Las dos caras de la paz total

La paz total tiene doble faz. Una buena y plausible que es el anhelo de paz, un principio constitucional, un derecho y un deber, paz entendida como el respeto por los derechos humanos y no una mera superación de la contienda armada o como una tregua. Esta norma de la Constitución debe entenderse con el artículo subsiguiente, que establece “una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular por la fuerza pública, en todo el territorio se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”.

La otra faz de la paz total es mala y perversa. El balance es muy negativo. Los grupos ilegales se han fortalecido, tanto los que han participado en mesas de negociación como los que la han abandonado, y aumentan en proporciones altas los índices de criminalidad.

Con el ELN está en el peor momento. La semana pasada Antonio García escribió en X: “Mientras la contraparte solo busque nuestro aniquilamiento no será posible la paz”. Según las autoridades, el ELN cuenta con un ejército de 6.158 unidades, de las cuales 1.300 están en Venezuela. Gustavo Niño Furnieles, catedrático y analista en seguridad, sostiene que el ELN ha logrado expandir su presencia territorial, operando actualmente en 231 municipios de Colombia. Su influencia es especialmente significativa en 20 departamentos, siendo Arauca, Norte de Santander, Chocó y el Cauca los más destacados. Durante este periodo, el ELN ha mantenido un perfil bajo en enfrentamientos directos con el Estado, utilizando esta estrategia para consolidar su control en regiones estratégicas. Ha fortalecido su presencia en 8 de los 24 estados de Venezuela, abarcando más de 40 municipios. Los estados con mayor actividad del ELN incluyen Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, todos situados en la frontera con Colombia (El Nuevo Siglo).

Con Iván Mordisco, han aumentado los índices contra las comunidades más pobres del Cauca. Con la Segunda Marquetalia hay muy pocos avances. Con las bandas criminales, el Gobierno no tiene nada que ofrecerles. Solo con los llamados Comuneros, del departamento de Nariño, está caminando un proceso en firme, con un grupo de 200 personas.

Lo más grave es que el Gobierno se limite a pedir a los criminales que manifiesten su voluntad de paz para continuar el diálogo mientras crecen la extorsión y el ataque indiscriminado contra la población, soldados y policías. Hasta dónde aguanta la cuerda.

La pregunta es: ¿por qué tanta tolerancia y paciencia para mantener abierta la puerta del diálogo con esos grupos criminales que continúan delinquiendo? La respuesta a esta inquietud puede ser lo que dijo el delegado del Gobierno en las conversaciones con el ELN, José Félix Lafaurie: “Acepto el comunicado de la delegación de la cual hago parte, pero no sin preguntarme: ¿otra vez? Cuántas veces el Gobierno, la delegación y el país le han pedido al ELN manifestaciones de voluntad y de paz? (…) En consecuencia, esa manifestación inequívoca no puede ser un comunicado más o, simplemente, la reactivación de la mesa como si nada hubiere pasado (El Tiempo). Todavía hay tiempo para corregir el entuerto y mandarlos al carajo.