Las gravísimas denuncias del presidente Petro

Hay que ponerle atención a las denuncias de Gustavo Petro: “O muere el presidente o lo tumban, la orden está dada”, dijo el mandatario. Una declaración tan grave en boca del jefe del Estado no puede pasar inadvertida como otra amenaza más. No, señor. Si la hace tiene que tener fundamento muy serio. Nadie, y menos el presidente, puede lanzar una bomba de ese tamaño y que no pase nada. Es propio de sus funciones dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, y conservar en todo el territorio el orden público. Por tanto, nadie dispone de más facultades para develar cualquier intento de golpe de Estado blando o de cualquier índole.

Por eso llama la atención que el comandante de las Fuerzas Armadas, el almirante Francisco Hernando Cubides, no tenga información de un riesgo de esa naturaleza y aparentemente suceda lo mismo con otras autoridades judiciales o de policía. Todos los colombianos de bien tenemos la obligación de condenar cualquier intento de subvertir el orden público mediante un golpe de Estado.

De la denuncia del presidente se deriva la acción de varios delitos: asesinato y/o conspiración. El golpe de Estado blando del que habla es un delito político, porque persigue un fin que contradice el orden político, social y económico justo. Priva a los miembros de la sociedad civil de la que habla la Corte, de sus derechos fundamentales como la tranquilidad, además de desvertebrar la seguridad. Contra la tranquilidad ciudadana no hay pretensión válida. Hay que llegar al fondo de la denuncia.

El presidente manifestó que un abogado le dio información a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y que esta lo alertó de un plan para asesinarlo antes de que acabe este año en un atentado con un camión cargado de dinamita. La versión le habría llegado a través del embajador de Estados Unidos en Bogotá.

“Ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre, y se los voy a decir: con el billete que ponen compraron dos volquetas (…) y la idea que tienen es llenarla (una de ellas) de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, denunció el presidente en un discurso público este sábado. “Uno de ellos le contó a un abogado gringo, que le contó a la DEA, toda la historia, y quién ponía además otra plática desde Dubái, dueño de las esmeraldas en Colombia.”

El presidente fue más allá. Se metió con la competencia del Consejo de Estado y con el Consejo Nacional Electoral, los acusó de tramposos y los calificó de fraguar un golpe de Estado en su contra. Y, si este se perfecciona ―el golpe de Estado―, anunció que se les responde popularmente con una revolución. En 1853, los colombianos se dividieron en gólgotas, draconianos y conservadores, y eso condujo al golpe de Estado del general José María Melo contra el presidente legítimo José María Obando. Para rescatar el orden constitucional se armó la guerra en la cual hubo cerca de 800 sacrificados, entre muertos y heridos.

El presidente Petro tiene la obligación de formular las denuncias correspondientes para que las autoridades establezcan las responsabilidades de quienes la merezcan para evitar una revolución como la que convocó en la Universidad Nacional el pasado sábado en la asamblea popular del Pacto Histórico. Si el jefe del Estado no denuncia ante la autoridad competente, peca por omisión.

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