El Gobierno de Petro inicia diálogos con el Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia
La organización, con raíces en el paramilitarismo, ha representado un reto para la política de la paz total
El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado este lunes un avance importante en la paz total, su política bandera de negociar con todos los grupos armados del país a la vez. A través de una resolución ejecutiva publicada en el Diario Oficial, el Gobierno ha indicado que iniciará diálogos con el Clan del Golfo. Se trata del grupo armado más grande del país, que hasta ahora se había quedado fuera de las negociaciones para la paz; sus orígenes paramilitares siempre han producido tensiones en el alto Gobierno y dudas sobre el camino legal para una negociación.
Es la primera vez que se toma una decisión en firme para dialogar entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo, que se ha apoderado de varias regiones de Colombia en los últimos años. Justamente, la organización cambió en marzo su nombre a Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC) en un guiño a sus aspiraciones de presentarse como una organización con objetivos políticos. Los acercamientos entre el Estado y el Clan han sido lentos desde que la paz total se lanzó en agosto de 2022, cuando Petro asumió como presidente. El grupo armado ha insistido repetidamente en sus deseos de participar de diálogos, pero el Gobierno se había rehusado. El anuncio de este lunes llega menos de 48 horas antes de que Petro cumpla dos años como jefe de Estado.
Según el documento, seis cabecillas del Clan harán parte de “un espacio de conversación sociojurídico dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos del sometimiento a la justicia”. Se trata del máximo jefe, Jobanis de Jesús Avila, alias Chiquito Malo; Orozman Orlando Osten, alias Rodrigo Flechas; José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; José Miguel Demoya, alias Chirimoya; Luis Armando Pérez, alias Bruno o Jerónimo; y Elkin Casarrubia, alias El Cura o Joaquín.
Solo Bruno y Chirimoya no reinsertados de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que usó la violencia y el terror para controlar muchas regiones del país a fines del siglo pasado e inicios del actual. Las AUC entregaron las armas en 2006 tras firmar un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, muchos de ellos se rearmaron poco después y formaron nuevos grupos armados; entre ellos, el que nació como los Urabeños y luego se transformó en el Clan del Golfo.
Chiquito Malo hizo parte del Bloque Bananero de las AUC hasta su desmovilización en 2004. Una década después ya era conocido como uno de los principales miembros de los Urabeños. El Gobierno colombiano solicitó en 2018 su extradición a Estados Unidos. No ocurrió. Tres años después, tras la captura de alias Otoniel, ascendió a comandante del grupo. Rodrigo Flechas perteneció hasta 2005 con el Bloque Centauros de las AUC, que operó en los Llanos Orientales. Gonzalito fue comandante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, que hacía presencia en Antioquia, Córdoba y Sucre. Casarrubia, quien también es conocido como el Cura o Joaquín, pasó por los bloques Bananero, Centauros y Calima, que operó en el Cauca, el Valle del Cauca y algunos municipios de Huila y Quindío. Mientras negocien con el Gobierno, todos tendrán inmunidad jurídica.
Los representantes del Gobierno en las negociaciones serán María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y nieta del asesinado candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán; Armando Custodio Wouriyu, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Victor Negrete Barrera, un académico e historiador cordobés; y Águeda Plata, director territorial de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio.
En los últimos años, el Clan del Golfo se ha convertido en el grupo armado más grande de Colombia. Según una investigación del centro de pensamiento International Crisis Group, tiene entre 6.000 y 7.000 miembros en sus filas. Opera en al menos 17 de los 32 departamentos del país, especialmente en el norte, y se dedica a al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal o la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También controla el paso de migrantes por las peligrosas rutas que atraviesan la frontera que separa a Colombia y Panamá, la espesa selva del Darién. Los analistas coinciden en que tienen una posición dominante en el mundo criminal. Además, mantienen guerras abiertas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Estado Mayor Central, grupos que negocian con el Gobierno y han acordado ceses al fuego bilaterales, aunque los dos procesos han entrado en crisis.
La relación entre el Clan del Golfo y el Gobierno ha tenido altibajos este año. En febrero, Petro los llamó traquetos, y amenazó con destruirlos a través de bombardeos. Luego, en marzo, dijo en un discurso en Apartadó (Antioquia) que estaba dispuesto a negociar con ellos. “Si se atreven, abrimos las mesas de negociación”, dijo. “Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad, y meterse en este desafío que es difícil, que es transformar este territorio en una región próspera”, agregó. Semanas más tarde, el grupo armado publicó una larga carta dirigida al jefe de Estado, solicitando la suspensión de las órdenes de captura en contra de varios de sus cabecillas. Tres meses después, las dos partes por fin se han puesto de acuerdo en iniciar un proceso de diálogos.
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