El desorden y la falta de prioridades entorpecen la agenda legislativa del Gobierno Petro

Falta un mes para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso de Colombia y el Gobierno de Gustavo Petro no ha definido aún sus prioridades para este periodo legislativo. Si durante los dos primeros años de mandato presidencial el énfasis estuvo en las tres grandes reformas sociales (salud, laboral, pensional), ahora no se sabe con certeza a qué proyectos le quiere dar prelación el Ejecutivo. Esa ausencia de orden se evidencia en la multiplicidad de iniciativas que están en trámite de forma simultánea en el Legislativo, en el desgaste de las relaciones entre ambos poderes y, sobre todo, en el poco avance de los proyectos que en principio eran claves, mientras salen adelante otros que no estaban en las prioridades. “El que mucho abarca, poco aprieta”, dice el adagio popular.

El caso más notorio es el de la reforma tributaria, necesaria para fondear el déficit de 12 billones que proyecta el Ejecutivo en el presupuesto para 2025. El ministro de Hacienda radicó el texto el 10 de septiembre, y tras dos meses no hay fecha para que las comisiones económicas inicien su discusión. De hecho, varios de los senadores que decidirán en el primer debate han hecho público su rechazo. “Hace unas semanas hundimos el presupuesto y la noticia ahora es que siete ponentes de la Comisión Tercera de Senado estamos en oposición a la ley de financiamiento y vamos a radicar una ponencia negativa porque la gente no aguanta más”, dijo el liberal Mauricio Gómez Amín en el congreso de Camacol, el gremio de la construcción. Varios congresistas de oposición e independientes han hecho anuncios similares. Con la amenaza de un hundimiento, el presidente citó a los ponentes en la Casa de Nariño el jueves pasado. Pero faltaron varios de los congresistas invitados, una muestra del poco apoyo al proyecto.

Petro ha acusado al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, de frenar la reforma. “La oposición bajo la orden de Cepeda, el presidente del Congreso, ha desechado la conversación con el Gobierno nacional sobre la ley de cofinanciación”, escribió en su cuenta de X. Y añadió: “Ponen por encima el chantaje y su prevención contra el Gobierno que los intereses de la estabilidad económica de la patria”. Insistió en que la oposición quiere proteger los intereses de las empresas petroleras y carboneras, y afectar al Ejecutivo. “Creen falsamente que sin dineros presupuestados, el Gobierno perderá apoyo popular y será fácil derribarlo, para que el presidente del Senado asuma la conducción del Estado y se vaya el fantasma que detestan: el Gobierno de la paz y la justicia social”.

Cepeda respondió. “Señor presidente le quiero contar que la ley de financiamiento, que así se llama, está en trámite, las comisiones económicas ya nombraron ponentes, se aprobaron las audiencias que enriquecerán el debate, y la autorización que tengo que dar es simplemente para sesionar en forma conjunta las comisiones económicas. Esa resolución ya la firmé, una vez se surtan las audiencias tendremos ponencia y se discutirán en esas comisiones. Esto lo sabe el Ministro del Interior”, escribió en su cuenta de X.

Ese choque no parece estar cerca de resolverse. Al contrario, ha contagiado el debate de otros proyectos que siguen estancados. La reforma a la salud, por ejemplo, avanzó esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara mucho menos de lo previsto por el Gobierno. Aunque el martes, primer día de discusión, se aprobaron 21 artículos, al día siguiente, cuando se esperaba terminar la votación, el presidente de la célula legislativa, el conservador Gerardo Yepes, decidió levantar la sesión antes de votado algún artículo. El congresista tolimense, que fue sancionado por su partido a 90 días sin voz ni voto por apoyar en el pasado la reforma laboral del Gobierno, no citó a la Comisión el resto de la semana. Con eso, el Gobierno perdió tiempo valioso para lograr que la Cámara apruebe la reforma en sus dos debates antes de acabar el año, que es su meta.

La suspensión en la Comisión tomó por sorpresa a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, e Interior, Juan Fernando Cristo. La representante gobiernista Martha Alfonso, criticó a Yepes: “Cuando estábamos a punto de votar un bloque de cinco artículos, el presidente levantó la sesión de manera intempestiva e impresentable y me parece a mí que fue un tanto infantil“, dijo a medios de comunicación. Y añadió: “La mesa directiva debe dar garantías para el debate, pero en ese momento lo que hizo fue cercenar la posibilidad de que avanzara una reforma tan importante para el país. No sabemos a qué le está haciendo juego”.

Otros de los proyectos que hace unos meses era prioridad para el Gobierno y carece de fecha para iniciar su trámite legislativo es el que determina las reglas para el funcionamiento de la nueva jurisdicción agraria. Aunque en octubre el Ministerio del Interior radicó un mensaje de urgencia para agilizar su discusión, sigue sin generar consensos entre los partidos y no está en la agenda de las comisiones primeras de Cámara y Senado. Uno de los motivos para la tardanza es que esas células priorizaron la nueva reforma a la justicia, que se aprobó esta semana en su primer debate. Ese pequeño trancón es un ejemplo de las inciertas prioridades del Gobierno.

En paralelo, siguen en trámite la reforma política, aprobada en el segundo de ocho debates, y la laboral, que aprobó la plenaria de la Cámara, pero aún no está agendada en la comisión Séptima de Senado, donde el Gobierno no tiene mayorías claras. Paradójicamente, los únicos dos proyectos grandes que han avanzado de forma significativa no eran prioridad para el presidente y fueron presentados por legisladores, no por el Ejecutivo: la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada por mayoría absoluta en el Senado y con el camino despejado en la Cámara; y la prohibición del matrimonio infantil, que logró el apoyo de todas las bancadas y solo espera la sanción presidencial para convertirse en ley.