Colombia aún cree en la paz pero cada año menos en la reconciliación

Los colombianos creen en los procesos de paz pero cada día menos en la reconciliación. Creen en sentarse a negociar con el enemigo pero no tanto cuando es con el ELN o el Clan del Golfo. Y también creen en los tribunales de justicia transicional pero menos cuando miran cada caso legal con lupa. Así lo muestran las cifras del Barómetro de las Américas, una encuesta de opinión pública hecha entre la Universidad de Los Andes y la Universidad de Vanderbilt, que se publicó esta semana con los resultados del 2023. Una encuesta anual con 1.500 encuestados en 26 departamentos que muestra, a grandes rasgos, que para los colombianos la teoría de la paz aún es atractiva. Pero aún es muy difícil ponerla en práctica.

Al preguntarle a los colombianos si les gustan las negociaciones de paz, históricamente, la mayoría apoya el diálogo con los grupos armados: en 2023, el 65% prefiere las negociaciones para salir de la guerra. Ese apoyo mayoritario se mantiene incluso desde el Gobierno de Álvaro Uribe, el expresidente que privilegiaba la salida militar a las negociaciones. Esto, inicialmente, sería una buena noticia para el presidente Gustavo Petro y su política de paz total, que está dialogando con varias guerrillas y bandas criminales por todo el país.

Pero los colombianos creen menos en el diálogo cuando les dicen con quién es. De acuerdo con la encuesta, solo el 38% de los ciudadanos está de acuerdo con negociar con grupos criminales como el Clan del Golfo. Eso, obviamente, varía por región y qué tan cerca están los encuestados a la guerra: entre los bogotanos, alejados de esa realidad, solo 28% apoyaría sentarse con bandas criminales. Ese porcentaje sube entre los encuestados de la Amazonía y Orinoquía, que conocen con más crudeza el conflicto: el 55% vería con buenos ojos negociar con estos grupos. Pero en general, a nivel nacional, las bandas criminales no tienen el visto bueno de la ciudadanía.

Por el lado de las guerrillas, la cosa tampoco es tan positiva. Solo el 6% cree en una solución negociada con la guerrilla del ELN durante este año. Esa guerrilla, vale repetirlo, lleva varios intentos fallidos de negociación con distintos gobiernos. Esos fracasos, y la actitud arrogante que ha tenido el ELN, pueden explicar el pesimismo, dice Miguel García, coautor del informe y director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. “Lo interesante es que la opinión pública convive en una disyuntiva: entre el apoyo a la negociación, pero al mismo tiempo es realista frente a posibilidad de efectividad”, dice García, quien lleva varios años mirando las variaciones en la opinión en temas de paz.

Pero si negociar es difícil, la reconciliación lo es también. En 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, más del 70% de los colombianos creía que la reconciliación se iba a lograr cuando los victimarios pidieran perdón, dijeran la verdad sobre sus crímenes, y las víctimas fueran indemnizadas. El optimismo era bastante alto. La Comisión de la Verdad, que culminó su gran informe de la guerra en 2022, y el tribunal Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha hecho varias audiencias públicas de perdón y verdad, han contribuido a esos propósitos. Pero a pesar de esos esfuerzos, el optimismo de reconciliación no aumentó. Al contrario, ha ido bajando en los últimos años.

Hoy solo el 50% de los colombianos cree que el perdón nos llevará a la reconciliación, casi un 23% menos que en 2016. Igualmente va bajando, año a año, el número de personas que creen que la verdad o la indemnización nos lleven a la reconciliación. “Aún hay esperanza, pero quizás las expectativas hace 6 o 7 años eran mucho más altas para los colombianos”, explica García. “Muchos ven que los macrocasos de la JEP van lentos, y pueden sentir que hay expectativas incumplidas. Esto ocurre en un contexto en el que tanto la derecha como antiguos firmantes de paz han estado presionado a la JEP, así que el tribunal no está en un contexto muy fácil ahorita”, añade.

La JEP, este tribunal especial que nació en 2016, ha pasado por distintas crisis políticas desde que nació. Durante el gobierno del expresidente uribista Iván Duque (2018-2022), quien quería ‘hacer trizas’ el acuerdo, tuvo que defenderse de los sectores militares y de derecha que no querían ver soldados juzgados a la par que exguerrilleros. Luego Petro saltó al poder y, paradójicamente, las críticas más sonadas últimamente son las de los antiguos miembros de las FARC.

“Nos preocupa es que vamos a morir debiéndole al país”, dijo uno de ellos recientemente. Critican al tribunal porque los procesos van lentos, y las amnistías también. Víctimas y victimarios se impacientan, y la JEP intenta mostrar que sí tiene resultados, que sí le apuesta a la reconciliación. Esta semana, por ejemplo, presentaron un proceso de restauración de bosques con el trabajo de exsoldados que cometieron crímenes de guerra.

“Estos procesos de justicia tienen su propio ritmo”, dijo entonces el presidente de la JEP, Roberto Vidal, al ser cuestionado sobre la impaciencia de los ciudadanos. “El país no se va a reconciliar de la noche a la mañana, eso toma tiempo, paciencia”, añadió el alcalde de Bogotá, que acompañaba a Vidal el día del lanzamiento del proyecto de restitución. La opinión pública, desgraciadamente, ha sido impaciente.

Una parte del informe del Barómetro de las Américas le pone el foco a las opiniones hacia la JEP. Aunque el tribunal ha hecho audiencias públicas, estrategias en redes sociales para ser más accesible, y eventos simbólicos por todo el país para hacerse conocer, la mayoría de los colombianos todavía no entiende bien cómo funciona: solo el 29% dice entenderlo. Eso no sería preocupante, si se tiene en cuenta que la mayoría de los colombianos tampoco entiende bien cómo funcionan las comisiones del Congreso o las distintas cortes del sistema judicial. Pero esa ignorancia es más preocupante si la JEP quiere liderar un proceso de reconciliación nacional.

“El reto de la JEP es que ellos están en el negocio de administrar una justicia distinta, restaurativa, y quizás si empiezan a mostrar resultados baja la prevención que hay en la opinión pública”, dice Juan Carlos Rodríguez Raga, profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes y quien analizó los datos del tribunal especial. “Pero además lo que dice la literatura académica es que la gente, entre más conoce a las cortes, más las respalda. Y eso nos muestran los resultados: cuando la gente entiende lo que hace la JEP, más la respalda”, añade.

La justicia restaurativa que promueve la JEP, como las negociaciones de paz, es bienvenida por un grupo grande de la población, casi uno 50%. Pero si a los encuestados se les pone enfrente un caso hipotético, que llama el exsoldado Carlos Soto, el panorama cambia. ¿Y si fuera Soto el que cometió un homicidio en medio de la guerra? ¿Y si Soto confesó matar a alguien y luego se le da una detención domiciliaria? ¿Y si no va a la cárcel si se compromete a retirar minas antipersonales? Un poco más de la mitad de los encuestados no está de acuerdo con que el exsoldado Soto tenga esa oportunidad.

El gobierno de Juan Manuel Santos decía que la paz era un sapo difícil de tragar. En realidad, no es tan difícil de tragar en la teoría: el diálogo, la justicia restaurativa, la reconciliación con verdad y perdón, todo suena muy bien entre la gente. Es el día en que hay que votar por el plebiscito negociado en La Habana, o el día en que hay que juzgar al soldado Soto, o el día en que hay que sentarse ante un exguerrillero a esperar una disculpa, que la paz es más difícil. Aún así, con sus frustraciones y su lentitud, la mayoría de los colombianos sigue respondiendo que es mejor intentarla.

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