Las narrativas que siembran miedo por la crisis fiscal dominan el debate político colombiano

Hay un tema político en Colombia en el que tanto el Gobierno de izquierda, como la oposición de derecha, están completamente de acuerdo: no hay dinero para financiar el presupuesto público del próximo año. Las dos esquinas políticas difieren sobre las causas, y también sobre las consecuencias, pero ninguna niega el alto déficit fiscal, que ronda el 4,3% del PIB y es el más alto de las últimas décadas (a excepción del año de la pandemia). En 2024 hubo una caída significativa en el recaudo tributario, lo que llevó a sobreestimar los ingresos cuando los gastos crecen año a año. Colombia termina el año con discursos de miedo en el debate público sobre dónde, y cuándo, se van a ver los recortes. El Gobierno expidió el presupuesto vía decreto el jueves pasado, y anunció que será de 511 billones de pesos, el más alto de la década. La izquierda dice que no es suficiente dinero para hacer el cambio prometido por Petro, porque el monto está lleno de condicionamientos y limitaciones; la derecha señala al mandatario de no saber manejar el dinero que tiene.

El tono catastrófista tomó fuerza primero desde la izquierda, especialmente desde la cuenta de X del presidente, después de que el Legislativo le negara una reforma tributaria, llamada ley de financiamiento. Con esta, el Gobierno buscaba recaudar 12 billones de pesos adicionales, un 2% más, para llegar a su cifra propuesta de 523 billones de pesos para 2025. “El hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano”, dijo entonces Petro. Eso ha hecho eco en demandas más concretas.

Por ejemplo, desde el mundo de la cultura se ha dicho que las bibliotecas públicas y las orquestas sinfónicas pueden terminar desfinanciadas. El exsenador Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social — encargado de repartir las ayudas sociales— dijo que el Estado no podrá construir más hospitales en lugares empobrecidos como Bojayá, Chocó. La ministra de Ambiente señaló que se negó reducir el impuesto del IVA para estimular las energías renovables. “¿Recuerdan eso que hablamos en Cali, la paz con la naturaleza? Pues eso se ve afectado”, dijo en sus redes sociales.

El miedo tiene un sustento: sí habrá recortes y posiblemente afecten a todos los sectores que tiene el Ejecutivo, y que encabezan los ministerios o departamentos. Pero dependerá de las cabezas del Gobierno, encabezadas por Petro, el dónde y cuánto. El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, es de los pocos en el Ejecutivo que intenta bajarle el tono al pánico. “No somos [Javier] Milei y no sacrificamos gasto social por ajuste fiscal”, dijo en entrevista con el diario El Tiempo. Sería una priorización que evitaría afectar banderas sociales como los hospitales, las bibliotecas o las energías renovables. El presidente ha aclarado esta semana, además, que las inversiones que se recorten “se aplazarán”, no desaparecerán, a la espera de que en 2025 el recaudo repunte o el Gobierno consiga otras fuentes de ingresos.

Mientras se mantiene el suspenso, esta semana se anunció un recorte, que curiosamente prendió el discurso de miedo desde la derecha: el Ministerio de Vivienda suspendió las postulaciones para el programa Mi Casa Ya, un subsidio para la compra de viviendas que creó el Gobierno anterior, del derechista Iván Duque, a partir de la modificación de programas que venían de años atrás. “Petro destruyó el sueño de los colombianos de tener una vivienda propia”, dijo entonces el senador y precandiato uribista Miguel Uribe. “Tal vez sea la peor noticia económica para el cierre del año”, secundó el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Guillermo Herrera, quien ha sido miembro del partido de oposición Cambio Radical. “Su propio partido fue el protagonista por orden de Germán Vargas Lleras de hundir la ley de financiamiento”, le respondió Petro.

Estas temores no vienen tanto por posibles recortes en el gasto social, sino por cómo Petro escoge sus prioridades: critican que el presidente le da prioridad a la burocracia sobre la inversión. “El gobierno Petro creó 9,5 billones adicionales en burocracia”, dice la senadora uribista Paloma Valencia. La oposición señala, además, que billones de pesos se han quedado sin ejecutar. Uno de los casos reiterados es el del nuevo Ministerio de la Igualdad, que tiene cinco viceministerios cuando las otras carteras cuentan con dos o tres, y para fines de noviembre solo había ejecutado un 2,4% de su presupuesto.

El presidente no tolera esas críticas, como demostró este viernes en su respuesta a un análisis cuantitativo del portal político La Silla Vacía, y que señalaba un aumento considerable en los gastos para operar en 10 ministerios, especialmente en el de Hacienda. “El gasto de nómina crece en mi administración no porque crezca el empleo público civil, sino porque crece el salario nominal por el periodo de inflación que vivimos en los años 2022 y 2023. Es decir porque la ley ordena que el salario mantenga su poder adquisitivo″, señaló en su cuenta de X. El Gobierno, añadió, “no es derrochón, sino humano”. Si está en problemas el presupuesto, insiste Petro, es por culpa de Duque: por la deuda que le dejó, por haber mantenido el subsidio a la gasolina que tardó más de un año en eclipsar, por dejar la plata amarrada en vigencias futuras (esa figura presupuestal para definir el destino de dineros de los años siguientes en proyectos que demoran varios años en ejecutarse).

¿Fue la burocracia de Petro o las deudas de Duque? ¿Hay que recortar en puestos públicos o en gasto social? ¿Habrá dinero para las bibliotecas públicas y las energías renovables en 2025? Lo claro es que hay menos dinero, y hay que tomar decisiones para el recorte. Y que, por eso, hay muchas calculadoras en pánico en este fin de año.