El Gobierno de Petro, los partidos independientes y la oposición uribista llegan a un acuerdo para salvar la ley de jurisdicción agraria

La jurisdicción agraria y rural está a un paso de volverse realidad. Las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en la mañana de este martes, por mayoría absoluta, el proyecto que regula la creación de tribunales y jueces agrarios especializados para llevar la justicia al campo colombiano. Para convertirse en ley, debe pasar en las plenarias de Senado y Cámara antes de que termine el año. El Gobierno deberá incluirlo en sesiones extraordinarias, que comenzarán después del 16 de diciembre. El pacto entre todos los sectores hace prever que así ocurrirá.

La iniciativa, una de las prioridades del presidente Gustavo Petro desde que llegó al poder, logró el respaldo de parlamentarios de distintas ideologías, desde los opositores del Centro Democrático y Cambio Radical, hasta los oficialistas de izquierda del Pacto Histórico, y el partido Comunes, de la extinta guerrilla de las Farc. En el acuerdo también participaron legisladores de los partidos Liberal, Conservador, La U, Verde y En Marcha. En el Senado, el proyecto obtuvo 17 votos a favor y 0 en contra; en Cámara, 30 positivos y ninguno negativo. Este resultado, inusual en un Congreso normalmente dividido, se logró después de meses de diálogo y negociaciones en los que cada parte cedió.

La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, celebró la aprobación: “Quiero agradecer la labor de estas comisiones conjuntas porque pese a las diferencias, hemos encontrado un camino para recuperar el campo colombiano productivo y en paz, que permita a la agricultura ser un motor de la economía”. Carvajalino, además, hizo énfasis en que esa jurisdicción será clave para resolver los conflictos de tenencia y propiedad de la tierra, una de las principales causas de la violencia en Colombia. Se espera que la puesta en marcha del proyecto, contemplado en el acuerdo de paz con las extintas FARC, sea un paso importante para la reforma agraria y ayude a que las comunidades campesinas, negras e indígenas tengan acceso a la administración de justicia en el campo.

A las voces de celebración y agradecimiento se sumó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Un paso histórico que se logra a través de un acuerdo mutuo entre bancadas de Gobierno y oposición. Hoy las comisiones conjuntas de Cámara y Senado aprobaron la jurisdicción agraria, un avance fundamental para llevar justicia a los territorios más apartados, solucionar conflictos históricos sobre la tenencia de la tierra y fortalecer la paz”. Para el exsenador liberal, es una victoria especial porque demuestra que es posible su idea de un acuerdo nacional con todos los sectores. En la votación coincidieron rivales políticos que casi nunca están de acuerdo, como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, con María José Pizarro, del Pacto Histórico, y Julián Gallo, de Comunes.

Además, es una señal de que el Congreso no se opone de plano a todos los proyectos del Gobierno, como ha insinuado el presidente en varios escenarios. El senador Humberto de la Calle, independiente y quien fue jefe negociador del Gobierno con las FARC, reconoció el trabajo de todos los sectores. “Hay que sentirse orgulloso, esta aprobación es un hecho histórico, es un ladrillo en el proceso de la aplicación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo de paz”. De la Calle celebró la posibilidad de encontrar puntos comunes entre distintos. “Esta ley, que es una necesidad del país, nos demuestra que sí hay espacio para ponernos de acuerdo, hay esperanza”.

Hasta hace unas semanas el acuerdo parecía imposible porque la oposición de derecha y varios gremios insistían en que el proyecto permitía la expropiación exprés de tierras y ponía en riesgo la propiedad privada. Sin embargo, el cambio en la redacción de varios artículos generó tranquilidad en esos sectores más conservadores. Paloma Valencia lo reconoció durante el debate: “La expropiación exprés se acabó porque todos los procesos de expropiación tienen fase judicial, es decir, el Estado no tiene cómo quitarles a las personas la propiedad por vía administrativa”, dijo la precandidata presidencial uribista.

El representante a la Cámara de la izquierda, Gabriel Becerra, ponente del proyecto, explicó los detalles del consenso: “Se acordó que, en caso de oposición, los procesos de deslinde y clarificación pasarán automáticamente a control judicial, mientras que, en ausencia de oposición, permanecerán bajo la gestión de la Agencia Nacional de Tierras”. Y añadió: “Nos veremos próximamente en las sesiones plenarias para culminar este proceso y convertir este proyecto en Ley de la República, marcando un paso histórico para el campo colombiano que contará por fin con una jurisdicción que garantice sus derechos y traiga justicia conforme a lo previsto en el punto uno del Acuerdo de Paz”.

A pesar de lo positivo del acuerdo, todos los sectores han reconocido que se trata de un pacto para este proyecto en concreto, y que no modifica la difícil situación del resto de reformas del Gobierno, especialmente la ley de financiamiento, que se comenzará a discutir este miércoles y parece virtualmente hundida en las comisiones económicas de Cámara y Senado.