El ultimátum del ELN al Gobierno se cumple sin una salida a la vista

Las tensiones en la mesa de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Petro siguen sin resolverse. Este viernes, 23 de agosto, se cumple el ultimátum que dio esa guerrilla, que para continuar negociando ha exigido que el Ejecutivo la retire de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). Se trata de una petición de vieja data, que los elenos han hecho en mesas anteriores y a la que nadie, hasta ahora, ha accedido, pues cambiaría la forma en la que el Estado los puede enfrentar. Aunque los jefes negociadores de las dos partes han sido enfáticos en decir que no se ha tomado una decisión de fondo frente al tema, EL PAÍS ha confirmado que en la guerrilla hay rumores de que el Gobierno cedería. Para saber si esto es así, o para conocer la respuesta del ELN si no, quedan solo las horas de este viernes.

Carlos Velandia, antiguo miembro y dirigente del ELN convertido en veedor de paz, ha dicho a este diario que la condición de la guerrilla para continuar en la mesa llevaría al fracaso de las negociaciones. “Cualquiera de las partes que pretenda torcerle el brazo al contrario, lo que está haciendo es forzar un resultado que no podrá sostenerse”. Iván Cepeda, senador y negociador de Gobierno, le dijo este jueves a este diario que esa posibilidad, de momento, está descartada. En una declaración a medios entregada una semana atrás, incluso advirtió que ese tipo de decisiones debería tomarlas el Congreso de la República y no un decreto presidencial.

Velandia explica que otro riesgo de sacarlos de la lista es un posible cambio en su estatus internacional. “Podrían ser reconocidos como una fuerza beligerante y eso, eventualmente, podría darles un estatus político en el extranjero como si se trataran de una fuerza política y militar, representativa de una parte de la sociedad colombiana, que le disputa legitimidad del territorio al Estado”. Incluso si no tiene repercusiones internacionales inmediatas, la decisión del Gobierno podría abrir la puerta para que el ELN busque ser reconocido como un grupo en estado de beligerancia, una categoría del Derecho Internacional Humanitario que aplica a los actores armados que se rebelan contra dictaduras o Estados que consideran ilegítimos, y que van ganando control territorial. “Otros países podrían reconocerlos como una fuerza política y venderles o cederles armas”, dice Velandia.

La petición no es un asunto menor o protocolario. Si el Gobierno cede, cambiaría radicalmente la forma en la que las Fuerzas Militares enfrentan a la última guerrilla en armas en Colombia, pues el Ejército solo puede adelantar acciones ofensivas contra los GAO. Grupos criminales de otro tipo, como las bandas urbanas, entran en la categoría de Grupos Delictivos Organizados, que no pueden ser objeto de acciones militares, sino policiales.

Por ejemplo, eliminaría de raíz la posibilidad que ha mencionado el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, quien el sábado anterior cuando se refirió al paro armado que sostenía el ELN en el departamento del Chocó, explicó en una declaración a medios que se estaban planeando bombardeos en puntos estratégicos de ese departamento. Incluso mencionó que esos preparativos se hacían con conocimiento del ministro de Defensa y del Presidente. Sin embargo, Petro desmintió, un día después, que hubiera planeas de bombardear algún territorio. “Inventarse que el comandante de las Fuerzas Militares va a bombardear al ELN cuando es posible la paz, es llevar a jóvenes a la muerte solo por destruir la política de paz de un Gobierno”, escribió en su muy activa cuenta de X.

A su pronunciamiento se sumó el de Vera Grabe e Iván Cepeda, miembros de la delegación que negocia con el ELN. La antigua compañera de Petro en la extinta guerrilla del M-19 y el senador de izquierda emitieron un comunicado público, en el que advierten que los bombardeos “no contribuyen a la protección de la población civil ni a la paz”. En ese mismo documento, reiteraron su interés de retomar el cese al fuego bilateral que se acabó el pasado 3 de agosto y que, ante el congelamiento de los diálogos desde mayo, no se renovó. Grabe, además, ha dejado claro que no negociarán bajo ninguna presión.

En una declaración a medios, Cepeda, el negociador y también hombre de confianza del presidente advirtió que no será el Gobierno quien se levante de la mesa, pese a los incumplimientos del ELN. Desde las oficinas de la Misión de Verificación de la ONU en Bogotá, fue enfático en decir, en varias ocasiones, que la guerrilla “tiene la responsabilidad de decirle al país cómo seguimos”. El senador y negociador ha dicho a este diario, vía telefónica, que no se emitirá ningún decreto que expulse al ELN de la lista de GAO. Y hace un llamado a la calma sobre el cumplimiento del plazo de la guerrilla.

Explica que el supuesto ultimátum no ha tenido mayor dimensión. Hasta ahora, ni el Ministerio de Defensa ni en el Ejecutivo, desde Casa de Nariño, han priorizado el tema. Por el contrario, lo que se espera desde la delegación del Gobierno es que este viernes el Comando Central del ELN emita un comunicado público refiriéndose al futuro de las negociaciones, con un anuncio de volver a la mesa o una declaración sobre su voluntad de paz. De ser así, llegaría cinco días después de que la guerrilla hubiera levantado el paro armado en el Chocó, que inicialmente declararon como “indefinido” y que argumentaron como una medida de respuesta a una supuesta alianza entre la fuerza pública y el Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), un grupo narcotraficante con el que Petro también dialogará como parte de su ambiciosa política de paz total.

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