Los grupos armados duplican el precio de la pasta base de coca y entorpecen la idea del Gobierno de comprar la hoja

Un día después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que su Gobierno compraría la coca producida en 12.600 hectáreas de la zona de El Plateado, en el departamento del Cauca, los precios de la pasta base amanecieron duplicados. “Pasamos de que nos pagaran 1,6 millones de pesos (400 dólares) por kilo de pasta base, a que nos ofrecieran 3,8 millones de pesos (856 dólares)”, dice un líder cocalero de Argelia a este diario, refiriéndose a los grupos armados que fijan el precio de la también llamada cocaína cruda. “Ese anuncio fue como gasolina para que ellos [los actores armados] empezaran a pagar más para evitar la competencia”, señala por teléfono, desde uno de los enclaves cocaleros más complejos de Colombia. Los arrumes de pasta base, desde hace dos años guardados en bodegas por los bajos precios, han comenzado a salir en camiones.

La declaración de Petro sobre la compra de hoja de coca ya tiene un borrador de decreto listo que entregó el Ministerio de Justicia que busca regularizar el cultivo, la posesión y el uso de semillas y plantas de coca y amapola con fines legales. Hoy, solo los pueblos indígenas pueden cultivar y procesar la hoja, con la condición de distribuirla y venderla en sus territorios. El nuevo documento plantea que serán entidades públicas las encargadas de que la coca no sea la gasolina de grupos armados ilegales, sino el insumo de productos agroindustriales, maquillaje, insumos médicos o alimentos. Además, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo el 9 de noviembre que la idea tiene un respaldo económico —no aclaró de cuánto es el presupuesto— y que el Ministerio de Agricultura se encargará de las compras. Aunque no hay certeza del precio que ofrecerá el Estado por la hoja, en los territorios cocaleros la expectativa crece. Las dudas de los expertos, también.

De un lado, están las preguntas prácticas. Para Felipe Tascón, anterior director del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la propuesta tiene más riesgos que beneficios. “La idea que teníamos con el presidente, hasta mayo pasado, no era comprar la hoja de coca, era pagarle a los campesinos para que no cosecharan más hoja de coca y dejaran crecer las matas, de manera que sirviera también de reforestación. Una mata de hoja de coca que no se pode, se convierte en un árbol, y cuando crece es imposible rasparla para el cultivo ilícito. Eso es lo que acordamos con el presidente, pero nunca se planteó lo que hoy están defendiendo”, explica.

Tascón también advierte que el Gobierno requiere tener listo el procesamiento de la hoja, para evitar que se dañe. “Una mata no dura más de una semana en buenas condiciones. Si no se procesa casi después de que se recoge, se pudre. ¿Cuál es la infraestructura del Gobierno para que eso no pase?”, se pregunta. Con él coincide la investigadora María Clara Torres. “No está claro qué piensa hacer el Gobierno con la coca”, dice. Inquieta, también, la viabilidad económica de la propuesta porque el Estado no puede comprar toda la hoja de las más de 253.000 hectáreas cultivadas en el país. “¿Cuánta coca puede realmente absorber del mercado ilegal?”, se pregunta.

No es la primera vez que un cuestionamiento así está sobre la mesa. En Perú, uno de los países donde el Estado tiene el monopolio de la compra de hoja de coca, se lo planteó Ricardo Soberón, el exdirector de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida). “No hay mercado para adquirir todas las siembras. En Perú hay arrumes de hoja de coca pudriéndose en bodegas en este momento, porque hay más oferta que demanda, a pesar de que acá la planta tiene un mercado más amplio que en Colombia”, le dice a EL PAÍS vía telefónica. Asegura, además, que en dos ocasiones le ha hecho advertencias a este Gobierno sobre los riesgos del borrador de decreto que avanza. “Eso puede generar más expectativas que las que en realidad un Estado puede cumplir”.

El pasado 8 de noviembre el Ministerio de Ciencias lideró un conversatorio en Bogotá sobre tecnología e innovación en los usos de la hoja. Allí, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, delineó posibles usos: “La idea es que haya grandes empresas autorizadas para el procesamiento de esta mata en bienestar de saborizantes, biocombustibles y comestibles, que permitiría tener una opción lícita para nuestras comunidades”. El Gobierno ha señalado como modelo la Empresa Nacional de la Coca del Perú, que vende el producto a Coca Cola. María Clara Torres advierte que esa experiencia no ha sido del todo exitosa. “Es el único proveedor de la multinacional y eso representa apenas el 3 % de toda la coca que produce Perú. Eso no es nada, teniendo un comprador asegurado y soñado como ese”.

La hoja de coca actual no es apta para consumo

Una ingeniera agrónoma que trabaja en el Gobierno advierte que para convertir la hoja de coca destinada a usos ilegales a una para productos alimenticios o de salud, se debe cambiar la forma de cultivo porque, con las siembras que hay en el país, y llena de herbicidas y químicos. “Aunque la propuesta es interesante, el 90% de los cultivos están contaminados, porque así son eficientes para el mercado de la cocaína. Esas tierras tienen unas afectaciones y daños químicos que generan unas trazas agrotóxicas”, explica. Recuerda que el monocultivo de coca y los químicos que sirven para que tenga cuatro cosechas anuales, han producido tales daños ambientales que es necesaria una “transición hacia agriculturas orgánicas” antes de cualquier cambio en su uso. Advierte que eso tardaría mínimo un año. “Para hacer harina de coca, insumos alimenticios o medicamentos, el Gobierno solo podría comprar los cultivos orgánicos, sobre todo si tienen miras a la exportación”.

Pese a las dudas y a lo que aún no está definido, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam) ya ha empezado a organizar a algunos campesinos para recibir las ofertas de compra. Así lo explica Tascón: “la gente está preguntando cuándo va a empezar. Unos están alistando sus matas para poderlas ‘raspar’ cuando comience la compra y en otras zonas hay quienes buscan ampliar sus cultivos para entrar en el mercado legal”. Se parece a 2017, con la diferencia de que las intenciones de Petro siguen en el papel.