Se privatizó el medio ambiente

Seis meses atrás, justo antes de que la entonces ministra de Medio Ambiente, María Susana Muhamad, recibiera en Cali a los asistentes de la COP 16, suspendió de un plumazo la perforación del Pozo exploratorio Komodo 1 en el Caribe colombiano, que buscaba confirmar la presencia de gas y petróleo a unos 130 kilómetros al norte de Barranquilla.

No le importó a la señora Muhamad que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tuviera lista la resolución que aprobaba esa perforación, luego de haberla estudiado con detenimiento; ni que estuviera en juego el futuro del abastecimiento de largo plazo, para 18 millones de hogares colombianos, de gas, un hidrocarburo relativamente limpio, fundamental para la transición energética. Tampoco que a lo largo de dos años se hubieran dado las autorizaciones por parte todas las instancias estatales, que consideraban en regla el proyecto exploratorio; ni que 10 años atrás la petrolera Anadarko hubiera corrido la sísmica más ambiciosa en la historia mundial para identificar que en el abanico del proto-Río Magdalena, al llegar al mar Caribe, por espacio de decenas de millones de años se hubieran depositado sedimentos que podían darle a Colombia acceso a una riqueza inmensa.

Ni siquiera que los ingresos que podrían derivar de esa explotación serían críticos para un país con escasos recursos y una población llena de necesidades; ni que fue necesario esperar un lustro a que la tecnología de punta desarrollara la capacidad de perforación a casi cuatro kilómetros de columna de agua, algo en lo que Anadarko y Ecopetrol serían pioneros; ni que se hubiera contratado a uno de los buques-taladro más potentes del planeta para esa tarea, y que era forzoso aprovechar en una ventana de tiempo específica para perforar, a riesgo de que ese buque tuviera que dejar el área y no regresar sino dentro de dos o tres años. Tampoco los 200 millones de dólares dedicados por parte de Ecopetrol y Anadarko a esa perforación, que se desperdiciaban si el buque no perforaba; ni que estuviera involucrado el futuro exploratorio y de reservas de la empresa más grande de Colombia, y el activo estratégico más valioso del Estado; ni que la Agencia Nacional de Hidrocarburos estuviera comprometida de lleno en la ejecución de ese proyecto.

Nada de eso le importo a la ministra Muhamad, que consideró que su criterio personal era más importante que el futuro de 52 millones de colombianos. Impuso su voluntad y el buque partió.

Luego, la ministra obligó a que en adelante no rija una licencia general para perforar pozos exploratorios en el área, sino que se deban pedir las nuevas “micro licencias” para cada pozo. La ministra llevó la “vetocracia” colombiana a una nueva dimensión. Es la forma de paralizar al país para hacer cumplir su voluntad. Ella y sus correligionarios pueden vetar lo que se les antoje, someterlo a micro-vetos consecutivos, engorrosos y costosos hasta la náusea.

Ahora, la señora Muhamad se arrogó el derecho de emitir una resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá que sacrificaría el futuro de los bogotanos y de los municipios vecinos, así como de todos los colombianos que visitan a la capital. Al hacerlo, la sacrificaría el futuro de los habitantes del altiplano, para pulir el verso de su fanatismo ambientalista.

La política pública es “pública”, salvo para la exministra. Ella privatizó la política pública a su muy personal saber y entender. Daniel Briceño listó los proyectos que se verían entorpecidos, si no frenados del todo, por la nueva resolución de Susana Muhamad: 1) Vía Suba–Cota, 2) Ampliación de la Autopista Norte; 3) Prolongación de la Avenida Boyacá; 4) Ampliación de la Carrera séptima; 5)Ferrocarril de la Sabana; 6) Avenida Longitudinal de Occidente (ALO); 7) Cable Aéreo a la Calera; 8) Regiotram del Occidente; 9) Regiotram del Norte; 10) Lagos de Torca; 11) Aeropuerto Guaymaral; 12) Chingaza II.

En adelante se hará sólo lo que la ahora exministra Muhamad y su grupo quieran, o dejen hacer. O más bien, no se hará nada, pues esa es la voluntad que deja instaurada. Es lo que quiere imponer.

En concreto, los bogotanos quedaríamos constreñidos a no poder ampliar o modificar las salidas viales de la ciudad, que explican en buena medida el tráfico infernal de la ciudad. Las congestiones de Bogotá son famosas mundialmente y son fruto de dos décadas de incompetencia del progresismo en el manejo de Bogotá. Han inmovilizado a la capital y han hecho un viacrucis moverse en la ciudad. Eso lleva a que los autos, motos, buses y camiones generen emisiones de CO2 mucho mayores que las que habría si las vías fueran adaptadas a las necesidades de movilidad de 10 millones de almas que habitan la ciudad y sus municipios aledaños.

La exministra logrará lo contrario de lo que busca. Induce que haya más contaminación, por la forma en que busca que haya menos. Eso es el resultado del voluntarismo que iguala la voluntad popular a su capricho personal. “El pueblo soy yo”, es lo que su autoritarismo nos viene a notificar.

Al llevar las resoluciones del ANLA y del Ministerio del Medio Ambiente a su extremo más absurdo, la exministra fuerza a que la oleada descentralizadora que va a transformar al país considere más sensato que los Departamentos y Distritos tengan la prerrogativa de decidir qué se puede hacer, y quitarle esa atribución al Gobierno Nacional. Si Atlántico y Bolívar consideran que para su futuro económico es clave que se haga exploración en el mar Caribe, ellos mismos lo deben aprobar; qué tienen que ver los bogotanos en esa decisión. Si Santander, Antioquia, Bolívar, el Cesar o La Guajira quieren que se haga fracking en sus territorios, lo deben autorizar los propios departamentos. Si los nariñenses quieren ampliar el puerto en Tumaco para convertir a su departamento en una potencia comercial con Asia, y competir con el puerto de Buenaventura, ni los caleños ni los bogotanos se deben atravesar. Si se quiere explotar el carbón de Norte de Santander, Boyacá o Cundinamarca, eso debe ser prerrogativa suya. Así sucesivamente.

La centralización del poder en personas como Susana Muhamad es nociva para la calidad de vida de los colombianos y para el futuro económico y medioambiental del país. Es esencial cuidar el medioambiente, pero no se debe privatizar a su criterio personal lo que podemos y queremos hacer en Colombia.

La señora Muhamad puede ser la persona más costosa de la historia económica de Colombia. Se pueden hacer las matemáticas a lo que ella y sus decisiones han costado a este país. Difícil que otro colombiano haya costado más. Es un costo en oportunidades perdidas, empleos destruidos, horas gastadas en el tráfico, ausencia de infraestructura, ingresos del Estado que nunca se llegaron, divisas que nunca ingresaron al país. Pareciera que no existen, porque ella los destruyó antes de nacer. Pero no por eso son menos costosos.

Al fundamentalismo ambientalista le hemos privatizado nuestra vida y andan embelesados con sus resoluciones, que lanzan como rayos flamígeros desde el firmamento. Nadie sabe tanto; nadie debe ser tan soberbio; nadie debe ostentar un poder tan omnímodo ni tan inobjetable. Es irónico que el grupo que se ha quejado de la privatización de lo público haya de facto privatizado el poder de decisión sobre lo público a un puñado de personas que lo manejen a su criterio personal.

Tan pronto como se pueda, el país debe moverse a descentralizar este poder nocivo, que en mala hora se puso en un solo funcionario nacional. En el entretanto, las altas Cortes y los jueces deben parar las consecuencias del voluntarismo de la exministra Muhamad. Ella presuntamente se moverá a imponer su autoritarismo en Planeación Nacional. Sería kafkiano que, de ahora en adelante, la ejecución de los proyectos de inversión de Colombia, sobre los que Planeación Nacional debe emitir opinión, estén sometidos a un criterio tan arbitrario. Ojalá sólo sea hasta el 7 de agosto de 2026.