Petro vuelve a un viejo modelo de erradicación para hacerle frente a los cultivos de coca en el Catatumbo

En la subregión colombiana del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, se ubica el enclave con más cultivos de hoja de coca del país y, probablemente, del mundo. Sobre esa zona, que completa casi seis semanas en guerra por las disputas entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las FARC, se centró el último Consejo de Ministros televisado del Gobierno, del lunes en la noche, en el que el presidente Gustavo Petro explicó la nueva estrategia para disminuir las siembras de uso ilícito: el pago por erradicación. El narcotráfico es la gasolina de los grupos armados, así que la ambiciosa propuesta del jefe de Estado es lograr allí la erradicación, voluntaria, de casi 50.000 hectáreas en un año. A la planta de coca, si funciona la estrategia, la remplazaría la del café o el cacao.

La encargada de exponer los detalles del nuevo programa en el Consejo de Ministros televisado fue Gloria Miranda, la directora de la oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Dijo que, a cambio de la erradicación voluntaria, el Gobierno ofrece pagos de 1.280.000 de pesos (313 dólares) mensuales, por un año, a la población que se sume al programa. Según ella, “ya hay 3.000 hectáreas comprometidas” para empezar con la erradicación. (Solo del 2023 al 2024, sin embargo, el número de cultivos ilícitos en esa zona creció 10.000 hectáreas, según explicó Miranda, de 43.000 a 53.000 hectáreas).

Aunque es la primera vez que Petro habla sobre pagos por erradicación, la propuesta que está sobre la mesa no es nueva en Colombia. Varios expertos señalan en que es la réplica del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) del expresidente Juan Manuel Santos. “Es un PNIS pequeño”, coincidieron María Clara Torres y Eduardo Díaz Uribe, ambos expertos en política antidrogas. Díaz, de hecho, fue el arquitecto de ese programa que se estructuró en medio del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC, del 2016, y que tenía la misma pretensión: que los campesinos abandonen los cultivos de coca y los reemplacen por productos agrícolas.

Lo llamativo es que el presidente Petro haya regresado a la apuesta política del 2016. En su Gobierno ha hablado antes de erradicación gradual, de crear una empresa nacional de coca para que el monopolio pase al Estado, y hasta de comprarle la hoja de coca a los campesinos para procesarla en galletas, abonos o harinas. Esos anuncios no se materializaron, entre otras cosas, porque en Colombia sigue vigente la Ley 30 de 1986, que prohíbe la tenencia de cualquier cultivo de coca en el país. Mientras no haya una reforma en el Congreso, el Gobierno no puede hacer negocios con un producto ilícito.

Para María Clara Torres, académica experta en el tema, “el Congreso es el santuario del prohibicionismo colombiano en el tema de drogas”. Y como en dos años y medio el Gobierno no logró avanzar en alguna reforma en el Legislativo que permitiera materializar las ideas de Petro sobre las drogas, “tuvieron que devolverse al Acuerdo de Paz de 2016: pagos por erradicación, formalización de tierras, proyectos productivos, créditos y asistencia técnica″.

Uno de los retos que ve en la propuesta es que la nueva estrategia llega en medio de la reactivación cocalera, cuando los precios de la pasta base en el mercado ilegal ya se recuperaron, después de dos años de caída, cuando era un momento más propenso a hacer este tipo de propuestas. También es enfática en decir que la propuesta llega demasiado tarde. “El Gobierno ya no tiene el tiempo para garantizar la asistencia técnica a los cultivos, por ejemplo café, porque los primeros rendimientos se dan en tres años, entonces el proceso de transformación y comercialización es difícil de garantizar”, afirma.

Otro problema que ve Eduardo Díaz Uribe, exdirector de Sustitución de Cultivos del Gobierno Santos, es que en septiembre Estados Unidos definirá si renueva —o no— su certificación a Colombia en la lucha contra las drogas. Con la administración de Donald Trump vigilando con su mano prohibicionista el tema, el Gobierno de Petro tendría que demostrar, de aquí a septiembre, que están logrando reducir de forma efectiva los cultivos de uso ilícito—que para 2023 aumentaron a 253.000 hectáreas en todo el país. Varios expertos coinciden en que, como pinta el panorama hoy, es muy probable que Colombia sea descertificada.

La única vez que Colombia fue descertificada por Estados Unidos fue bajo la administración de Ernesto Samper, entre 1995 y 1997. Torres explica que podría repercutir en que Estados Unidos retire los apoyos económicos que le da a Colombia para la lucha antidrogas, “pero el costo reputacional es alto también”, señala. Por eso, según ella, la decisión de retomar la erradicación tiene raíces políticas y diplomáticas de demostrar compromiso con la reducción de cultivos de uso ilícito.

Otros caminos fallidos

La idea de este Gobierno por enfrentar la guerra contra las drogas ha pasado por varios matices. En 2022, recién posesionado, Petro viajó a un encuentro cocalero en el Catatumbo, en el municipio de El Tarra, a exponer su idea de erradicación gradual, que consistía que los campesinos iban arrancando la mata de coca a medida que el Gobierno les iba cumpliendo con la sustitución por otro cultivo. La propuesta, que tuvo eco en el campesinado, nunca avanzó, porque en Colombia no hay un marco legal que respalde que el Gobierno invierta en áreas donde hay cultivos de hoja de coca. “No se puede erradicar de a poquitos, la erradicación debe ser inmediata”, dice Díaz. “Pero la sustitución por otros cultivos es la que puede ser gradual, porque eso es lo más complejo, y no hay otra fórmula con el marco normativo que hay”, enfatiza.

En 2023 Petro habló, desde el departamento del Cauca, de la posibilidad de crear una empresa nacional de coca, similar a una que existe en Perú, donde el Estado se encarga de la compra de la mata y el luego se transforma en productos como gaseosas, galletas, abonos, entre otros. En 2024, el presidente retomó el tema con una idea todavía más ávida: comprar la hoja de coca de los campesinos caucanos del Cañón del Micay, y competirle con los precios a los narcotraficantes. Según Torres, “ninguna de esas propuestas es viable con la normatividad vigente. Hoy, no hay ningún piso legal que permita al Estado comprar y vender coca”.

Eduardo Díaz afirma que “nadie siembra coca para hacer galletas o abonos, eso nos lo dijeron varios líderes campesinos. La coca no está para hacer galletas, menos teniendo 253.000 hectáreas de hoja”. También señala que “eso genera falsas expectativas en la gente, que se alistó para venderle al Gobierno, pero eso nunca pasó”. En noviembre pasado, después del anuncio de Petro de comprar la mata, los narcos del Cañón del Micay pasaron de ofrecer 1,6 millones de pesos (400 dólares) por kilo de pasta base de cocaína, a pagar 3,8 millones de pesos (856 dólares), según contó un campesino vía telefónica. El Gobierno no pudo competir con los precios.

A pesar de las similitudes de la propuesta de Petro con la idea de Santos en 2016, hay algunas diferencias que valoran los expertos, como el hecho de anclar la propuesta de sustituir con la titulación de tierras. “Eso más o menos quedó en el Acuerdo de Paz, pero lo que presenta el Gobierno es mucho más aterrizado”, explica Díaz, el exfuncionario de Santos. Otro de los beneficios de esta propuesta, que resalta la académica María Clara Torres, es que con la nueva apuesta parecen priorizarse los proyectos comunitarios sobre los individuales. Sin embargo, la tercera propuesta del Gobierno en dos años para enfrentar el narcotráfico, por ahora, sigue en el papel.