Ángela María Buitrago, ministra de Justicia: “Dicen que había una reforma a la justicia, pero no la conozco”

La agenda de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago (Bogotá, 60 años), parece la del presidente de la República. Desde su despacho, en el centro de Bogotá, atiende esta entrevista en el corto lapso de 11 minutos que le quedaron después de una reunión en el Congreso. Entra a uno de los salones del Ministerio con premura y minutos después se levanta de su silla para continuar sus compromisos del día. La penalista, conocida en la lucha por los derechos humanos y porque como fiscal fue la encargada de sacar adelante el caso por la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, llegó al Gabinete hace poco menos de un mes, cuando Gustavo Petro la designó en reemplazo de su colega en la Universidad Externado de Colombia, el también académico Néstor Iván Osuna.

Meses atrás, el mismo presidente la incluyó en su terna para fiscal general de la Nación, lugar para el que la Corte Suprema de Justicia prefirió a Luz Adriana Camargo. Ahora, por primera vez en la historia, dos mujeres ocupan de manera simultánea los cargos más importantes para la justicia. En diálogo con EL PAÍS, la ministra explica que su prioridad es lograr un marco jurídico para las mesas de diálogo que adelanta el Gobierno con grupos al margen de la ley que no tienen un carácter político, como el Clan del Golfo. Dice que el presidente no le encomendó ninguna tarea en específico, más allá de “cumplir con la Constitución y la ley”, y explica que la reforma a la justicia, la apuesta más importante de su antecesor, no es una prioridad ahora para la Casa de Nariño.

Pregunta. ¿El presidente Petro le encomendó alguna misión para liderar el Ministerio de Justicia?

Respuesta. No, la única misión es cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución y la ley.

P. ¿Y sacar adelante la reforma a la justicia? Esa era una de las apuestas del Gobierno…

R. No. Ese tema se trabaja de manera transversal, porque la reforma a la justicia implica tener en cuenta varios proyectos de ley. La reforma de la justicia es la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional, todo eso es justicia. Digamos que ustedes, cuando se refieren a la reforma a la justicia, siempre la miran de manera parcial. Dicen que había una reforma a la justicia, pues no la conozco. Había unos proyectos de algunos artículos que reformaban los principios de oportunidad y los preacuerdos [formas de negociación para reducir las condenas en materia penal]. Ese lanzamiento ya se hizo.

P. Pero ¿y los proyectos de la Comisión de Reforma a la Justicia? La que se consolidó con expertos en varias reuniones…

R. No había proyectos avalados por la comisión, salvo el del principio de oportunidad y los preacuerdos. De esa comisión salieron 446 propuestas de la sociedad civil, pero muchas de ellas ni siquiera habían sido debatidas. Otros eran propuestas de artículos, pero no había nada completo. Sin embargo, nosotros tenemos algunos proyectos que ya están completos y que se han adelantado con el Consejo Superior de la Judicatura, relacionados con la ley de justicia familiar y conciliación. Pero si se refieren solo a lo que era la comisión de reforma, pues…

P. ¿Qué proyectos planea a presentar el Ministerio ante el Congreso de la República?

R. El del principio de oportunidad y preacuerdo, pero tiene que pasar el trámite por la Comisión de Reforma a la Justicia. Ahora, el hecho de que algunos proyectos estén en la Comisión no quita la facultad autónoma de cada una de las instituciones de presentar sus iniciativas.

P. Además del que toca el principio de oportunidad, ¿hay algún otro proyecto priorizado?

R. Hay varios que tienen que ver con la reglamentación de justicia familiar, pero no son hechos cumplidos sino borradores de proyecto. Sí hay muchas iniciativas que ya están caminando pero que tienen que conciliarse, acordarse, definirse, porque no todo el mundo suele estar de acuerdo en todos los artículos.

P. Cambiando de tema, usted decía recientemente que todavía no se han levantado las órdenes de captura contra los delegados del Clan del Golfo en la mesa de negociaciones con el Gobierno.

R. Yo no puedo responder por la Fiscalía, porque ellos tendrán su decisión. Lo que dije es que no conozco que hayan levantado las órdenes de captura. Ahora, si la Fiscalía está haciendo algún procedimiento, eso no lo sé, porque técnicamente ese es un tema que manejan el Comisionado de Paz, el Ministerio del Interior y el presidente. Pero es importante decir que quien convocó la mesa y pidió llegar a ella fue el mismo Clan del Golfo.

P. Sin ley de sometimiento a la justicia, ¿hay bases jurídicas para dialogar con ellos?

R. Ese es un tema que se está estudiando. En este momento es un tema prioritario, sobre todo para la cartera de Justicia.

P. El Gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento al Congreso hace casi dos años y se hundió, y no ha vuelto a radicarlo. ¿Qué pasará?

R. El proyecto se hundió porque no se debatió, entonces la negativa del Legislativo no es de fondo. Independientemente de eso, lo que estamos haciendo es examinar, porque hay cosas particulares de los nuevos grupos que se sientan a las mesas que hay que examinar para saber dónde encuadran, cuál es el camino para que puedan tener un diálogo. En eso estamos, y obviamente en eso también está empeñado el presidente de la República, en el entendido de que el marco de paz obliga a que haya una desmovilización o un acuerdo que genere la posibilidad de que los grupos que están ejerciendo violencia entreguen sus armas y se desmovilicen.

P. Pero ese marco debe estar antes de instalar una mesa de negociación, ¿no?

R. Digamos que hay grupos con los que las negociaciones están reguladas, como pasó con las FARC y los paramilitares. Incluso, una reciente decisión de la Corte Constitucional es clarísima sobre eso, cuando resolvió el conflicto de competencias entre Justicia y Paz y la JEP [las justicias transicionales nacidas en los acuerdos de paz con las extintas Autodefensas y las FARC, respectivamente] para el caso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Lo que tenemos que son los grupos, que son amorfos. Me refiero a caracterizar dónde están, cuál es su composición. Hasta no saber eso, habrá vacíos desde el punto de vista de la denominación jurídica. Esos vacíos pueden ser complementados a través de nuevas disposiciones.

P. Usted mencionaba ahora el tema de Salvatore Mancuso, quien en varios momentos ha planteado una ley de “punto final” para los actores del conflicto, ¿eso es viable, se está estudiando?

R. La Ley de Justicia y Paz tiene una finalidad, un objetivo y un tiempo. Pero tenemos 10.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que no han tenido sentencia en Justicia y Paz, y 880 personas que fueron condenadas en 28 sentencias. Eso quiere decir que para quienes estuvieron en ese grupo, la ley de punto final está dada por el marco legal que tiene la Ley de Justicia y Paz. La jurisdicción tiene 20 años, que se cumplen el año entrante, para trabajar. Habría que mirar si hay una necesidad de prorrogarla, que se puede hacer, dentro de unas características particulares.

P. Otro de los asuntos urgentes, sobre el que la Comisión lideró varias reuniones, es la reforma del sistema penitenciario. ¿Eso se va a materializar?

R. Allí hay tres problemas: el hacinamiento, la salud y la alimentación. Eso además de la resocialización. Para mí, la prioridad es todo, pero lo fundamental es rescatar al ser humano. Desde ese punto de vista, la infraestructura es importante. Sí, hay que ampliarla, pero la esencia es rescatar al ser humano, eso es lo que me interesa. Para eso no necesariamente se necesita una reforma legal, sino aplicar muchas de las normas que ya hay, y contar con la solidaridad y con opciones como la ley de utilidad pública [que permite a las mujeres cabeza de familia terminar de cumplir una pena de prisión fuera de la cárcel, con trabajos de impacto social] o la de pospenados [que crea beneficios para quienes den trabajo a personas que cumplieron su pena, para incentivar su resocialización].

P. Hace unas semanas se conocieron las denuncias que hizo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, de haber sido chuzado. Se trata de un fantasma que viene de otros Gobiernos, ¿qué tanto afectó ese hecho en el relacionamiento de su cartera con las cortes?

R. Yo creo que no afectó. Nosotros tenemos una relación permanente con la Corte Constitucional y las demás altas cortes. Los magistrados estuvieron en una reunión en la que me presentaron a mí como jefe de cartera y el doctor Ibáñez fue muy cordial, con todo lo que se tiene que decir, pero muy cordial.

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