Petro cierra un año turbulento en el Congreso: escándalos de corrupción, reformas estancadas y relaciones rotas

El 2024 ha sido un año muy difícil para la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. En el primer semestre, el Legislativo hundió la reforma a la salud del Gobierno, la más importante para el mandatario, y la de la educación. En el segundo, los senadores y representantes archivaron el presupuesto para 2025, la reforma tributaria y la política. En contraste, de enero a julio solo aprobaron la reforma pensional, con ajustes contrarios a los deseos de Petro; y de julio a diciembre, la reforma al Sistema General de Participaciones, (SGP) un proyecto clave para la descentralización del país, pero que solo al final tuvo el apoyo presidencial. En trámite legislativo continúan la segunda versión de la reforma a la salud, que en febrero deberá terminar su discusión en la plenaria de la Cámara, y de ser aprobada tendrá dos debates adicionales en el Senado; la laboral, que enfrentará el tercero de sus cuatro debates en la Comisión Séptima del Senado; la reforma a la justicia, que tiene pendiente dos discusiones en la Cámara; y la jurisdicción agraria, que logró un consenso entre todas las fuerzas políticas en las comisiones primeras, pero deberá mantenerlo en las plenarias para hacerse ley.

En retrospectiva, el balance del año es más agrio que dulce. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha degradado en los últimos meses tras una luna de miel inicial. Cuando llegó al poder el primer mandatario de izquierda en la historia moderna del país, en agosto de 2022, consolidó una coalición amplia que le permitió tener mayorías en el Senado y en la Cámara. Con la fuerza de esa unidad se aprobaron una ambiciosa reforma tributaria y la ley de paz total.

Ese impulso se fue perdiendo con el paso del tiempo. La paulatina caída en la popularidad de Petro, los escándalos de corrupción de su Gobierno y, sobre todo, los primeros desencuentros públicos del presidente con los partidos tradicionales hicieron que en 2023 se rompiera ese bloque parlamentario y el Ejecutivo comenzara a perder el control sobre el legislativo. Tras la salida de varios ministros de corte moderado, los partidos Liberal, Conservador y de la U dejaron de votar a favor del Gobierno en el Senado, pero mantuvieron un apoyo tímido en la Cámara. Así transcurrió 2023 e inició 2024, cuando el vínculo entre ambos poderes se terminó de resquebrajar.

Un estudio de la consultora Orza, El último tren para las reformas del gobierno, compara los tres años del Congreso y confirma ese deterioro de poder: “El gobierno Petro tuvo un 33% de efectividad durante la primera y segunda legislatura, mientras que lo que va corrido de la tercera tan solo tiene un 10%”, se lee en el documento. Durante esta legislatura, según el informe, se han radicado 1.011 proyectos de ley y el Congreso solo aprobó 7 de ellos (0,06%): apenas 2 de origen gubernamental y 5 de iniciativa congresional.

Los investigadores comparan esos datos con los de los últimos tres presidentes y concluyen: “El resultado es un Gobierno que ha sido casi la mitad de efectivo en el Congreso que los tres gobiernos antecesores, reflejando la dificultad que ha tenido para configurar mayorías y sin una coalición formalizada”. El informe explica que aun con la llegada del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que tenía como prioridad hacer un gran acuerdo nacional y sacó adelante la reforma descentralizadora que propusieron sus copartidarios en el Congreso, no se logró reconstruir una coalición de gobierno sólida. “Se profundizó el modelo de negociaciones aisladas. Esto se reflejó en unas mayorías muy frágiles en la Cámara de Representantes y en unos apoyos de menos del 50% en el Senado”.

A esa ausencia de coalición se suman los ataques violentos de Petro contra el Parlamento. En uno de sus últimos discursos públicos del año, la semana pasada, en Barranquilla, ante miles de personas llamó “malditos” a los congresistas. Ese insulto se dio después de que las comisiones económicas del Senado y la Cámara hundieran su ley de financiamiento. La decisión molestó tanto al presidente que en el mismo discurso anunció la “ruptura de las relaciones” con las cuatro comisiones económicas. “Finito, se acabó, no tienen ya nada que hablar con nosotros y nosotros nada qué esperar de ellos. La relación del Gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos”, dijo el jefe de Estado.

Pocos días después, en la mañana de este viernes, volvió a atacar. Se centró en el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda. “Cómo así que los representantes al Congreso de Colombia votan en contra de su pueblo (...) y tienen nombres propios, el jefe de esa banda se llama Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República. Qué le puede decir el senador Cepeda al pueblo si le tumbó el artículo que le iba a bajar las tarifas de energía eléctrica”.

Esa virulencia contra el Congreso, que Petro justifica porque cree que hay un bloqueo a sus iniciativas, hace prever que si el 2024 fue complejo, el 2025 será mucho peor. Y más por el avance del proceso judicial del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), que ha salpicado a tres exministros, a dos altos funcionarios de Presidencia y a nueve congresistas. Además, se espera que la crispación crezca con la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas de inicios de 2026, que será el tema central del próximo año, y probablemente desplace a las reformas a un segundo plano en el legislativo. “Las críticas resonantes en temas de transparencia y corrupción, los problemas de desbalance fiscal y las dificultades en la ejecución presupuestal han hecho mella en la capacidad del gobierno para cohesionar a sus aliados. Estos cuestionamientos han sido capitalizados por la oposición y también por políticos que han sido aliados ocasionales del oficialismo”, concluye el informe de Orza.