La Defensoría del Pueblo confirma la liberación de los 29 integrantes de la Fuerza Pública retenidos en El Plateado

Este sábado han sido liberados los 29 miembros de la Fuerza Pública que fueron secuestrados desde el jueves 6 de marzo por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las extintas FARC. Así lo confirma la Defensoría del Pueblo con imágenes que lo confirman. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha dicho que el equipo de la defensoría regional del departamento del Cauca, junto a otros organismos internacionales, recibió a los uniformados. “Este evento se da en un contexto en el que, por primera vez en varios años, la Policía entró al territorio a hacer presencia institucional”, señala en un video.

El viernes se difundieron versiones sobre la liberación. Efectivamente, una delegación de organismos internacionales, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo negociaban con la comunidad la entrega de los uniformados, y estaban cerca de un acuerdo. Sin embargo, un asesinato en el casco urbano de El Plateado hizo que la mesa se levantara.

El secuestro ocurrió en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca). Los retenidos, 28 policías y un militar, habían llegado allí buscando repeler una asonada. De acuerdo con la versión oficial, se trataba de una movilización motivada por amenazas del grupo de disidentes de las extintas FARC, que instaron a la comunidad a no dejar entrar a los miembros del Ejército, quienes desde el mes de octubre intentan retomar el control de la zona mediante la llamada operación militar Perseo. Un habitante de ese municipio indica que los integrantes de la Fuerza Pública fueron llevados hacia el sector de La Hacienda, y los disidentes habían presionado con amenazas a la comunidad para que forzaran su retención.

Un habitante de la zona, que pide la reserva de la fuente para proteger su identidad, advierte de la difícil situación en El Plateado. Explica que la región que es trinchera de las disidencias de las FARC, “está peor que después de la retoma del Ejército”, que inició en octubre pasado. Según él, “acá no se había visto algo como lo que pasó ayer [la retención de los policías]. El avance del Estado hacia abajo no se ha visto. Llegaron aquí, se amontonaron, viven acorralados y no han entrado otras instituciones. De pronto en la parte de arriba [los municipios con control de la Segunda Marquetalia y el ELN] sí he escuchado de que han podido entrar algunos programas, pero lo que es esta zona no. Es que no admiten nada que tenga que ver con Estado”. De acuerdo con él, no se han visto instituciones del Estado más allá de los militares que lograron asentarse. “Viven asediados por los grupos armados. Se habla de proyectos, del hospital, de la galería, de la pavimentación de aquí a la vereda de Puerto Rico, pero solamente es eso. Estudios y nada más”.

Esa zona, que se ha convertido en el símbolo de combate del Estado con los grupos armados por considerarse un santuario de la economía cocalera en cabeza de grupos renuentes a dialogar con el Estado, en un viraje frente a la política de mano tendida que marcó los primeros dos años de la Administración de Gustavo Petro. Justamente, en octubre de 2024 el Gobierno prometió intervenir ese territorio de forma extensiva e intensiva, con una presencial institucional que fuera más allá de la militarización en los municipios. El 13 de ese mes viajó hasta el caserío una delegación del Alto Gobierno liderada por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por la entonces directora de Presidencia y hoy canciller, Laura Sarabia. Ellos, y otros ministros, presentaron a la comunidad sus propuestas de intervención que incluían una oferta de proyectos productivos para fomentar la economía legal, el fortalecimiento del sistema educativo y la realización de obras de infraestructura. De forma general, una oferta estatal amplia como la que presentó esta semana el presidente para otra zona cocalera y con graves problemas de seguridad, el Catatumbo.

La visita del Gobierno a El Plateado se dio un mes después del inicio de un despliegue militar llamado Operación Perseo, en el que más de 1.000 soldados entraron a la zona por primera vez en décadas y el Gobierno dio rienda suelta a bombardeos y ataques con artillería. Sin embargo, ese intento del Gobierno por retomar el control en El Plateado no ha dado el resultado esperado. El ministro Sánchez sostiene que los miembros del grupo Carlos Patiño “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública”.

Ese intento tiene más antecedentes. Las Fuerza Militares lanzaron en 2022 la Operación Trueno, que se limitaba a hacer presencia en el casco urbano de Argelia, el municipio al que pertenece El Plateado. Las limitaciones quedaron patentes en octubre de 2023, justo antes de las elecciones regionales. En ese entonces trascendió una reunión entre el entonces registrador nacional Alexánder Vega, el entonces comisionado presidencial de Paz Danilo Rueda y varios jefes disidentes. Dos días después, justo antes de las votaciones, el Ejército confirmó que había logrado llevar el material electoral hasta El Plateado, una entrada inédita que reveló el grado de control que ejercían los disidentes.

La decisión de bombardear tampoco es menor. El mismo Petro, en agosto de 2022 y cuando cumplía apenas dos semanas en la Presidencia, ordenó al exministro de Defensa, Iván Velásquez, suspender todos los bombardeos contra campamentos guerrilleros. Ante las preguntas de los periodistas sobre su estrategia de seguridad, respondió a los medios: “No van a morir más niños bombardeados en Colombia. A mí me preocupa más que maten a los menores reclutados”. Desde entonces, 22 de agosto de 2022, el Gobierno no reportaba ni un solo bombardeo.