El costo del crimen y la violencia rebasa el presupuesto anual de educación o salud en Colombia

El peso económico del crimen y la violencia, en la Colombia de hoy, rebasa el presupuesto anual para educación o salud. No es una simple cuestión matemática. Los costos directos de estos delitos fueron equivalentes al 3,64% del PIB total en 2022. Es decir, unos 68 billones de pesos, o más de 17.000 millones de dólares. La cifra se recoge de un estudio publicado este año y confeccionado a cuatro manos por el centro de pensamiento colombiano Fedesarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de un lastre para un país que busca pasar la página de un largo historial de conflictos internos, violaciones a los derechos humanos e inseguridad en el campo y las ciudades. Día tras día, sin embargo, los periódicos registran aún historias escalofriantes de violencia y miedo en algunas zonas del mapa.

A lo largo de tres años, un equipo formado por siete economistas latinoamericanos trató de unir lazos metodológicos. El objetivo: examinar el costo del crimen y la violencia en 22 países de la región. “El resultado más importante”, explica Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y coautor del trabajo, “tiene que ver con la estimación de los costos directos”. El promedio de América Latina fue de 3,44% del PIB, dos décimas por debajo de Colombia. Los investigadores segmentaron las afectaciones en tres grandes bloques: el capital humano, el presupuesto público y, por último, en el sector privado.

El descenso en la productividad asociada a la pérdida de vidas por la violencia, los secuestros o las lesiones personales, por ejemplo, tuvo un costo calculado del 0,88% del PIB en Colombia. Conviene recordar que, si bien es cierto que los peores días de la violencia guerrillera y paramilitar han pasado, los homicidios y las extorsiones no han cesado y poblaciones enteras, sobre todo en zonas fronterizas, no dejan de hundir el botón de pánico para llamar la atención sobre la presencia de nuevos grupos armados. En cuanto al peso del presupuesto estatal destinado a la Policía, el sistema judicial o penitenciario, que el estudio subraya podría destinarse a otras urgencias sociales, acapara un 1% del PIB.

“El tercero, que es el costo privado”, resume Mejía, “tiene que ver con las inversiones que hacen las empresas para evitar ser víctimas de la criminalidad”. Las pólizas contra atraco o los sistemas de seguridad forman parte de este rubro que se lleva la mayor tajada del pastel: 1,76% del PIB.

Con todo, Colombia ocupa el octavo lugar del escalafón, en una franja similar a la de Brasil y México. “Si bien solo calculamos los costos directos en estos tres componentes, también analizamos, a través de algunos estudios de caso, el peso indirecto del crimen y la violencia”. El economista se refiere, por ejemplo, al impacto negativo sobre el turismo, un renglón económico fundamental. Más aún en tiempos donde los Gobiernos conocen la importancia de posicionar la denominada “marca país” como retrato articulado de destinos seguros para las inversiones extranjeras y los visitantes.

Es claro que el tsunami de turistas que aqueja a las ciudades europeas en los veranos, con su impacto sobre el valor de los alquileres y los barrios, solo se encuentra a cuentagotas en un puñado de ciudades latinoamericanas. Entre las murallas para que los flujos de viajeros sean mayores, se lee en el documento, se halla la idea de que “la información disponible sobre su seguridad” constituye un factor seminal a la hora de escoger destino. Y la reputación conflictiva de buena parte de las ciudades de la región, sopla como viento en contra para que se conviertan en imán del turismo en masa.

Para formarse una idea del dinero que se esfuma, según el estudio, vale la pena recordar que el Gobierno colombiano destinó 58,5 billones de pesos a la salud en 2023. El sector educativo, por su parte, encajó unos 52 billones el mismo año. “Es una barrera para el crecimiento económico. Hay pérdidas de productividad y gastos que se dedican a luchar contra la criminalidad que podrían destinarse a la inversión, la innovación o la atención de la pobreza”. Se trata de una pérdida gigante de recursos en una región marcada por el miedo y la desigualdad: “Creemos que este estudio pone de presente la importancia de políticas públicas que pueden priorizar la prevención y, por supuesto, mejorar la eficiencia de la administración de justicia”.

Nathalie Alvarado, coordinadora de la división de seguridad y justicia del BID, precisa por correo que para atajar las causas estructurales del crimen en la región urge adoptar un enfoque multidisciplinario. Menciona el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia con inversiones en educación y servicios sociales. Para paliar una realidad que se traslapa entre países vecinos, agrega, hace falta un “marco de estrecha colaboración”. Con mayor razón en una época en que el crimen organizado crece y se sofistica. “Es transnacional e interconectado, mientras que las respuestas regionales permanecen fragmentadas”, subraya Alvarado.

El BID, de hecho, ha promovido la creación de una Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. “Una plataforma que permitirá coordinar esfuerzos y apoyar gobiernos en el desarrollo de políticas y acciones basadas en evidencia, así como el fortalecimiento institucional para prevenir y contrarrestar el impacto del crimen organizado”, precisa la funcionaria del organismo multilateral, quien, además, forma parte del grupo responsable del informe. Desde Washington recuerda, por último, que las afectaciones asolan a toda la sociedad: “La educación de los jóvenes, promoviendo la deserción escolar; impactan la salud de las personas al margen de las víctimas directas; y se vincula con la explotación desmedida de los recursos naturales y la degradación del ecosistema”.