Petro, entre la gobernabilidad democrática y la cacocrática

Sin duda, el presidente Gustavo Petro se ha debatido durante su administración entre ambas gobernabilidades. El escándalo de corrupción en la UNGRD y la presencia de Armando Benedetti en el reciente Consejo de Ministros televisado son las expresiones más graves de la tensión entre ambas gobernabilidades. La gobernabilidad democrática, representada en dicha conflictiva sesión ministerial por las exministras Susana Muhamad, de Medio Ambiente y Francia Márquez, del ministerio de la Igualdad, colisionó con la gobernabilidad cacocrática en cabeza de Armando Benedetti. Una gobernabilidad es democrática cuando sus políticas públicas y decisiones son el resultado de la deliberación, la legalidad, la búsqueda del interés público y el mayor bienestar de la población, por lo cual nada tiene que ocultar. Por el contrario, es cacocrática cuando en ella predominan las transacciones sin deliberación, pues no buscan el interés público, sino privilegiar sectores económicos, partidistas, gremiales o hasta criminales, circunstancia por la cual transcurre tras bastidores, en medio de la penumbra y los conciliábulos, de allí su ilegalidad.

No hay duda que esta última “gobernabilidad” –que es la ingobernabilidad causada por la corrupción– ha predominado en Colombia en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, siendo una constante y un desafío que deben enfrentar todos los gobiernos. Por eso ninguno ha estado a salvo de los escándalos y la corrupción. Justamente, la Constitución de 1991 pretendía erradicar esa ingobernabilidad cacocrática, eliminando los corruptos auxilios parlamentarios. Pero terminó, paradójicamente, claudicando ante el más criminal de los cacos, Pablo Escobar, al aprobar en el artículo 35 la prohibición la extradición de colombianos por nacimiento. Artículo derogado posteriormente durante la administración de Samper, mediante Acto Legislativo 1 de 1997 , en respuesta a la presión de la diplomacia norteamericana y su descertificación como sanción por el proceso 8.000.

La reelección cacocrática de Uribe

Pero el mayor escándalo y que reviste la demostración más nítida de una gobernabilidad cacocrática, fue la reforma de la Constitución en el 2004 , que cambió un “articulito” para la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Por dicha reforma la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión a sus ministros Sabas Pretelt de la Vega, entonces del Interior y Justicia; Diego Palacio Betancourt, de Salud, y 5 años a Alberto Velásquez Echeverri, director del DAPRE . Una prueba irrefutable de corrupción constitucional, que no tuvo consecuencia alguna en su reelección en el 2006, lo que vendría a corroborar que durante su segundo mandato hasta el 2010 predominara la gobernabilidad cacocrática de su llamado “Estado de opinión” contra y sobre el Estado de derecho democrático. De allí, las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, derivados de la Directiva 29 de 2005 del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, aunque ahora la JEP desconozca su conexidad con la política de “Seguridad democrática”. Algo tan contraevidente, como afirmar que las Farc-Ep no tienen responsabilidad alguna en los más de 20 mil secuestros, miles de reclutamientos de menores y numerosos actos terroristas, porque en su Reglamento Guerrillero no aparezcan contempladas semejantes delitos.

La cacocracia electoral

La gobernabilidad cacocrática se origina en las elecciones, desde el 8.000 hasta hoy: la Farcpolítica con Andrés Pastrana , quien intercambió votos por la zona de distensión del Caguán; la Parapolítica y Narcopolítica de las AUC con más de 60 aspirantes al congreso condenados y el grotesco llamado de Uribe a los congresistas entonces electos para que votaran sus proyectos antes de ir a la cárcel . Luego, la financiación de Odebrecht a Santos y la Ñoñopolítica ; más reciente con Duque la Ñeñepolítica y ahora la Benedetti-política y Pitufopolítica . En fin, todos los presidentes cargan con ese pesado fardo de gobernabilidad cacocrática, que lastra de muerte la gobernabilidad democrática y arruina la credibilidad ciudadana en la política y la misma legitimidad del Estado. Por eso, con cierto facilismo, muchos analistas internacionales hablan del narcoestado colombiano y hasta de un Estado fallido, mientras otros nacionales, más ingenuos o quizá cínicos, resaltan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y su estabilidad inexpugnable porque llevamos realizando elecciones ininterrumpidas desde 1957.

La cleptocracia electoral

Pero olvidan que en 1970 el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo reconoció que había escamoteado el triunfo electoral del general Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), para otorgarle la presidencia al conservador Misael Pastrana Borrero: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado, Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”, según su comentario al entonces Jefe de Prensa, Próspero Morales. De esos turbios polvos es que viene el fango en que ahora nos debatimos, más sanguinolento por la acción criminal de organizaciones que, bajo membretes supuestamente revolucionarios, se han dedicado a la codicia y el negociado de las economías ilícitas, cuyos tentáculos se extienden a través de la financiación de numerosas campañas electorales y lavados de activos en el mercado financiero e inmobiliario.

Lavados Avalados

Lavados que incluso han contribuido a la prosperidad del conglomerado AVAL, del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, como lo reveló la Operación POLAR CAP : “Se trataba de la vinculación a la lista de acusados por el gobierno norteamericano, de las oficinas de Panamá y Colombia del Banco de Occidente, entidad que aparecía como eslabón clave de un complejo montaje de vasos comunicantes que habría permitido, según las autoridades de EE.UU., el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988″.

Seguramente por esa compleja tramoya donde se fusionan lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, propio de un régimen electofáctico , es que el presidente Petro está empeñado en la extradición de Papá Pitufo desde Portugal, cuyas revelaciones ante la Fiscalía comprometería a más de un expresidente y congresista en ejercicio y develaría el entramado de corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y otras instituciones estatales, metástasis que viene desde hace más de una década. Pero también por ello, es que pone al frente del ministerio de interior a Armando Benedetti, quien por su pasado de trásfuga partidista conoce entuertos de miembros de organizaciones como Cambio Radical y el Centro Democrático, además de liberales, conservadores y de la U, que hoy desde su oposición cerril a las reformas del Pacto Histórico, impiden el avance de la gobernabilidad democrática.

¿Último Gabinete y última Oportunidad?

El presidente Petro sabe bien que solo dispone de año y medio para cumplir con sus consignas centrales: Colombia, Potencia Mundial de la Vida y la Paz Total, ambas opacadas por todas las sombras que proyectan los escándalos de corrupción. A ello se suma el no contar con un eficaz equipo de gobierno, desgarrado en medio de conflictos y disputas públicas, que afectan gravemente su capacidad de gestión y transformación de la realidad. Les reclama a sus colaboradores en el Consejo de Ministros televisado que no han cumplido el 75% de los compromisos asumidos con el pueblo en los consejos regionales de gobierno. Por eso, en el acto de posesión de los nuevos ministros recalcó que: “la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir con el programa de gobierno”.

De allí, que el nuevo gabinete tenga una composición hibrida entre coequiperos fiables del Pacto Histórico: como Carlos Rosero, en el ministerio de la Igualdad; Edwin Palma, en Minas y Energía; Lena Estrada, primera mujer indígena al frente del Medio Ambiente y Angie Lizeth Rodríguez, de las bases del Pacto Histórico, al frente del DAPRE, entre los más representativos. Pero también cuente con figuras tan controversiales como Armando Benedetti, cuya destreza de trásfuga le facilita el trato con las fuerzas opositoras más diversas y distantes en el Congreso, como lo acaba de demostrar al lograr la aprobación en Cámara de Representantes del proyecto de reforma a la salud .

Además, cuenta con ministros y ministras procedentes de sectores conservadores, como Patricia Duque en el ministerio del Deporte y Julián Molina del partido de la U en el ministerio de las TIC. Así, probablemente, espera que a través de mutuas transacciones logré el trámite de reformas sustanciales como la de salud y laboral, sin claudicar en los objetivos progresistas del Pacto Histórico y garantizar la continuidad de las mismas con el Frente Amplio en el 2026. Pero, más allá de ese esfuerzo de funámbulo presidencial, inclinando el balancín burocrático a la derecha y la izquierda, para no perder el equilibrio de la gobernabilidad, valdría la pena que el presidente Petro escuchara y atendiera el siguiente consejo de la politóloga Terry Lynn Karl: “Los democratizadores deben aprender a dividir tanto como unificar, y no solo a dar esperanzas sino a desalentar expectativas”. Especialmente expectativas desmesuradas, como la de “creer que podía hacer la revolución gobernando” , como lo expresó en entrevista a este Diario. Quizá no sea demasiado tarde para rectificar y avanzar hacia una transición democrática, evitando así una pesadilla autocrática en el 2026 y otros cien años más de soledad.