Petro inicia una mesa de diálogos con los Comuneros del Sur, la principal disidencia del ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado a conocer este lunes la autorización para instalar de una mesa de diálogos con los Comuneros del Sur, la principal disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el que, a su vez, mantiene un proceso de paz paralelo. La resolución en que fue anunciada la instalación de la mesa fue emitida el viernes pasado, pero solo ha trascendido después del fin de semana. El documento indica que el equipo negociador del Gobierno estará encabezado por Carlos Augusto Erazo, quien fue el comandante del actual presidente como miembro de la extinta guerrilla del M-19. Los demás miembros de la delegación serán Ángela María Robledo, antigua congresista y compañera de fórmula del mandatario en 2018; Andrei Gómez Suárez, experto en reconciliación; Clemencia Carabalí, primera consejera presidencial de Petro para la equidad de la Mujer; y Pablo Pardo, el director Fondo de Programas Especiales para La Paz de la Presidencia.

La resolución hace un breve recuento del camino para llegar a autorización para la mesa de diálogos. Recuerda que, en el pasado mes de marzo, tanto el Gobierno nacional como las autoridades del departamento de Nariño ―donde tienen presencia los Comuneros del Sur―, iniciaron el proceso para crear los primeros diálogos regionales de paz, como pedía la propia población civil. Dos meses después, en mayo, el grupo disidente pidió al Ejecutivo formalizar una mesa de diálogos, con el objetivo de convertirse en un movimiento social y político sin armas. El 20 de mayo, el Consejero Comisionado de Paz indicó que los Comuneros del Sur cumplían con los requisitos para ser considerados un grupo armado organizado (GAO), categoría en la que fueron incluidos el 15 de agosto. Con eso, ya se podían entablar los diálogos.

Un par de días antes de hacer la solicitud formal al Gobierno, Comuneros del Sur anunció su ruptura con la dirección nacional del ELN. Según informó ese grupo armado en un comunicado, entre el 29 de abril y el 5 de mayo, los miembros del que hasta ese momento era un bloque de la guerrilla se reunieron en Nariño y definieron separarse del grupo liderado por alias Antonio García, con el que el Ejecutivo ya mantenía una mesa de diálogos paralela como parte de su política de paz total.

El anuncio de la escisión golpeaba de lleno las negociaciones del el ELN, que había reclamado al Gobierno por dar impulso a un frente disidente. El jefe de la delegación de paz del ELN, alias Pablo Beltrán, explicaba en una entrevista con este diario en abril: “Llevamos ocho meses casi rogándoles que dejen de darle aliento a un grupo en el sur del país, en Nariño, y dejen de tratarlo como si fueran dos ELN: el que nosotros representamos y ese de allá, frente Comuneros del Sur […]. Le explicamos eso al Gobierno, pero no hicieron caso […]. Han promovido una desarticulación y nos han creado un problema”.

Según el documento, la mesa de diálogos “estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a población civil y el pacto de acuerdo de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz” del grupo armado insurgente.

Mientras ese proceso avanza, la mesa con el ELN está congelada y en crisis. De todas las conversaciones que mantiene el Gobierno, la de esa guerrilla parece ser la más complicada de momento. A pesar del acuerdo acerca del modelo de participación de la sociedad civil que alcanzaron en mayo, desde entonces el proceso se ha estancado. En julio pasado se sumó un nuevo desacuerdo, cuando el Ejecutivo exigió a la guerrilla que definiera su voluntad de paz. Además, la acusó de usar “mentiras y tener una actitud arrogante”. Sumado a eso, el cese al fuego bilateral que duró un año se venció a inicios de agosto y no se ha renovado.

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