Las intervenciones de Petro a las EPS, el principio del fin del sistema de salud conocido

El presidente Gustavo Petro ha decidido implementar su reforma a la salud de facto tras la rotunda derrota que sufrió este miércoles en el Congreso. La intervención a las dos EPS más grandes del país es el principio del fin del sistema de salud colombiano actual, que funciona desde 1993 como un modelo de aseguramiento en el que el Estado le gira los recursos a unas empresas promotoras para que ellas gestionen y administren los servicios de salud de los ciudadanos en clínicas y hospitales. Desde que llegó al poder, Petro ha insistido en la urgencia de cambiar ese modelo “mercantil” que, según él, ha generado cientos de miles de muertes de ciudadanos pobres y al tiempo ha enriquecido a las empresas privadas. Para lograrlo, propuso una reforma que buscaba, entre otras cosas, mejorar la atención primaria, eliminar la intermediación financiera de las EPS y girar los recursos del Estado directamente a las clínicas y hospitales. El proyecto no logró el consenso entre los partidos políticos tradicionales y naufragó en el Senado después de 15 meses de debates legislativos.

El hundimiento de la reforma, sin embargo, no detuvo a Petro en su intención de iniciar los cambios a la salud prometidos en campaña. Al contrario, los aceleró. El problema es que se están haciendo sin consenso político ni ciudadano y sin planeación estratégica. La reforma, al menos, planteaba dos años de transición para que las EPS dejaran de ser intermediarias de forma ordenada y serena. Ahora, el proceso se está haciendo a la carrera, con la cabeza caliente y de un momento para otro. Petro lo reconoció en un discurso: “Lo que pudo ser una concertación tranquila ahora es de golpe”. El martes pasado, un día antes de que los senadores votaran el proyecto de ley, y cuando parecía que ya era imposible salvarlo, Petro intervino Sanitas, la segunda promotora de salud más grande de Colombia, con cerca de seis millones de afiliados. El mundo político interpretó la decisión como una retaliación del Gobierno contra la empresa que se opuso con más fuerza a la reforma y la que financió las campañas al Congreso de los partidos que votaron en contra de la iniciativa. Al día siguiente, mientras la reforma se hundía en la Comisión Séptima del Senado, Petro intervino la Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. El jueves en la tarde, la EPS Compensar, con más de 2,2 millones de afiliados, envió una carta a la Superintendencia de Salud en la que solicitaba una liquidación voluntaria, argumentando una profunda crisis financiera. El ente de control debe decidir si acepta o no la petición de Compensar. Aceptar tiene el agravante de que sus pacientes deberían trasladarse a otra EPS.

“Estas intervenciones cambian el sistema de salud tal como lo conocemos. Creo que la transformación es irreversible”, dice Tatiana Andia, socióloga de la salud y profesora de la Universidad de los Andes, en diálogo con EL PAÍS. La experta en sistemas de salud explica por teléfono que estas modificaciones implican la puesta en marcha de un nuevo sistema de salud en la medida en que todas las decisiones cotidianas de manejo de las EPS intervenidas no las va a tomar un privado, sino un interventor, un funcionario público”, dice Andia. Y añade: “Al final está a cargo del Gobierno, es un cambio fundamental”. La investigadora explica que el interventor tiene ahora el poder absoluto en el manejo de cada EPS, con toda la responsabilidad que eso implica. ”Al darse por terminadas todas las instancias de gobierno corporativo, el interventor queda con el manejo de la chequera billonaria de estas EPS”, dice. Uno de los retos serán los mecanismos de transparencia y seguimiento en el manejo de los recursos para evitar descalabros por corrupción, como ha pasado antes. El presidente Petro aseguró en X que las EPS intervenidas tendrán una junta directiva compuesta por clínicas y proveedores a los que debe dinero la EPS, además de representantes de los pacientes.

Desde esta semana el Estado es el responsable de garantizar el servicio a la salud de casi la mitad de la población Colombiana. Además de la intervención de Sanitas y de la nueva EPS, el Gobierno ya controla otras cuatro Entidades Promotoras de Salud: Famisanar, con 3 millones de afiliados, Emsanar, con 1.7 millones de afiliados, Asmet Salud EPS, con 1.6 millones de afiliados y Savia Salud, con 1.6 millones. En total, la suma de todas las EPS intervenidas da más de 24,5 millones de personas. El promedio anual de lo que hoy recibe una EPS por afiliado del régimen contributivo es de $1,444,086 y de $1,256,076, por afiliado del Régimen Subsidiado. En total, las EPS controladas por el Gobierno manejarán más de 30 billones de pesos. Adicionalmente, la Superintendencia de salud tiene otras EPS en proceso de liquidación. La más grande es Medimás EPS, pero también están al borde de desaparecer Ecoopsos, Convida EPS y Comparta EPS, entre otras.

Claudia Vaca, del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, afirma que las últimas intervenciones sí fueron una fuerte respuesta de Petro a la caída de la reforma. “Es un mecanismo muy riesgoso. Porque hasta ahora el Gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad de gestión para administrar el sistema”. Vaca reconoce que las intervenciones son mecanismos legales, que se pueden utilizar, pero, insiste en que hacerlas en caliente, lo complica todo. “Transformar la cultura institucional y tomársela por asalto para garantizar que funcione lo que no funcionaba antes sin planeación es difícil y poco probable”. La experiencia previa le da la razón. Del total de EPS que han sido intervenidas en las últimas dos décadas, la mayoría ha quebrado y cerrado, generando una carga adicional de pacientes para otras EPS. Tatiana Andia complementa esa idea: “casi siempre terminan en casos de corrupción y liquidación”, dice. Ante la pregunta de porque son distintas las intervenciones de Petro a las de otros Gobiernos (Con Duque se intervinieron 13 EPS y con Juan Manuel Santos 18) Andía responde que antes no se habían intervenido EPS con tantos afiliados, que siempre se había hecho el proceso cuando estaban ya a punto de la liquidación y nunca en el marco de una reforma tan profunda.

Las dos expertas coinciden en que uno de los problemas más graves de lo que ocurrió esta semana fue que la discusión sobre qué hacer con un sistema que viene en crisis desde hace tiempo se sacó del Congreso. “Estamos en el peor escenario posible, lo habíamos llamado el infierno, el lodazal, una especie de lucha libre entre el Gobierno, la oposición y las EPS, que ya se quedó por fuera de las vías institucionales. Es la peor manera de discutir un asunto tan serio”, se lamenta Vaca. La investigadora afirma que “haber sacado el debate del escenario de la deliberación y haber roto los canales de diálogo lleva irremediablemente a los escenarios de facto, que está usando Petro. El Congreso, insiste, es el lugar adecuado para tramitar las profundas transformaciones sociales que necesita el país. Y propone un gran acuerdo entre distintos para construir una reforma concisa, concreta, no tan ambiciosa, que recoja los consensos de todos los sectores: “Aún estamos con la posibilidad de hacer algo. Hoy en día hay un 30% de la población rural sin acceso a salud y sin infraestructura y sin garantías de servicio reales. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en reducir esa inequidad”.

Andia explica que las últimas intervenciones a las EPS pueden tener consecuencias políticas complejas para el presidente Petro. “Esto se los va a tragar. Es echarse encima la responsabilidad de administrar un número gigante de afiliados de un momento a otro”. Además, dice, ya no tendrán en las EPS el gran enemigo para echarles la culpa por el mal servicio, por el poco acceso, por la pérdida del dinero. “Políticamente hablando les puede salir costoso”. Claudia Vaca va más allá. “Tomar las decisiones pasionales le va a terminar pasando factura. Además del riesgo de mala atención a los pacientes, me preocupa que la agenda reformista necesaria pierda el apoyo de sectores que al principio la respaldaban”. Andia y Vaca están de acuerdo en que las preocupaciones de la gente relacionadas con la salud pueden disminuir el apoyo de sectores importantes de la sociedad. “Esto puede agudizar más el problema. Todas las reformas pueden irse por la borda. Un coletazo no planeado de las intervenciones a las EPS sería la derechización del país”.

Por ahora, la única opción para que la jugada de Petro funcione es que el manejo de las EPS durante el año que la interventoría propone administrarlas sea adecuado. “Para eso, lo primero, es hacer un plan de choque de dinero, invertir muchos recursos para lograr salvarlas de la quiebra”. En pocas palabras, hacer lo que las EPS llevan pidiendo desde hace meses, pero hacerlo ahora mientras las administra el Estado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.