Colombia presenta en la ONU un “plan de choque” para acelerar la implementación del acuerdo de paz

El Gobierno de Colombia ha presentado este martes un “plan de choque” para acelerar la implementación del acuerdo de paz, firmado hace casi ocho años entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Los ministros Juan Fernando Cristo (Interior) y Luis Gilberto Murillo (Exteriores) remitieron a los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un documento en el que el Estado se compromete a “agilizar la implementación [del acuerdo] en unos frentes específicos que impactan de manera directa la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo en los territorios”. Entre los pilares de este plan están el alcanzar un acuerdo nacional —una consigna intermitente del presidente y permanente del ministro Cristo—, ejecutar la reforma rural acordada con las FARC y garantizar la seguridad en un país que enfrenta por lo menos ocho conflictos armados en simultáneo.

El Ejecutivo presenta este programa pocos días después de que la Misión de Verificación del secretario general de la ONU en Colombia diera a conocer su informe trimestral sobre los avances y las falencias en la implementación de lo pactado. El representante especial en el país, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, ha expuesto este martes ante el Consejo de Seguridad sus conclusiones y peticiones al Gobierno colombiano. El informe reconoce los “avances históricos” que ha hecho el Ejecutivo de Gustavo Petro en favor de la paz, pero señala que aún queda mucho por hacer. “Los resultados hasta la fecha, como reconoce el propio Gobierno, son modestos con respecto a los objetivos establecidos en el acuerdo”, ha asegurado Ruiz Massieu, que acoge “con satisfacción” la presentación del nuevo plan.

Divido en seis áreas de trabajo, que estarán bajo la coordinación del Ministerio del Interior —y en colaboración con el sector privado, las agencias de cooperación, la rama judicial y el Congreso de la República—, el plan del Gobierno quiere agilizar el cumplimiento del acuerdo, “que se ralentizó”, sostiene, durante la presidencia del derechista Iván Duque (2018-2022). Uno de los ejes principales es llevar a cabo una reforma rural integral, a través de una “gestión exprés” para la entrega de tierras. “La meta de [adjudicar] tres millones de hectáreas es un reto muy grande en el que vale la pena continuar haciendo todos los esfuerzos posibles”, señala el documento, presentado justo cuando una ley para crear una jurisdicción agraria y facilitar esos procesos levanta críticas de la oposición en el Congreso colombiano.

Otro punto relevante en el plan es la transformación territorial mediante pactos que cuenten con la intervención de los tres niveles del Gobierno (nacional, departamental y municipal), así como del sector privado y la cooperación internacional, “para la concreción y ejecución de un número delimitado de proyectos” entre los que destaca la sustitución de cultivos ilícitos. Se trata, en esencia, de un renovado esfuerzo por revivir una de las mayores apuestas del acuerdo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), programas de inversión enfocados en los 160 municipios más afectados por el conflicto, que construyó el Gobierno de Juan Manuel Santos a partir de las demandas de las comunidades y cuya ejecución no ha tenido frutos.

Entre los demás pilares del plan están el avanzar con la agenda legislativa, pese a que el Gobierno no tiene mayorías en el Congreso —“la paz requiere reformas normativas”, apunta el documento—, el refuerzo de la seguridad y la creación de una comisión que haga seguimiento a la implementación del acuerdo.

“Los embajadores han recibido con beneplácito este plan de seis puntos (...) que tiene como foco la transformación del territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida de siete millones de personas, que es muy importante para Colombia”, ha dicho Cristo en un video compartido en las redes sociales antes de la reunión del Consejo de Seguridad. El último punto, y el que más titulares ha acaparado, es el de alcanzar un acuerdo nacional, que incluye el respeto a las reglas electorales, sacar la violencia de la política y el compromiso de la deliberación de las reformas en el Congreso, elementos propios del funcionamiento más básico de un sistema democrático.

Preocupación por la seguridad

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Ruiz Massieu ha resaltado que las metas del Gobierno se enfrentan a varias dificultades. Una de ellas es la amenaza de los grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia u otras disidencias de las FARC y actores de origen paramilitar como el Clan del Golfo. “La compleja situación de seguridad en varias zonas del país sigue constituyendo uno de los mayores obstáculos para la consolidación de la paz”, ha señalado. Además, ha condenado los atentados contra los firmantes del acuerdo y los líderes sociales, que son “blancos de violencia” de estas organizaciones.

Otra alerta del diplomático, más en modo de incentivo, ha estado dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada con el acuerdo: “El país permanece ante la expectativa de las primeras sanciones de los responsables de crímenes graves. El éxito de la JEP radicará en lograr un delicado equilibrio entre los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de las personas bajo su jurisdicción y la celeridad con la que podrá despachar la justicia”. Tras siete años de funcionamiento, el tribunal aún no emite su primera sentencia.

Varios miembros del Consejo de Seguridad coinciden con las recomendaciones de Ruiz Massieu. De los miembros permanentes, tanto Francia como Reino Unido han instado al Gobierno a atajar la violencia contra los líderes sociales y ambientales, mientras que Estados Unidos ha recalcado que la “aplicación plena del acuerdo de paz es clave” para que Colombia pueda responderle a las víctimas del conflicto con las FARC, que finalizó en 2016 después de más de cinco décadas.

A su turno, el canciller Murillo ha respondido que el Gobierno reconoce que existen varios desafíos para el avance del acuerdo de paz, como los mencionados por sus pares: la violencia, la deficiente estructura institucional y la falta de recursos. “Tenemos un firme compromiso de cumplir lo pactado en los territorios”, ha asegurado, aludiendo específicamente a algunas de las zonas más afectadas por la guerra: los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Bolívar, La Guajira y Putumayo.

“Colombia trabaja y propone de manera decidida la paz y no la guerra”, ha subrayado. El ministro de Exteriores también ha destacado la firma del primer punto del acuerdo con el ELN el pasado mayo —del que se declara optimista que continúe una vez se “supere la crisis” del proceso— y las conversaciones con varias guerrillas para alcanzar un cese al fuego durante la Administración de Petro, aunque varias de estas treguas ya hayan vencido.

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