El Vaticano ordena la expulsión del pederasta del Opus Dei que abusó de un menor en el colegio Gaztelueta

El Vaticano ha ordenado la expulsión del Opus Dei de José María Martínez Sanz, el profesor pederasta del conocido como caso Gaztelueta por el nombre del colegio del Opus Dei en Leioa (Bizkaia), según ha adelantado este lunes Religión Digital y ha podido confirmar este periódico. Condenado por sentencia firme del Supremo en septiembre de 2020 a dos años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales (la Audiencia Provincial de Bizkaia le había condenado a 11 años en noviembre de 2018), la justicia eclesiástica archivó el caso y la Obra siempre ha defendido la inocencia de Martínez. El Papa, sin embargo, intervino en agosto de 2022 y pidió que el caso se reabriera y lo investigara un obispo que no fuera de Opus.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico se pueden leer los argumentos por los que el Vaticano pide la expulsión del pederasta. “Los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado constituyen una causa grave que justifica la expulsión de la Prelatura, según el art. 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei, que el señor José María Martínez Sanz estaba obligado a observar en el pasado y aún sigue obligado a observar. Los hechos probados revisten una especial gravedad teniendo en cuenta la relación asimétrica que se establece entre docente y estudiante, entre el preceptor, que acompaña la vida académica y personal, y el alumno”.

El documento de 14 hojas del delegado canónico del Vaticano cita como hechos probados “preguntas indebidas sobre cuestiones sexuales”, “exhibición de imágenes eróticas en el ordenador de su despacho”, “tocamientos por parte del señor Martínez en diversas partes del cuerpo, incluidas sus partes íntimas” y, en una ocasión, “exigencia de posturas impropias”. No se prueba, añade el informe, “los hechos narrados con posterioridad, referidos a masturbación y penetración anal del bolígrafo”. Es la conclusión a la que también llegó el Supremo en 2020.

La investigación canónica se ha llevado a cabo escuchando a las partes, examinando las pruebas (informes psicológicos forenses) y encargando análisis de un perito experto. Se lee en el documento, además, que queda probada “la credibilidad subjetiva” de la víctima. “No se aprecian presiones de nadie, ni particularmente de sus padres”. “El decreto de Fiscalía del 2 de septiembre de 2013 afirma que las manifestaciones del menor son creíbles y carentes de contradicciones” y “no se observa en sus declaraciones la intención de hacer daño a su preceptor”. Y añade: “No se sostiene la hipótesis, mantenida repetidamente por la defensa, de que la acusaciones de abusos sexuales (…) fueron manifestadas por primera vez en un contexto de ideas delirantes y alucinaciones auditivas y visuales”.

La investigación canónica incide también en el “acoso” que sufrió la víctima en el colegio Gaztelueta y reconocido por cuatro alumnos: “Llama la atención que el hecho del acoso no siempre fue reconocido abiertamente por parte del colegio, aun cuando llegaron a tomar medidas correctoras. De hecho, en febrero de 2024, el entonces director responde con no poca ambigüedad cuando es preguntado por los episodios de acoso”.

El padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, califica el resultado de la investigación canónica de “infamia”. Así lo explica en conversación con este periódico: “Es revictimizante y la única conclusión a la que llegan es expulsar al profesor del Opus Dei. Si este fuera un ente transparente, tendría que haberle expulsado de oficio hace años. ¿Qué responsabilidad tiene el colegio¿ ¿Y el Opus, que dio cobertura al colegio?”. El Opus Dei, preguntado por este diario, asegura que “en estos momentos no está en disposición de hacer comentarios”.

La familia del menor, que lleva buscando justicia desde 2013 [su hijo les relató los hechos en 2011], denunció en su momento que la investigación eclesiástica, que en 2015 archivó la denuncia, fue “negligente, tramposa y totalmente incoherente con lo que predica la Iglesia”. Antes del verano de 2022, la escribió al Papa para pedirle que reabriera el caso y el Pontífice le respondió con una carta de puño y letra, fechada el 12 de agosto [la adelantó el eldiario.es], en la que fue muy contundente: “Ya se terminó el estudio de todo el material que había aquí. Por lo que aparece a primera vista es necesario abrir el proceso. Se hará una reunión para decidirlo. Luego nombraré el tribunal que llevará adelante el juicio. Te tendré informado”. Los abusos comenzaron en 2008, cuando la víctima inició la secundaria en el centro concertado. El condenado, además de ser su profesor de Religión y Lengua, era su tutor y con frecuencia le citaba en su despacho por esa razón, donde, durante dos años, abusó de él.

El profesor José María Martínez, miembro del Opus Dei, fue condenado en 2018 por la Audiencia de Bizkaia a 11 años de prisión por abusar sexualmente de este alumno en los cursos 2008-2009 y 2009-2010, cuando el menor tenía 12 y 13 años. Luego el Supremo rebajó la pena a dos años. Ya en 2018 el colegio se cerró en banda y el director, Imanol Goyarrola, se negó a aceptar la sentencia: “Se me dice que tengo que pedir perdón, pero no puedo”. “No comparto la sentencia”, dijo. “El relato del menor no es creíble”. Esta ha sido siempre la tesis del Opus Dei, sostenida en la decisión de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el órgano disciplinario vaticano, presidido por el jesuita español Luis Ladaria, que en 2015 cerró el caso.

El Opus Dei nunca ha pedido perdón por los abusos a la familia, ni siquiera tras la sentencia definitiva del Supremo. Cuatrecasas se lo exigió formalmente, con la sentencia en la mano y, dando la vuelta a las conclusiones del Vaticano, para reponer el buen nombre de su hijo. Pero el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, le respondió por carta que “tanto el colegio Gaztelueta, como un representante de la Santa Sede (el prefecto Ladaria), sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil”. Por esa razón siguió sin pedir perdón y se limitó a decir: “Una vez que la justicia civil se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”.

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