Salvatore Mancuso: “Nos entregaban listados y entonces golpeábamos a las casas y matábamos a quienes señalaban de guerrilleros”

En diciembre de 2006, Salvatore Mancuso, uno de los protagonistas más cruentos del conflicto en Colombia, tuvo su primera versión pública ante la Justicia colombiana. Llegó desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hasta el edificio de la Justicia de Medellín. Llevaba una camisa a rayas cubierta por un chaleco negro, las manos esposadas y su infaltable reloj rojo. Habló durante un día, mencionó militares muertos y alguna información general que molestó a las víctimas. Finalmente, esa audiencia se aplazó porque Mancuso dijo que no se sentía bien emocionalmente y requería tiempo para documentarse sobre casos concretos.

Han pasado 17 años y mucho tiempo para recabar información puntual que desentrañe el rol de otros sectores en la guerra que ha dejado millones de víctimas. Pero esta vez Mancuso debe ir más allá. Desde un centro de detención en Georgia, Estados Unidos, se juega su última oportunidad para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si quiere recibir beneficios en esta justicia transicional y, como él dijo, recuperar sus “derechos civiles y políticos”. Mancuso no podrá repetir lo que ya se sabe.

Durante cuatro días ante la JEP “tendrá que superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones”, informa la jurisdicción. Y deberá aportar nueva información sobre su papel de bisagra entre el grupo paramilitar que él lideró y los altos mandos de la Fuerza Pública. “Demostrar que él se incorporó funcional y materialmente entre 1989 y 2004 a la Fuerza Pública”.

Este miércoles, un Mancuso más viejo, curtido en audiencias, vestido de camisa blanca y saco beige sobre sus hombros, ha comenzado a relatar las relaciones entre el paramilitarismo y el Ejército y la Policía. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue extraditado a Estados Unidos en 2009 por el expresidente Álvaro Uribe, ha mencionado hechos ya conocidos, como su relación con el mayor Walter Fratini, fallecido, o la supuesta petición de políticos como Francisco Santos de crear bloques paramilitares.

Sin embargo, en lo que transcurrió de la mañana, mencionó nuevos nombres de altos mandos de la fuerza pública, incluidos miembros de la Policía Nacional y de la Armada Nacional, que no solo ayudaron a expandir el paramilitarismo sino que participaron en ejecuciones extrajudiciales. “El coronel Raúl Suárez de la Policía nos dio información en la que se pedía que se asesinara a algunas personas, como unos líderes indígenas del cabildo mayor de los zenúes en San Andrés de Sotavento. Así se asesinó a Julio Clemente Polo y Manuel Atencio Suárez”, dijo.

“En las operaciones que hacíamos, si nosotros entregábamos al Ejército bajas de guerrilleros en combate y, si tenían mejor armamento, lo intercambiábamos por el armamento nuestro”, mencionó Mancuso como uno de los beneficios del relacionamiento con la fuerza pública.

Mancuso ratificó el rol de las Convivir, asociaciones civiles legales para la protección ciudadana que llegaron a estar armadas, en la expansión del paramilitarismo, algo que siempre se denunció y aún hoy muchos niegan. “Las Convivir fueron la manera en que se le dio legalidad a la ilegalidad. Yo quedé al mando de un grupo especial del cual hacían parte miembros del Ejército y Policía para matar a los civiles que señalaban de guerrilleros”. Sobre el asesoramiento de Pedro Juan Moreno en la creación de Convivir, Mancuso detalló que “el secretario de Gobierno del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, nos dijo cómo íbamos a conseguir armamento a través de esas Convivir”. Agregó que los paramilitares fueron entrenados directamente por miembros de la fuerza pública.

El aspirante a entrar a la JEP habló de 70 grupos especiales de operaciones integrados por fuerza pública y miembros de autodefensa y dijo que él fue “comandante de facto” de un grupo especial de la Brigada 11, luego de la muerte de Fratini. “Nos entregaban listados y entonces íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”. “Vean cómo me llamaban para que planificáramos operaciones, cómo comandé una operación directa contra la subversión y cómo, de manera irregular, dentro de esas operaciones acusábamos a los campesinos de ser guerrilleros por las marcas del morral en la espalda”, dijo Mancuso al hablar de la liberación de dos ciudadanos suecos.

Mancuso ha sido acusado de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas, entre otros muchos delitos. En varias de ellas participó el Ejército, aseguró este miércoles. “Por ejemplo, la masacre de Pichilín. Nos reunimos con el mayor Parra, que era comandante de la Sijín de Sincelejo”, dijo ante un público de víctimas de Córdoba.

Además de masacres, junto a militares participaron en secuestros y falsos positivos. Uno de los casos más llamativos fue el plagio de Leonor Palmera, la hermana de Ricardo Palmera, cabecilla de las extintas FARC y conocido por su alias Simón Trinidad. Mancuso aseguró que la Convivir bajo su mando contó con apoyo del Ejército, a través del general Iván Ramírez Quintero, y de la Policía, que los escoltó. “Más diciente que eso no hay”, dijo el exjefe paramilitar.

Los asesinatos conocidos como falsos positivos, que suponen la mayor vergüenza para el Ejército de Colombia, también tuvieron espacio en el primer día de audiencia. Mancuso dijo que su grupo armado recibía información de las Fuerzas Armadas, listados de personas que debían asesinar. Luego, las autoridades presentaban casos como muertes en combate. “José Miguel Narváez (exdirector del DAS, determinador del asesinato del periodista Jaime Garzón) nos dijo que hacía más daño un ideólogo que 100 guerrilleros enfusilados. Recibíamos esos informes como una verdad incontrovertible. Y eso convertía automáticamente a las personas en objetivo militar y en la pena de muerte”.

“Fueron muchísimas, su señoría”, respondió Mancuso cuando la magistrada de la JEP Heydi Baldosea le preguntó sobre falsos positivos. “El comandante Camilo, Armando Pérez, en el Catatumbo, en 1999, ejecutó a cuatro víctimas: Néstor Campo Sánchez, Alfonso Álvarez, Diomar Barros Vega y una persona sin identificar. Fueron entregadas al teniente Daladier Rivera Jácome y los legalizó como bajas en combate”. Mancuso también informó de la participación de empresarios en la expansión del paramilitarismo, la compra de armas y la creación de grupos armados. ”Las personas agobiadas por la guerrilla nos pidieron creación de grupos de autodefensas”, reiteró.

La magistrada María del Pilar Valencia pidió a Mancuso que diera detalles sobre el asesinato del líder Kimy Pernía Domicó y de otros crímenes de Estado. Mancuso mencionó el caso de Alonso Domicó Jarupia: “Ese fue un líder indígena que asesinamos con información del Ejército”

La JEP, creada en el marco de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC y el Estado, investiga los crímenes de los excombatientes de la guerrilla y de miembros de la Fuerza Pública. Pero también otorga beneficios jurídicos a los llamados terceros civiles, (financiadores, funcionarios públicos o empresarios) que participaron en el conflicto armado, se acojan a ella y aporten a la verdad y a la reparación.

Mancuso ha pedido insistentemente ingresar a la JEP y este miércoles comenzó su prueba de fuego. Este jueves deberá hablar puntualmente de operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública, que podrían salpicar a militares activos y retirados. Y la próxima semana tendrá que aportar información sobre alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública, así como la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes hacia los paramilitares. Luego, la JEP tendrá que contrastar la información que entregue Mancuso y determinar si este puede acogerse a la justicia transicional.

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