La Superintendencia de Salud interviene la EPS Coosalud, la quinta más grande de Colombia

La Superintendencia de Salud, el organismo encargado de vigilar y controlar los recursos del sistema de salud, ha intervenido este viernes Coosalud, la quinta entidad promotora de salud (EPS) más grande de Colombia, tras “hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales vienen afectando significativamente la prestación de los servicios”, según ha explicado el dirigente de la entidad, Giovanny Rubiano. Es la octava EPS de la que toma el control el Gobierno de Gustavo Petro, que ha buscado eliminar esa figura a través de una debatida y hasta ahora fallida reforma legal al sistema sanitario.

La decisión de la Superintendencia llega días después de que la entidad abriera una investigación contra Mario Andrés Urán, contratista de Coosalud, en un caso de supuesta corrupción. El médico paisa es acusado de dirigir una red que ha favorecido a determinados proveedores de Coosalud y varias EPS intervenidas por el Gobierno, como Emssanar, SOS, Asmet Salud

El presidente declaró a inicios de noviembre que el Gobierno encontró que Urán usaba a Coosalud “para extraer dineros de la Nación, y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior”. Por ese antecedente, la determinación de Rubiano —que ingresó como cabeza de la entidad este mes en reemplazo de Luis Carlos Leal— no es una sorpresa.

Coosalud, que tiene más de 3,2 millones de afiliados —la mayoría de ellos en la región Caribe—, seguirá operando. “Los usuarios pueden estar tranquilos, no habrá alteración en la prestación de servicios de la EPS”, ha aclarado el superintendente en su cuenta de X. También ha asegurado que las acciones de Urán no impactan directamente a la EPS: “El hecho de que haya utilizado como un canal de comunicación el correo institucional de Coosalud [...] no convierte a la EPS en partícipe”.

Los argumentos que expone la Supersalud para intervenir la EPS tienen, sobre el papel, poco que ver con el escándalo. Según el organismo, la entidad presenta recurrentes fallas en la prestación de servicios, entre ellas las deficiencias de la identificación temprana de riesgo obstétrico o la lenta implementación de la ruta de enfermedades huérfanas. La más reciente auditoría muestra un bajo nivel de cumplimiento, lo que afecta a sus afiliados.

“Se han incumplido aspectos cruciales del aseguramiento en salud relacionados con la prestación oportuna, eficaz y de calidad de los servicios de salud, el suministro inmediato de medicamentos y el acceso integral a tecnologías de salud”, señala Rubiano en el comunicado de la Superintendencia. La medida tiene como consecuencia el retiro inmediato de su representante legal, Natalia Largo, y de toda la junta directiva. Como en cualquier intervención, la administración quedará cargo de un agente interventor designado por la Superintendencia.

Las intervenciones de las EPS han sido una constante bajo la Administración Petro. Entre las entidades de las que ha tomado posesión el Estado se encuentran grandes instituciones como la privada Sanitas, la mixta Nueva EPS o Famisanar, que tienen bajo su ala a millones de usuarios y llevan a que más de la mitad de usuarios de salud están bajo el ala del Gobierno. Los críticos sostienen que el servicio ha empeorado, mientras el Gobierno apuesta por una nueva versión de la reforma a la salud, que esta semana superó el primero de los cuatro debates que enfrenta en el Congreso. Uno de los ejes de este proyecto es transformar las EPS en Gestoras de Salud, que ya no recibirán dinero ni serían aseguradoras de los colombianos, sino auditoras de los gastos.