La sombra de un lobista, la salida del superintendente y las acusaciones de Petro a una EPS: cinco momentos clave del nuevo escándalo de corrupción en la salud

Un nuevo escándalo de corrupción ensombrece en estos días al sistema de salud colombiano. Una denuncia periodística y otra de la Superintendencia de Salud han revelado cómo los directivos de tres Entidades Promotoras de Salud (EPS), intervenidas desde hace meses por el Gobierno de Gustavo Petro, respondían a las órdenes de Mario Andrés Urán, un poderoso lobista que era contratista de una EPS privada. En los dos casos se señala que, bajo el liderazgo de Urán, se desviaron fondos públicos y se priorizó la contratación de ciertos hospitales y laboratorios. El escándalo, sin embargo, va más allá de los detalles del entramado de corrupción. Ha crecido con el revuelo mediático, con la incertidumbre que produjo la salida del superintendente que denunció los hechos y con las acusaciones cruzadas entre la oposición y el Gobierno.

A continuación, cinco momentos clave para entender las denuncias y las diferentes interpretaciones que han suscitado.

La denuncia mediática

El escándalo comenzó el 26 de septiembre con una denuncia de Caracol Radio sobre presuntas irregularidades en tres EPS intervenidas por el Gobierno —Emssanar, SOS y Asmet Salud—. Con varios correos como prueba, la emisora mostró cómo los directivos de las aseguradoras le filtraban información financiera a Mario Andrés Urán, contratista de la EPS Coosalud y viejo conocido en el sector. Se ve cómo le envían documentos sobre pagos a hospitales, certificaciones o presupuestos máximos (los servicios no incluidos en el plan de beneficios). Él, por su parte, informa en un correo sobre un plan de compra de medicamentos en el suroccidente del país, la región en la que funcionan las tres EPS.

Lo más llamativo, ya en ese momento, fue la figura de Urán. Médico nacido en Medellín y criado en la costa Caribe, es un claro ejemplo de la puerta giratoria entre el Estado y el sector privado: fue subsecretario de Salud de Bogotá en la Administración de Lucho Garzón, directivo de la farmacéutica suiza Roche, director de la EPS estatal Caprecom —hoy en liquidación— como cuota del Partido de La U y especialmente del entonces senador Roy Barreras, y gerente comercial del laboratorio colombiano Lafrancol. Ya en 2020, La Liga Contra el Silencio lo retrataba en el artículo Anatomía de un ‘lobbista’ como un hombre con pocos escrúpulos y hábil en las relaciones públicas: en 2009, ante la pandemia de gripe A, convenció al Estado de invertir miles de millones de pesos en medicamentos que no servían para combatir al virus y que mayormente se vencieron.

La investigación de la Superintendencia

El siguiente golpe lo dio la Superintendencia de Salud a finales de octubre. En un comunicado, informó que conoció las presuntas irregularidades a través de una denuncia el 22 de septiembre y que el 24 de ese mes ordenó la realización de auditorías. “Fueron llevadas a cabo el día 25 de septiembre en las sedes administrativas de estas EPS (...), de forma simultánea y sin previo aviso”, declaró la entidad. Sin medias tintas, la Superintendencia señaló que la información recabada correspondía a “una presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán”. También indicó que el 22 de octubre había denunciado los hechos ante la Fiscalía.

Las irregularidades que detalla el comunicado van mucho más allá de unos correos con información financiera. La Superintendencia denuncia que los implicados concentraban pagos en algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o ciertos laboratorios, perfilaban a funcionarios gubernamentales y contrataban a personas externas para que ejercieran funciones correspondientes a los interventores —esto, señala la entidad, produjo sobrecostos—. Asimismo, rápidamente trascendió en los medios de comunicación un detalle que causó aún más revuelo: aunque el comunicado no lo menciona, la denuncia ante la Fiscalía incluye el presunto desvío de fondos a cuentas en paraísos fiscales.

Urán ha negado las acusaciones a través de su abogado, Andrés Garzón Roa. “Las afirmaciones subjetivas de la Superintendencia no tienen en cuenta la realidad del negocio de la salud. El doctor Urán no podía dirigir o darle algún tipo de destino a ningún giro”, dijo el defensor en Caracol Televisión. No obstante, Coosalud le soltó la mano a su antiguo asesor. “[La empresa] no es responsable de las actuaciones que él pudo realizar usando de manera indebida y no autorizada su correo institucional”, declaró en un comunicado.

La reacción de la oposición

La oposición ha aprovechado desde el primer momento para responsabilizar al Ejecutivo por el escándalo e insinuar lo que puede suceder si se aprueba la reforma a la salud, que busca que el Estado asuma un rol más preponderante en la administración del sistema. “Estos son los riesgos de que le entreguen a funcionarios públicos y politiqueros la salud de los colombianos”, comentó la senadora Paloma Valencia, del derechista Centro Democrático, tras la denuncia de Caracol Radio en septiembre. Algo similar dijo su compañero de bancada, Andrés Forero: “Lo que está sucediendo con las EPS intervenidas es nauseabundo (...). ¿Para esto intervinieron? ¿Esto buscan con una reforma a la salud que avanza en la estatización?”.

La denuncia penal de la Superintendencia no eximió al Gobierno de sus responsabilidades. Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Juan Manuel Santos y de Educación de Petro, fue uno de los más críticos: “Hay tres EPS intervenidas involucradas. La corrupción está asociada a decisiones y funcionarios del Gobierno (...). Los interventores del GOBIERNO enviaban a Mario Andrés Urán correos y postulaciones de pago a clínicas. Ahora lo niegan. Mienten”. El excandidato presidencial Sergio Fajardo, por su parte, pidió explicaciones al presidente. “La lucha contra la corrupción desapareció del Gobierno del cambio; una cosa era el discurso en campaña y otra es la realidad de gobierno”, remarcó en X.

La salida del superintendente

El pedido de renuncia de la Casa de Nariño al superintendente, Luis Carlos Leal, produjo aún más desconcierto. Se dio apenas unos días después de que acudiera a la Fiscalía. Hubo, entonces, todo tipo de especulaciones sobre las razones: desde que era por haber tocado intereses de funcionarios poderosos hasta que sería candidato en las elecciones de 2026, pasando por la polémica de la circular para garantizar los derechos de las personas trans a servicios de salud de calidad. Finalmente, la Presidencia publicó su hoja de vida como aspirante a encabezar el Instituto Nacional de Salud. Esto, sin embargo, se cayó. Varios medios de comunicación ahora aseguran que llegará al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha negado que la salida del superintendente tenga relación con el escándalo. “El doctor Leal es una persona supremamente importante, un profesional. Es un hombre íntegro, transparente. Estoy seguro de que el señor presidente de la República lo tendrá muy en claro y seguramente seguirá en este Gobierno”, comentó en declaraciones a medios. El exsuperintendente, en tanto, se ha mantenido leal al presidente, a quien le hizo campaña en 2022. Ha asegurado que el Ejecutivo está comprometido en la lucha contra la corrupción. “Las prácticas denunciadas y el presunto cerebro de las mismas hacen parte del sistema desde hace un buen tiempo [en referencia a gobiernos anteriores]”, dijo en una respuesta al exministro Gaviria.

La intervención de Petro

El presidente se refirió a las denuncias el 1 de noviembre, en un mensaje de X. “Si hay dineros de la salud manejados por EPS en paraísos fiscales, pues, se los robaron y sus gerentes y administradores deben ser procesados penalmente”, remarcó. Días después, el miércoles 6 de noviembre, se explayó en la toma de posesión del nuevo superintendente, Giovanny Rubiano. Recordó que en gobiernos anteriores ha habido “innumerables casos” de corrupción en las EPS y pidió investigar a profundidad las nuevas irregularidades porque “es dinero que se roban al pueblo colombiano”.

Petro defendió su reforma y buscó desvincular las irregularidades de la capacidad del Estado para gestionar el sistema. Señaló a la EPS privada de la cual Urán era contratista como la principal responsable: “Han confundido nuestra actividad de intervención sobre esas mismas EPS para cuidarlas con estos hechos que se deben a una EPS que se llama Coolsalud, que no responde a las intervenidas, que es privada y que en mi opinión debe ser intervenida”. La EPS, por su parte, también buscó desligarse de responsabilidades: “Los agentes interventores de otras EPS no los designa Coosalud EPS, sino el señor superintendente de Salud, y no es posible imaginar que este funcionario los nomina creyendo que van a incurrir en irregularidad alguna. Esto mismo pasa con cada funcionario nombrado por cualquier empresa privada o pública”.