Iris Marín marca distancia con Petro en su vigoroso arranque como defensora del Pueblo

Si persistía algún asomo de duda, el elocuente pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín, fue otra muestra de independencia. La flamante funcionaria, elegida por el Congreso el pasado agosto tras haber sido propuesta por el presidente Gustavo Petro, rechazó la semana pasada sin rodeos la llegada de Armando Benedetti como asesor presidencial. El excongresista ha protagonizado un rosario de escándalos, varios salpicados por episodios de maltrato. Nombrarlo en un alto cargo público, advirtió Marín en un video, alienta una cultura machista y “alimenta las creencias de nuestra sociedad según las cuales se sigue considerando que la violencia contra la mujer es un asunto privado, como si no fuera un asunto de máximo interés público, una de las peores crisis de derechos humanos que debemos enfrentar en Colombia”.

Marín (Bogotá, 47 años) es la primera en reconocer que si una mujer por fin encabeza la Defensoría del Pueblo, es en gran medida gracias a que Petro la incluyó en la terna femenina que presentó a la Cámara de Representantes. Pero eso no le ha impedido marcar su autonomía en los primeros meses de su periodo al frente de la entidad que vela por los derechos humanos y es clave, entre muchas otras cosas, por su sistema de alertas tempranas.

El mismo día de su posesión, criticó que el mandatario usara la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a algunas periodistas en la ceremonia en la que se juramentó. “No esperen de mí como defensora del Pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad”, escribió en lo que era toda una declaración de intenciones. Después, a mediados de noviembre, cuestionó que el Gobierno designara como gestores de paz a 18 antiguos comandantes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “No son, ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz en Colombia”, observó entonces.

“El tema de fondo es que hemos olvidado que la Constitución del 91 era sobre el Estado social de derecho: la lucha por la igualdad social y los derechos humanos”, dijo Marín en una entrevista con EL PAÍS sobre su naciente gestión. “Hemos pensado la paz solo desde el cese de las armas y hemos dejado de lado la agenda de las causas. Eso se ve, por ejemplo, con los acuerdos de paz de 2016: logramos el desarme, que era muy importante y difícil, pero la reforma rural integral y la igualdad en el acceso a la tierra siguen pendientes. Mi mensaje, entonces, es que la paz debe incluir agendas de igualdad: de género, racial, entre campo y ciudad, de ingreso. Si no dejamos de ser tan desiguales, no va a haber acuerdo de paz ni desmovilización que sea sostenible”, afirmó en esa conversación.

El arranque de su periodo ha sido vigoroso. “La defensora ha venido trabajando en un decálogo de acción donde sobresale la agenda de género, ambiental y territorial, lo cual resalto y considero apunta en la vía correcta”, destaca Carlos Negret, defensor del Pueblo entre 2016 y 2020, ternado en su día por Juan Manuel Santos. “La he podido ver en los territorios, pero también en los foros nacionales de primer nivel buscando ser un puente entre la institucionalidad y la sociedad civil, lo cual es una manera acertada de abordar el mandato de la Defensoría”, valora el exfuncionario.

Como defensora del Pueblo ha mostrado coherencia con las apuestas que planteó desde que era una candidata propuesta por organizaciones de mujeres y derechos humanos, recuerda Paula Gaviria, que ha sido consejera presidencial de derechos humanos y directora de la Unidad de Víctimas. “En su propuesta al Congreso y después en el plan que tiene para la Defensoría ha priorizado los derechos para la mujer y el tema de género”, destaca quien también fue directiva de la Defensoría hace dos décadas. “La independencia es la base de esta institución, es lo que le da legitimidad a la voz de la defensora”, subraya.

La independencia es una condición para el ejercicio del cargo, coincide Negret. “El origen político de la elección hace parte del diseño constitucional de nuestro sistema de frenos y contrapesos, pero el desempeño del mandato de la Defensoría obliga por naturaleza a su titular a actuar orientada únicamente por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”, explica. “Ella está andando por ese camino y ahora debe asegurar durante sus cuatro años mantener una línea de coherencia y congruencia frente al actual Gobierno, pero naturalmente también frente al que le sucederá. Asimismo en los territorios”.

El anterior defensor, Carlos Camargo Assis, elegido a mediados de 2020 en medio de reclamos de la oposición por su falta de experiencia en derechos humanos, fue parte de una oleada de funcionarios postulados por el entonces presidente Iván Duque que eran muy cercanos al Gobierno –y al propio mandatario–. Eso provocó una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia e imparcialidad de los órganos de control. Camargo renunció en mayo, tres meses antes de acabar su cuatrienio, para asumir un cargo en la universidad Sergio Arboleda, el alma mater de la que se graduaron tanto él como Duque.

De entrada, Marín marca un contraste por tener una larga trayectoria y un compromiso comprobado con los derechos humanos, apunta la jurista Catalina Botero. Ternarla fue un acierto del Gobierno Petro. Ella ha cumplido el papel de la Defensoría al ser una voz crítica e independiente, pero al mismo tiempo colaborar armónicamente en aquellos temas en los que es indispensable, dice la constitucionalista. Apunta que es preocupante tanto cuando los funcionarios llegan a hacer oposición a un Gobierno, como cuando llegan a entregarle una institución autónoma. “Hasta ahora, Iris Marín ha ejercido su función de una manera ejemplar en un Estado democrático de derecho”, valora Botero. “Esa independencia de criterio y de juicio, sumada a la capacidad de trabajo conjunto cuando eso es necesario para implementar políticas de derechos humanos, es algo muy valioso y virtuoso”.