monto del presupuesto. Si lo aprueba, nos lleva indefectiblemente a una tributaria de mínimo esos 12 billones, porque la consecuencia de un presupuesto desfinanciado es una ley de financiamiento —y que puede ser por más dinero, según ha calculado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal [un equipo independiente de expertos que conceptúa si el déficit del Estado cumple con una regla aritmética que está en la Constitución, la regla fiscal]―.

P. En lo que no intervendrá el Legislativo es en el encausamiento de los créditos bancarios a ciertos sectores económicos, como había propuesto el presidente ¿Qué opinión le merece el llamado “acuerdo por el crédito”, entre el Gobierno y el gremio de los bancos?

R. Me parece muy interesante. Se logró con una propuesta que habíamos hecho, que el Gobierno usara las herramientas que ya existen de dirigir los fondos de garantías y los subsidios estatales a ciertos sectores, para que se entreguen más crédito a ellos. Se evitó una catástrofe. Lo que venía iba a tener un impacto demasiado grave, porque la simple presentación de un proyecto de ley para que el Congreso aprobara las inversiones forzosas, como propuso el presidente, habría aumentado la incertidumbre. Es que el Gobierno debe entender el impacto negativo de esos debates que crea y que generan dudas sobre el país, un efecto que incluso llega al fisco. Lo que necesitamos es revertir la caída en la inversión, y para eso se necesitan afirmaciones confiables del Estado alrededor de cosas que se van a mantener o se van a hacer. Uno no puede andar toreando todos los días los miedos de la gente si quiere que vayan a invertir.

Eso se nota, por ejemplo, en el sector energético, donde decisiones que estaban tomadas están frenadas. Se acumulan ya más de cinco años de atraso en la toma de decisiones, lo que quiere decir que incluso viene del Gobierno anterior, pero que se acumula. O se nota en la salud, donde se invertían alrededor de 600 millones de dólares al año, y ha caído a menos de 300 millones. Y es que ¿quién va a ser tan loco de invertir si no se sabe si la estatal Adres va a pagar, si la UPC va a ser suficiente, si el Gobierno lo va a investigar, así haga todo bien?

P. Se le ve muy negativo... ¿no encuentra hechos positivos del Gobierno en lo económico?

R. Claro, hay cosas. Lo más notable es la valentía política en su manejo de los precios de los combustibles. Subirlos no es una decisión fácil, y no se logra sin costo político. Otra que puede ser buena es si logra canalizar el crédito con el pacto que acaba de firmar, aunque está por verse cómo se concreta ese acuerdo.

P. Para eso se inician unas mesas sectoriales. La primera, según indicaron el ministro y el presidente de Asobancaria, es la de vivienda, un sector muy golpeado por cambios en la política pública.

R. Eso funcionaba muy bien. Nos enredamos en lo ideológico, porque el Gobierno decidió solo dar subsidios a los supervulnerables, asumiendo que eran capaces de pagar un crédito, a la vez que eliminó los programas que les entregaban viviendas grandes. Advertimos mil veces que era imposible, y pasó lo que pasó: cuando las personas llegaban al último momento, cuando tenían aprobado el subsidio y con la vivienda elegida llegaban al banco a pedir su préstamo, resultaba que las entidades no les podían prestar porque no cumplían los requisitos. Entonces, un sector que ha sido muy importante para la economía, jalonó todo para abajo. Ojalá el pacto ayude a reactivarlo.

P. ¿Ve impacto de esa estrategia conciliadora del Gobierno en sus reformas sociales?

R. El ministro del Interior nos invitó a una reunión este lunes, con su colega de Salud y el director de la Adres, y el avance que tuvimos es que se comprometieron a mostrarnos el texto que no conocemos aún. Es un paso, pero demuestra hasta qué punto es cierto que esté concertada. Por ahora, digo que cualquier reforma debe cumplir con dos principios generales: lograr una mejor atención de salud de forma inmediata, planeando la transición de un sistema a otro paso por paso, y ser sostenible en el mediano y el largo plazo en lo fiscal. Cuando a nadie le han mostrado las cifras de su costo fiscal, no se sabe cómo se va a financiar cualquier cambio. Sin esas dos cosas, no deberíamos hablar de reforma. Mientras tanto, el Gobierno ha tomado decisiones administrativas que interrumpen el flujo de caja del sistema, con la idea de que al ahogarlo llevaba a los actores a aceptar la reforma. Lo que aplicaron al sector salud, la presión para negociar, es lo que debieron hacer a los grupos ilegales,

P. ¿Y la reforma laboral?

R. Sobre ella, tres críticas. Primero, es increíble que este Gobierno haya roto el diálogo social. Eso empezó bien, pero se rompió cuando el Gobierno decidió presentar las reformas sin conciliarlas. Luego ha tomado decisiones sin hablarlas, ha emitido conceptos inconsultos. Por todo eso me fui ante el director general de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como principio el trabajo tripartido entre trabajadores, empresarios y Gobiernos. Logré que la organización internacional de empleadores presente una queja por ese actuar del Gobierno colombiano. Bueno, los otros puntos: la propuesta no genera empleo ni ataca la informalidad, el gran elefante en la sala. Es una gran sorpresa que una ministra de orígenes sindicales deje de lado los tres temas. La reforma se dedica a quedar bien con los trabajadores sindicalizados.

P. Pero el Gobierno cedió en la parte que tenía que ver justamente con las negociaciones colectivas, los sindicatos...

R. Yo diría que el de ahora es un texto menos malo. Por ejemplo, el original prohibía el diálogo directo entre los empleados y los empleadores, tenía que ser a través de los sindicatos.

P. En conclusión, es usted muy crítico de las propuestas del Gobierno.

R. Ninguna ha cogido fuerza y tienen debilidades. Por ejemplo, una transición energética sin planificación nos lleva a un riesgo inmenso de la perdida de la autonomía energética. La política de subsidios es errada; no se debe regalar plata sino generar las condiciones que terminen eliminando la vulnerabilidad de forma permanente. Los actuales, que llevan dinero al bolsillo de las familias, pisan las fronteras de entregar dádivas para bien y para mejorar en la favorabilidad.

P. ¿Espera al presidente en el encuentro de Medellín, para hablar de eso?

R. Él está invitado, claro. Yo personalmente fui a la Casa de Nariño, nos reunimos y le entregué la invitación. El primer año fue, el segundo sencillamente no llegó. Este año les he pedido que nos aclaren si va. Ojalá que sí, para que haya un diálogo.

P. ¿Qué diría en ese diálogo?

R. Vaya el presidente o no, conversaremos alrededor de lo democrático. Como los capitanes de los barcos en las tempestades que se agarran al timón, nos aferramos a la democracia, las instituciones y la Constitución. No podemos olvidar los temas grandes por dedicarnos a la la farándula política, a la polarización, a quién será el candidato en 2026. Debemos volver a debatir los temas estructurales, pensar en el desarrollo económico, el desarrollo social, la superación de la pobreza y las inequidades.

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