Coosalud, la EPS en la mira del Gobierno

Mientras la reforma del Ejecutivo que busca transformar las Entidades Promotoras de Salud avanza a paso lento en la plenaria de la Cámara de Representantes, el Gobierno concentra sus focos sobre Coosalud, la quinta más grande de ellas. En los últimos dos meses, la Superintendencia del ramo denunció a esa entidad por desviar recursos a una empresa de las Islas Caimán, un paraíso fiscal, y haber creado un esquema para pagar con dineros públicos un crédito privado por 226.000 millones de pesos (unos 46 millones de dólares). Dos acusaciones graves y complejas de entender por su alto tecnicismo.

La más reciente viene de Giovanni Rubiano, superintendente desde inicios de noviembre. El médico ha expuesto que Coosalud, encargada de garantizar los servicios para 3,2 millones de afiliados, ha puesto en riesgo los recursos de la salud al pagar los 226.000 millones de pesos al banco GNB Sudameris. Lo hizo el pasado 20 de noviembre, como fiadora de otra empresa, Coosalud Inversa, que había recibido dos préstamos del GNB. “El banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación (...) lo que redundó en la transferencia de 226.000 millones de pesos”, explicó Rubiano en una rueda de prensa.

El señalamiento ganó relevancia política por la posterior intervención del presidente, quien señaló a dos miembros de la junta directiva de la EPS. “Coosalud EPS es dirigida por familias presidenciales uribistas. Hermano del presidente Pastrana, casado con hermana de la senadora Valencia, hijo de presidente y nieta de presidente, hermano del vicepresidente Francisco Santos, sobrinos bisnieto de presidente, eran miembros de la junta directiva que aprobó que 221.000 millones de pesos del dinero público (...) se pusieran como una fianza a un préstamo de una empresa particular del gerente de la EPS”, escribió en X, en referencia a Jaime Pastrana, hermano del expresidente conservador Andrés Pastrana, y de Rafael Santos. Para él y para Rubiano es sospechoso que el pago se haya hecho justo dos días antes de que el Gobierno interviniera a Coosalud, como ha hecho en el pasado con otras EPS.

Jaime González Montaño era el representante legal de la EPS desde 1996 y hasta su intervención, y también de Coosalud Inversa. Ha negado cualquier irregularidad y ha explicado que Inversa no era una empresa particular suya, sino una filial de la EPS creada con anuencia de la Superintendencia desde 2017. En un comunicado de prensa, ha argumentado que el pago se hizo con “recursos propios de libre destinación”, es decir, con dinero diferente al que recibe cualquier EPS del Estado. Y ha explicado que si el banco cobró el crédito fue justamente ante el temor de una intervención, algo que le permitía el contrato del préstamo.

Todos los miembros de la junta directiva lo han secundado y, en un comunicado público, han pedido a Petro que rectifique. “Señor presidente, usted nos ha señalado de manera injuriosa y calumniosa en una actividad en la que no hemos participado”, dicen, argumentando que no participaron en ningún hecho de corrupción porque la operación fue legal. “Ningún banco acepta como aval recurso de exclusiva destinación”, recuerdan, y señalan que el GNB Sudameris no aceptaría una garantía con dinero público.

Por esas supuestas irregularidades, el Gobierno elevó una denuncia ante la Fiscalía. Por su parte, el Ministerio de Salud (del que depende la Superintendencia) pidió al ente acusador que lo acepte como víctima “por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la salud”. Y la nueva administración de la EPS, liderada por un interventor designado por la misma Superintendencia, anunció que inició una auditoría forense interna.

Esas entidades tienen recursos que gira el Gobierno año a año para que con ellos paguen los servicios de salud, pero también dinero propio, desde el patrimonio que aportaron inicialmente sus accionistas hasta utilidades de años anteriores. Lo que deben determinar las autoridades, ahora, será de dónde provenía el dinero que se pagó y con qué finalidades se utilizó.

Un lobbista y un posible paraíso fiscal

Un similar debate de pruebas enfrenta la otra denuncia del Gobierno contra Coosalud. Luis Carlos Leal, pocos días antes de ser reemplazado por Rubiano como superintendente, radicó una denuncia penal en la que señala que los recursos públicos que manejaba esa EPS podrían haber sido desviados a una compañía oculta tras la opacidad propia de un paraíso fiscal, jurisdicciones en las que se facilita ocultar la propiedad de las empresas y pagar menos impuestos.

Un informe de la Superintendencia, que es el sustento de la acusación, advierte que la entidad recibió una denuncia anónima de que Mario Andrés Urán, un contratista de EPS y viejo conocido en el sector, habría direccionado recursos a varios proveedores que tenían detrás a un mismo dueño, la empresa de las Islas Caimán, una posible señal de un desfalco. La entidad revisó computadores de las EPS y documentos administrativos. Vía telefónica, el exfuncionario explica su conclusión: “identificamos un desvío de recursos significativo, sin pasar los protocolos de elección, a determinadas IPS [por instituciones prestadoras de salud, el nombre técnico para las clínicas, laboratorios y demás proveedores] que pertenecían a un mismo holding, Venum Investments”. Y cuenta que la dueña de Ventum es Patria Investments, de Islas Caimán.

Esas acusaciones a Coosalud, ya no a Urán, las replicó el presidente el pasado 6 de noviembre en una intervención pública. Dijo que se habría construido una “red de empresas que logra sacar el dinero de las EPS y lo trasladan a paraísos fiscales”.

Urán ha negado las acusaciones a través de su abogado, Andrés Garzón Roa. “Las afirmaciones subjetivas de la Superintendencia no tienen en cuenta la realidad del negocio de la salud. Y Coosalud, que señaló no ser responsable ”de las actuaciones que él [Urán] pudo realizar usando de manera indebida y no autorizada su correo institucional”, también ha negado estar involucrada en hechos de corrupción. Ha señalado al Gobierno de dañar “el buen nombre de una empresa que, por 30 años, se ha destacado por las buenas prácticas”.