El Clan del Golfo busca un rango político y niega tener un origen paramilitar

En una carta de cinco páginas dirigida al presidente Gustavo Petro, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC, antes Autodefensas Gaitanistas) ha solicitado la suspensión de las órdenes de captura de varios de sus comandantes. Para ello, apela a una supuesta motivación política de su existencia, con la que busca argumentar que debe tener un espacio de negociación bajo la sombrilla de la política de la paz total. En la carta, fechada el pasado 23 de abril y conocida este jueves, el grupo ilegal niega ser un heredero de los paramilitares y, por el contrario, dice tener un “antagonismo con el paramilitarismo o el neoparamilitarismo”. Hasta el momento no se conoce respuesta del Gobierno, que hace algunas semanas llamó a ese grupo al diálogo, sin haberles concedido hasta el momento una condición política.

En el documento, escrito con un lenguaje más jurídico que político, los cabecillas del Clan del Golfo señalan que el Gobierno ha sido insistente en reunirse con sus integrantes, para lo que aseguran que es necesario que estos tengan certeza de que no serán detenidos. Por lo cual piden que “estén suspendidas las respectivas órdenes de captura, así como aquellas órdenes de captura con fines de extradición que impidan la movilización y tranquilidad personal y jurídica”. En particular, contra quienes integran lo que llaman la máxima instancia política de su organización y que nombraron como Estado Mayor Conjunto. Entre ellos está Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, su líder principal y uno de los delincuentes más buscados del país.

La parte nuclear y la más extensa del documento es la argumentación que busca sustentar que el grupo cumple con los requisitos para que el Estado le conceda un rango político, requisito para tener una negociación que vaya más allá del sometimiento a la justicia. La banda explica su nacimiento como el producto de la falta de realizaciones reales de paz. Si bien acepta que algunos de sus primeros miembros provienen de la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, argumenta que tiene una identidad gaitanista desde 2007. “Aquel grupo de hombres y mujeres que emergen en un grupo armado y como un homenaje al más grande líder popular de la historia colombiana, Jorge Eliécer Gaitán, deciden autodenominarse como Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC (...), y entendieron que la lucha de Gaitán era efectivamente su propia lucha, es decir, la conquista del poder para el pueblo”, afirma el grupo ilegal.

Los cabecillas del también llamado Clan del Golfo alegan que para ser paramilitares se debe tener el apoyo del Estado, y que su grupo, por el contrario, ha sido permanentemente combatido por los militares. “Si un grupo armado ha sido atacado con las operaciones militares y de fuerza pública más feroces en la historia de la lucha contra los grupos armados ilegales, ha sido el EGC”, sostienen. Para cerrar su argumentación de que cumplen con los requisitos para acceder a una condición política, aducen a que tienen unos estatutos internos y un código de ética, además de formación en Derecho Internacional Humanitario para sus miembros y una estructura propia de un ejército. En suma, se muestran como una guerrilla.

Por último, se niegan a ser llamados narcotraficantes, pese a que una gran parte de sus rentas provienen de las economías ilícitas ligadas al tráfico de cocaína. “El número estimado que tenemos es de 4,4 billones de dólares americanos, eso para decir un valor equivalente a todas las cosas que exporta en Colombia en un solo mes. De estos 4,4 billones de dólares, 13,3 vienen del narcotráfico”, detalló en una investigación el tanque de pensamiento International Crisis Group. Elizabeth Dickinson, la cabeza de la oenegé en Colombia, asegura que el Clan del Golfo es el grupo armado ilegal más grande de Colombia, con 6.000 o 7.000 personas en sus filas.

El documento aparece un mes después de unas duras palabras del presidente Petro en Apartadó (Antioquia), una región insignia para el paramilitarismo y en la que el Clan tiene presencia. En un acto público, el presidente fue tajante al decir que ese grupo solo puede buscar un “acogimiento colectivo a la justicia”, el camino establecido en su política de paz total para quienes no tienen rango político. Además, condicionó cualquier avance a que renuncien a varios de sus negocios ilegales. “Atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad, y meterse en este desafío que es difícil, que es transformar este territorio en una región próspera”, expresó. Luego, se refirió al nombre autoimpuesto por el grupo. “Gaitán era un revolucionario y no un traqueto”, sentenció.

Para Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el comunicado va en consonancia con los numerosos intentos previos para aterrizar en la paz total. Sin embargo, recuerda que la carta aparece cuando el grupo mantiene cruentas disputas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN, con la que tiene la mesa con más visibilidad y avances de la paz total) en el sur de Bolívar. Esas confrontaciones han afectado gravemente a la población civil y obligaron a mover una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a la zona el próximo viernes. “Pareciera que se busca una mitigación en las acciones militares de la fuerza pública en su contra en ese departamento. Aun así, el presidente no ha contemplado el reconocimiento político para esta estructura”, concluye Daza.

La petición de la organización criminal también coincide con el reciente levantamiento de las órdenes de captura contra nueve miembros de la Segunda Marquetalia, uno de los dos grupos disidentes de las extintas FARC ―liderada por Iván Márquez―, con la que el Ejecutivo busca iniciar una nueva negociación.

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